Una hoja de ruta fr¨¢gil e incierta

La hoja de ruta de nuestro sistema p¨²blico de pensiones ha sido acordada mayoritariamente por nuestra representaci¨®n pol¨ªtica, que la ha defendido como "una garant¨ªa de viabilidad y sostenibilidad" de nuestra Seguridad Social (SS) p¨²blica. La renovaci¨®n pol¨ªtica del Pacto de Toledo se ten¨ªa que haber hecho a comienzos del a?o 2001, pero el acuerdo social entre el Gobierno, CC OO y CEOE-CEPYME la hizo innecesaria. Un mal servicio al di¨¢logo social y a la ciudadan¨ªa.

Tengo serias dudas acerca de la utilidad pr¨¢ctica de las recomendaciones acordadas para afrontar, con rigor y eficacia, la mejora de nuestras pensiones y el conjunto de prestaciones sociales de la Seguridad Social. En primer lugar, muchas de las 22 recomendaciones son gen¨¦ricas y, en ciertos aspectos, pueden interpretarse, desarrollarse, aplicarse y concretarse por el Gobierno correspondiente de formas muy distintas. Esto provoca incertidumbre y fragilidad en lugar de seguridad, convirtiendo la acci¨®n pol¨ªtica en barra libre salvo que se produzca un acuerdo social. En los grupos pol¨ªticos ha primado m¨¢s el deseo de alcanzar el acuerdo que la claridad y concreci¨®n de las recomendaciones propuestas.

La organizaci¨®n del sistema de pensiones es una opci¨®n fundamental del modelo de sociedad

La aportaci¨®n del Estado a la financiaci¨®n de la Seguridad Social y el Inem sigue reduci¨¦ndose

En segundo lugar, los grupos se comprometen a evitar la utilizaci¨®n de las pensiones con fines electoralistas y partidistas. Sin embargo, conviene recordar que el a?o pasado el Gobierno se ha gastado m¨¢s de siete millones de euros en hacerse publicidad con la revalorizaci¨®n de las pensiones, cuando est¨¢ obligado por ley. Y el mismo d¨ªa de la aprobaci¨®n de las recomendaciones en el Congreso, el ministro de Trabajo se apropia del consenso pol¨ªtico para presentarlo como la confirmaci¨®n de la "acertada pol¨ªtica social practicada por el Gobierno", por no hablar de la declaraci¨®n del candidato del PP de que "no es una ley de obligado cumplimiento". Esto es un fraude social y pol¨ªtico ?Es que existe un pensamiento ¨²nico de pensiones? No podemos olvidar que la organizaci¨®n del sistema de pensiones es una opci¨®n fundamental del modelo de sociedad, salvo que caigamos en un determinismo economicista, expresi¨®n del pensamiento ¨²nico neoliberal, haciendo de las pensiones una opci¨®n econ¨®mica antes que una elecci¨®n social y pol¨ªtica.

No se puede desligar las pensiones del crecimiento econ¨®mico, de la oferta de puestos de trabajo -sobre todo de buenos puestos de trabajo-, del aumento paulatino de los salarios como consecuencia del aumento de la productividad laboral y, sobre todo, de la dosis de solidaridad y de la voluntad pol¨ªtica de redistribuci¨®n, que una ciudadan¨ªa est¨¢ dispuesta a sufragar. Sustraer este debate es negar en la pr¨¢ctica el debate pol¨ªtico de modelos de sociedad, de izquierda y derecha.

Entrando en an¨¢lisis y balance de las recomendaciones acordadas, hay que resaltar algunas medidas positivas, siempre que se materialicen. Por ejemplo, la necesaria financiaci¨®n con recursos p¨²blicos de los complementos de m¨ªnimos, en un plazo de cinco a?os, o que el fondo de reserva no tenga l¨ªmite o que las bonificaciones en las cotizaciones deban financiarse con cargo a la fiscalidad general. Es significativo que estas recomendaciones deslegitiman lo pactado en el acuerdo social de 2001, que contemplaba de modo claramente injustificable un per¨ªodo de 12 a?os para la financiaci¨®n completa de los complementos de m¨ªnimos. Esto ha posibilitado reformas fiscales regresivas y bonificaciones a las empresas con cargo a los presupuestos del Inem. Sobre esto ¨²ltimo bastan unos datos: en 1996, las bonificaciones a las empresas con cargo a los presupuestos del Inem supusieron 303 millones de euros. En el proyecto de Presupuestos de 2004 esta partida asciende a 2.270 millones de euros. Con esto se demuestra que, desde la vigencia del Pacto de Toledo, aquellas bonificaciones que deb¨ªan financiarse mediante recursos fiscales no s¨®lo se siguen financiando mediante cuotas, sino que adem¨¢s se ha multiplicado por 7,5. De 1999 a 2002 el excedente de la SS ha sido de 16.685 millones de euros, destin¨¢ndose ¨²nicamente el 56% al fondo de reserva. ?Y el resto? Una oportunidad perdida para dignificar las pensiones de miseria.

Lo mismo se puede afirmar respecto de la recomendaci¨®n de que los complementos de m¨ªnimos se financien cuanto antes con recursos p¨²blicos, ya que en los Presupuestos de 2004 las aportaciones p¨²blicas ni siquiera supondr¨¢n las tres doceavas partes del importe del complemento de m¨ªnimos. Se puede afirmar que, al tercer a?o de vigencia del acuerdo de 2001, las aportaciones p¨²blicas, de seguir a ese ritmo, ni siquiera completar¨ªan la financiaci¨®n de los complementos de m¨ªnimos en 12 a?os.

Otra novedad importante es la petici¨®n de que se clarifique, "a la mayor brevedad", el balance econ¨®mico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social en lo que se refiere al problema de los pr¨¦stamos, que suponen un importe de m¨¢s de 2,7 billones de las antiguas pesetas. El 7 de octubre, el CES espa?ol dictamin¨® la cancelaci¨®n inmediata de dichos pr¨¦stamos, con un posterior voto particular en contra de CC OO y CEOE, organizaciones que coinciden con la posici¨®n del Gobierno de ampliar su devoluci¨®n hasta 2012. La discusi¨®n de fondo es considerar o no la SS como una caja aparte del Estado, que profundiza en una concepci¨®n m¨¢s de Estado liberal que de Estado social y que aplica progresivamente, a un sistema de reparto y de solidaridad, criterios propios de una concepci¨®n liberal, copiados e imitados de las entidades financieras y de los sistemas de capitalizaci¨®n.

Las recomendaciones m¨¢s peligrosas y preocupantes son las de reforzamiento del principio de contributividad para lograr "una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotizaci¨®n realizado", en l¨ªnea con lo que se ha venido haciendo en los ¨²ltimos a?os, y avanzar en la jubilaci¨®n flexible y gradual. La ampliaci¨®n del per¨ªodo de c¨¢lculo producir¨ªa un recorte de la pensi¨®n inicial y una reducci¨®n media de las pensiones, "elemento b¨¢sico para preservar el equilibrio financiero" seg¨²n el acuerdo. Esto facilita la extensi¨®n de los sistemas privados complementarios de pensiones. As¨ª, el sistema no es ni m¨¢s justo ni m¨¢s barato ni m¨¢s seguro, sino que los dineros p¨²blicos se reducen y se complementan con los ahorros invertidos en los sistemas financieros. Hay que a?adir el enorme gasto fiscal dedicado por el Gobierno a favorecer los fondos privados, que en 2003 suponen no menos de 1.200 millones de euros, m¨¢s del doble de lo que el Estado dedica a financiar en ese a?o los complementos de m¨ªnimos de las pensiones p¨²blicas. La aportaci¨®n del Estado a la financiaci¨®n de la SS y el Inem ha pasado del 5,5% del PIB al 4,8% en 2001 y sigue reduci¨¦ndose. Lo m¨¢s grave es que la noci¨®n de contributividad erosione la solidaridad y la redistribuci¨®n, bases de los sistemas de reparto.

No se puede aislar el debate de pensiones de la desconvergencia social de Espa?a respecto de la UE. Los ¨²ltimos datos aportados por el Ministerio de Trabajo constatan que el gasto social, globalmente considerado, ha pasado del 21, 92% del PIB en 1996 al 20% en 2001 (una reducci¨®n de 2,1 billones de las antiguas pesetas). La renovaci¨®n del Pacto de Toledo no puede ser utilizado por los partidos pol¨ªticos para eludir su obligaci¨®n de hacer propuestas claras y concretas, ante los electores, sobre la f¨®rmula de c¨¢lculo de las pensiones, la ampliaci¨®n de la edad de jubilaci¨®n, la contribuci¨®n de las arcas p¨²blicas a la solidaridad, la mejora de la protecci¨®n familiar, la equiparaci¨®n de todas las pensiones con el salario m¨ªnimo y la necesidad de compromisos concretos para mejorar la protecci¨®n y converger socialmente con Europa.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES vasco.