El fiscal mantiene la pena de 11 a?os para Pascual por alterar el marjal

El juicio al ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, a su teniente de alcalde, Jos¨¦ Orihuel, y a cuatro agricultores qued¨® ayer visto para sentencia en la Audiencia de Alicante. El fiscal mantuvo su petici¨®n inicial de condena de 10 a?os y 10 meses de c¨¢rcel para el ex primer edil; y siete a?os y 10 meses, para Orihuel. La acusaci¨®n popular, Acci¨® Ecologista-Agr¨®, rebaj¨® a nueve y ocho a?os la pena, respectivamente.

Despu¨¦s de once sesiones, el juicio por la desecaci¨®n y la quema de 600 hect¨¢reas, desde 1996 y hasta 1998, en el marjal de Pego-Oliva, catalogado humedal de inter¨¦s internacional, finaliz¨® ayer con las conclusiones definitivas de las partes. El ministerio p¨²blico mantuvo su petici¨®n inicial de condena, -a la que se adhiri¨® la acusaci¨®n particular, la Generalitat Valenciana-, de diez a?os y diez meses de prisi¨®n para el principal imputado del caso, el ex alcalde de Pego, Carlos Pascual. El fiscal de delitos ecol¨®gicos, Ricard Cabedo, considera probado que el ex primer edil es el "patrocinador" de las actuaciones cometidas durante esos dos a?os en el paraje y que, a su juicio, "atentaron" contra su ecosistema, incluido en el convenio internacional Ramsar sobre protecci¨®n de humedales. El ministerio p¨²blico sostiene que las obras ejecutadas en el marjal se realizaron para recuperar los cultivos de arroz y, as¨ª, revalorizar las fincas de particulares.

Por el delito medioambiental, Cabedo reclama a Pascual una pena de siete a?os de c¨¢rcel. La misma pena es la que solicita para su teniente de alcalde, Jos¨¦ Orihuel, a quien el fiscal le atribuye "una mezcla de intereses privados y p¨²blicos" en su intervenci¨®n en el parque. Cabedo record¨® que, tal y como reconocieron varios testigos durante la vista oral -ante el tribunal de la Secci¨®n 3? de la Audiencia de Alicante-, el tambi¨¦n presidente de la comunidad de regantes era el encargado de Pego Fruta, empresa para la que trabajaban los agricultores imputados por quemas ilegales.

El fiscal mantiene, adem¨¢s, la imputaci¨®n a Pascual por un delito de atentado contra funcionario p¨²blico. Cabedo considera que el ex primer edil "coaccion¨®" al director conservador del marjal de Pego, Vicente Urios, y le impidi¨® su entrada. Por ello, la acusaci¨®n p¨²blica le exige otros dos a?os de c¨¢rcel. De la misma forma, Cabedo aprecia que tanto Pascual como Orihuel son responsables de un delito de desobediencia al mandato judicial. En su opini¨®n, ambos procesados "hicieron caso omiso" a un auto dictado por el Juzgado de D¨¦nia que ordenaba la paralizaci¨®n de cualquier actuaci¨®n en el parque.

El ministerio p¨²blico solicita tambi¨¦n una indemnizaci¨®n para la Generalitat de 3.906.578, 68 euros, de los que el 48% deber¨¢ ser abonado por Carlos Pascual y Jos¨¦ Orihuel. El Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes son responsables subsidiarios. La defensa pidi¨® la absoluci¨®n al entender que no existe delito.