El buque remendado

En pleno mes de agosto, cuando a la segunda legislatura de gobierno del PP le quedan tan s¨®lo unos meses, present¨® el Gobierno un proyecto de ley acerca del Museo del Prado. Sobre ¨¦l dijo Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar poco despu¨¦s de llegar al poder que era "el buque insignia" de la cultura espa?ola. Nadie negar¨¢ el acierto de tal afirmaci¨®n, pero no se vio acompa?ada por la claridad a la hora de que marcara el rumbo el timonel. Para comprender el contenido de la disposici¨®n que ahora llega a manos de las Cortes es preciso partir de los problemas existentes y de los remedios imaginados, al menos en estos ¨²ltimos ocho a?os, para nuestro primer museo.

Las instituciones culturales necesitan estabilidad, gesti¨®n profesional, agilidad y autonom¨ªa; a menudo en Espa?a carecen de ellas. El Museo del Prado ha tenido ocho directores en 25 a?os. Ha sido frecuente en su ¨²ltima evoluci¨®n una confusi¨®n de campos entre quienes conocen acerca de sus fondos, los gestores y quienes por su relevancia social o cultural pueden ayudarle desde un patronato. Su disponibilidad de fondos es tan modesta que en un determinado momento ha debido ser una entidad privada (su Fundaci¨®n de Amigos) la que financie su bolet¨ªn o incluso las banquetas en que se sientan sus celadores. En la prensa, por desgracia, y no siempre con justificaci¨®n, hemos visto protagonizar alternativamente ¨¢cidas pol¨¦micas y supuestos (o, por desgracia, reales) esc¨¢ndalos. Los partidos pol¨ªticos suelen pedir consenso con respecto a ¨¦l cuando est¨¢n en el poder para no practicarlo cuando militan en la oposici¨®n.

En toda la primera etapa de gobierno del PP, por desgracia, la pol¨ªtica seguida respecto del Museo del Prado result¨® errada, como acabar¨ªa descubri¨¦ndose con el transcurso del tiempo. Lo l¨®gico, como en tantas otras materias, es que se hubiera partido de una especie de libro blanco, incluso elaborado a partir de comparecencias de especialistas ante alguna comisi¨®n parlamentaria, a partir del cual, conociendo los problemas, disponer de una base firme. As¨ª, adem¨¢s, se habr¨ªa construido un acuerdo que se extender¨ªa tambi¨¦n a la ampliaci¨®n del edificio, hoy ya objeto de menos pol¨¦micas o incluso a la pol¨ªtica muse¨ªstica general, bien necesitada de una amplia reflexi¨®n. Pero no se hizo as¨ª porque en determinadas materias los gobernantes creen que poco tienen que aprender y que pueden opinar sin encomendarse a otra cosa que el buen deseo.

El resultado fue que se imagin¨® una forma de regir el museo que qued¨® plasmada en un decreto muy poco posterior a la formaci¨®n del Gobierno de 1996. En ¨¦l se establec¨ªa la existencia de una comisi¨®n permanente del patronato que ser¨ªa la verdadera responsable del museo, mientras que al director le corresponder¨ªa la direcci¨®n cient¨ªfica. Esta f¨®rmula nac¨ªa del bienintencionado deseo de implicar a la sociedad en la instituci¨®n, pero no ten¨ªa en cuenta la posible disfuncionalidad de atribuir a personas, muy ocupadas, brillantes pero no especializadas, unas tareas que no eran las suyas. El modelo pod¨ªa ser el de los museos del ¨¢rea cultural anglosajona, pero en ellos los patronos son generosos donantes materiales y no intervienen en otras materias. Pronto se descubri¨® que el procedimiento no funcionaba.

Hab¨ªa otra cuesti¨®n pendiente que tambi¨¦n el PP trat¨® de resolver con buenos deseos pero con dudoso acierto: la financiaci¨®n de la primera instituci¨®n cultural espa?ola. En el verano del a?o 2000, tras la consecuci¨®n de una nueva victoria electoral, el PP nombr¨® como presidente del patronato del museo a un muy respetable ex ministro, de los muy escasos que han tenido experiencia de gobierno democr¨¢tica en situaciones pol¨ªticas distintas. Pero su intento de dotar al museo de una nueva estructura, redactado tras la asesor¨ªa de una empresa que result¨® simplemente hilarante, logr¨® algo tan dif¨ªcil como siempre es la unanimidad en contra. Desde el Ministerio de Hacienda hasta los historiadores del arte, pasando por los sindicatos, absolutamente todo el mundo se manifest¨® no s¨®lo contrario, sino indignado. En consecuencia, el proyecto, del que se dijo que pod¨ªa producir una cierta privatizaci¨®n del Prado, acab¨® sepultado en el olvido. Finalmente, el conflicto que desde un principio parec¨ªa inevitable por la superposici¨®n de autoridades acab¨® por hacerse p¨²blico. La confrontaci¨®n entre el director y el presidente del patronato acab¨® en el en¨¦simo esc¨¢ndalo y la defenestraci¨®n poco airosa del primero. Ha sido toda una fortuna que el nuevo director haya protagonizado una gesti¨®n brillante y eficaz a la que nadie ha puesto reparo.

Ahora, cuando tenemos ya unas nuevas elecciones generales a la vista, el Gobierno ha presentado un nuevo proyecto de ley. Pretende justificarse por la necesidad de que el Museo del Prado alcance un n¨²mero de visitantes muy superior al actual y tenga un porcentaje de ingresos propios elevado. Lo primero poco tiene que ver con la estructura administrativa (en otro tiempo, con otra, el n¨²mero de visitantes fue mayor). Resulta evidente que una flexibilidad en la gesti¨®n es imprescindible, pero pensar que por ese procedimiento es seguro que se tenga resuelto la mitad del gasto p¨²blico que hoy supone el museo resulta tan desmesuradamente optimista que no se sabe si atribuirlo a sobrecarga ideol¨®gica.

Debi¨¦ramos hacer todo lo posible para que no se produjeran nuevas equivocaciones: las fuerzas pol¨ªticas tienen la palabra y ojal¨¢ sean capaces de llegar a un acuerdo que resulte lo m¨¢s amplio posible. Pero el proyecto de ley, en su actual redacci¨®n, ofrece muchas dudas. Lo que el Prado necesita, en mi opini¨®n, es m¨¢s dinero, flexibilidad y buena gesti¨®n; tiene hoy lo ¨²ltimo, pero el proyecto de ley no garantiza la mejora en otros terrenos.

Por ejemplo, de acuerdo con el proyecto, en adelante tendr¨¢ un presidente, el ministro de Cultura, que lo "tutele

" y apruebe sus planes; un patronato, designado entre personas de "reconocida competencia", con otro presidente que "ostente" la representaci¨®n de la instituci¨®n; una comisi¨®n permanente que "impulse y supervise", y un director que "dirija y coordine". Demasiadas autoridades y demasiado imprecisas funciones parece, en principio. El personal, a?ade el texto, "tendr¨¢ la consideraci¨®n de personal laboral", pero no se dice c¨®mo adquirir¨¢ tal condici¨®n que, adem¨¢s, puede impedir trayectorias profesionales dedicadas en exclusiva al museo. Se deja previsto que pueda "realizar actividades mercantiles para el mejor cumplimiento de sus fines, incluida, en su caso, la creaci¨®n o participaci¨®n en sociedades o fundaciones". Eso le abre un amplio abanico de perspectivas -hoy el billete de entrada va a parar a Hacienda y no directamente a la propia instituci¨®n-, pero tambi¨¦n encierra peligros que cualquiera puede imaginar sin necesidad de ser malintencionado. En definitiva, en el proyecto de ley todo queda remitido a un posterior estatuto que fije todos estos t¨¦rminos de una manera precisa, como todav¨ªa no se ha hecho. Pero recu¨¦rdese la sentencia de Romanones: "Redacten otros la ley y haga yo el reglamento".

Por desgracia han sido ya muchas las ocasiones en que el llamado "buque insignia" de la cultura espa?ola ha sido objeto de remiendos y zurcidos sin que se llegue a darle una organizaci¨®n adecuada y perdurable. Se puede pensar que no es discreto, en un momento en que es previsible que se enciendan, al ritmo del calendario, las pasiones pol¨ªticas, suscitar un debate p¨²blico sobre esta cuesti¨®n. Pero la experiencia ense?a que en ¨¦sta y en muchas otras materias resulta mucho mejor un cruce sereno de opiniones previo que un choque partidista o un esc¨¢ndalo de prensa posteriores. Ser¨ªa, pues, una buena ocasi¨®n para un amplio debate p¨²blico.