Estado de derecho, crecimiento y equidad

La reforma judicial orientada a consolidar el Estado de derecho es parte central de la agenda de desarrollo de los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, pues se la considera condici¨®n indispensable para el crecimiento y la equidad. Esta noci¨®n, que nos puede parecer obvia, era una novedad hace apenas 10 a?os y hoy es una premisa ampliamente aceptada en medios acad¨¦micos y pol¨ªticos, y una convicci¨®n arraigada en la gran mayor¨ªa de los pa¨ªses latinoamericanos, que en la ¨²ltima d¨¦cada han emprendido importantes reformas en sus sistemas judiciales.

La b¨²squeda del Estado de derecho aparece cada vez m¨¢s como un requisito esencial, no s¨®lo porque aporta condiciones de seguridad jur¨ªdica para bienes, personas y transacciones, sino porque tambi¨¦n establece bases para lograr la equidad, ya que la falta de acceso a la justicia, que normalmente afecta m¨¢s a los sectores populares, es uno de los factores m¨¢s odiosos de exclusi¨®n social.

Hay que reconocer las complejidades y limitaciones de una tarea que es de largo aliento, ya que la construcci¨®n del Estado de derecho es parte del proceso m¨¢s amplio de consolidaci¨®n del sistema democr¨¢tico. Como la experiencia ense?a, no todo Estado de derecho es Estado de derecho democr¨¢tico, cuya construcci¨®n es el mayor desaf¨ªo del desarrollo de los pa¨ªses de la regi¨®n. En efecto, no habr¨¢ confianza y seguridad jur¨ªdica sin confianza y estabilidad pol¨ªtica democr¨¢tica de largo plazo que elimine el riesgo de cambios abruptos en las reglas del juego. ?ste es el razonamiento ¨ªntimo que ha llevado el tema de la gobernabilidad democr¨¢tica a la agenda de los bancos de desarrollo y de los gobiernos de la regi¨®n.

El Banco Interamericano de Desarrollo, que me honro en presidir, comenz¨® a incursionar en este campo cuando muchos pensaban que era preocupaci¨®n reservada a jueces y abogados. En una d¨¦cada hemos volcado a la regi¨®n unos 550 millones de d¨®lares destinados a programas para consolidar el Estado de derecho, y el tema es hoy parte de una agenda p¨²blica m¨¢s vasta y cuenta con la activa participaci¨®n de distintas organizaciones de la sociedad civil y acad¨¦micos de diversas disciplinas. Es, entonces, un tema apropiado por el conjunto de las sociedades de la regi¨®n, como lo pude comprobar en la tercera conferencia sobre Justicia y Desarrollo que se realiz¨® este a?o en Quito, Ecuador.

La tarea dista de ser f¨¢cil y no se limita a la modernizaci¨®n y modificaci¨®n de las leyes, sino que debe contemplar tambi¨¦n los procesos y las instituciones encargadas de su aplicaci¨®n.

Un Estado moderno y democr¨¢tico es condici¨®n indispensable para un mercado eficiente y para la construcci¨®n de sociedades m¨¢s justas, y constituye la base de todo consenso social b¨¢sico capaz de sustentar y fomentar una cultura de inversi¨®n, de trabajo, de responsabilidad y de solidaridad.

La reforma del Estado debe apuntar a su modernizaci¨®n y a nuevas formas de articulaci¨®n con la sociedad, preservando la responsabilidad p¨²blica de establecer las reglas de juego para el funcionamiento del mercado y en particular corregir sus imperfecciones, sobre todo aquellas que limitan la competencia e impiden una distribuci¨®n del ingreso socialmente aceptable.

En ese esfuerzo estamos todos comprometidos en Am¨¦rica Latina: sector p¨²blico, sector privado, sociedad civil y comunidad internacional.

Enrique V. Iglesias es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.