El PP impide por ley que las comunidades puedan mejorar las pensiones no contributivas

El PP hizo valer ayer su mayor¨ªa en el Congreso para enfrentarse a la oposici¨®n y aprobar la ley que trata de impedir que las comunidades aut¨®nomas puedan mejorar las pensiones no contributivas. La norma, que cont¨® con 154 votos, del PP y CC, y 120 noes, del resto de los grupos, la puso en marcha el Gobierno en febrero de este a?o despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional reconociese el derecho de la Junta de Andaluc¨ªa a complementar esas prestaciones. El PSOE y CiU han anunciado que acudir¨¢n de nuevo al alto tribunal, y Andaluc¨ªa y Catalu?a, que van a seguir mejorando las pensiones m¨¢s bajas. De hecho, el presidente Manuel Chaves ha anunciado que hoy mismo un Consejo de Gobierno extraordinario aprobar¨¢ un decreto para complementar con car¨¢cter inmediato las pensiones no contributivas y las de viudedad y estudiar c¨®mo recurrir la ley.

Chaves aprobar¨¢ hoy mismo las nuevas ayudas en un Consejo de Gobierno extraordinario

La aprobaci¨®n definitiva de la Ley de Medidas Espec¨ªficas en Materia de Seguridad Social en el Pleno del Congreso cierra un nuevo cap¨ªtulo del contencioso que enfrenta al Gobierno central con las comunidades aut¨®nomas, lideradas en este caso por los socialistas de la Junta de Andaluc¨ªa. El pulso se inici¨® en diciembre de 1998 cuando la Junta que preside Manuel Chaves decidi¨® dar luz verde a una ayuda para los beneficiarios de las pensiones no contributivas a trav¨¦s de una paga de 56,47 euros, abonada de una sola vez en 1999 a 100.000 andaluces.

Se trata de las pensiones m¨¢s bajas del sistema que reciben los jubilados o inv¨¢lidos que no han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho los a?os suficientes para tener derecho a las prestaciones contributivas, y su cuant¨ªa actual es de 268,77 euros al mes por 14 pagas.

Con la ley aprobada ayer, el Gobierno del PP pretende perfilar "con toda nitidez" qu¨¦ es el r¨¦gimen p¨²blico de Seguridad Social, que ¨¦ste es competencia exclusiva del Estado y que s¨®lo a ¨¦l le corresponde decidir las subidas de todas las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas. Una norma cuyo anteproyecto aprob¨® el Consejo de Ministros en febrero de este a?o, dos meses despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional desestimase los conflictos de competencias promovidos por el Gobierno central contra el decreto auton¨®mico andaluz. El Constitucional aval¨® las ayudas complementarias de la Junta a favor de los pensionistas por entender que se encuadraban en el ¨¢mbito competencial auton¨®mico de la asistencia social y no en el de la Seguridad Social, exclusivo del Estado.

El fallo razon¨® que "nada impedir¨ªa, desde la perspectiva de la legitimidad constitucional, que las comunidades aut¨®nomas con competencia en materia de asistencia social otorgasen ayudas de esta naturaleza a colectivos de personas que, aun percibiendo prestaciones asistenciales del sistema de Seguridad Social, se encontraran en situaci¨®n de necesidad, siempre que con dicho otorgamiento no se produzca una modificaci¨®n o perturbaci¨®n de dicho sistema o de su r¨¦gimen econ¨®mico".

La resoluci¨®n reconoci¨® "la dificultad y complejidad" de "todo intento de deslinde de las fronteras entre la Seguridad Social y la asistencia social", pero resalt¨® que las ayudas recurridas por el Gobierno tienen "car¨¢cter complementario", son limitadas en el tiempo y se abonan a cargo de los presupuestos auton¨®micos.

Apoy¨¢ndose en este argumento, el Gobierno del PP puso en marcha una nueva ley, aprobada ayer definitivamente en el Parlamento, en la que se precisa que "cualquier prestaci¨®n de car¨¢cter p¨²blico que tenga por finalidad complementar, ampliar, o modificar las prestaciones econ¨®micas del sistema de Seguridad Social, en sus modalidades contributivas y no contributivas, forman parte del sistema de la Seguridad Social". Se a?ade que se pretenden garantizar "los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad del sistema" para los pensionistas, cualquiera que sea su lugar de origen.

La diputada socialista Isabel L¨®pez y Chamosa afirm¨® en el Pleno que la norma naci¨® como fruto del enfado del Gobierno central ante el fallo del Constitucional que ampar¨® el complemento a las pensiones del Ejecutivo andaluz. Tambi¨¦n mostr¨® su oposici¨®n el diputado de CiU Carles Campuzano, quien denunci¨® que la ley "impide el libre ejercicio de competencias por parte de los gobiernos auton¨®micos. En el criterio de ambos, se "vulnera" el reparto competencial, pues las comunidades tienen asumida la asistencia social y consideran que en esta materia se enmarcan cuestiones de prestaciones sociales.

PSOE y CiU estudian ya la presentaci¨®n de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional. As¨ª lo manifest¨® el socialista Ram¨®n J¨¢uregui durante la tramitaci¨®n parlamentaria de la norma, y Campuzano lo reiter¨® ayer en los mismos t¨¦rminos, apuntando que no duda de que, tal como queda redactado el texto de Seguridad Social, las autonom¨ªas recurrir¨¢n la ley una vez que entre en vigor.

Mientras tanto, la Junta de Andaluc¨ªa y la Generalitat de Catalu?a van a seguir adelante con el complemento de las pensiones no contributivas, adem¨¢s de las asistenciales y las m¨ªnimas de viudedad, tal como les avala el alto tribunal. El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Jos¨¦ Caballos, afirm¨® en Sevilla que la aprobaci¨®n de esta ley no impedir¨¢ que el Gabinete de Manuel Chaves mantenga su iniciativa "est¨¢ amparado" por la sentencia del Constitucional. Hoy mismo se reunir¨¢ el Consejo de Gobierno.

Caballos afirm¨®: "Definidos unos colectivos con pensiones tan bajas como ¨¦stas y oponerse a que la Junta mejore estas pensiones con un complemento es sencillamente una actuaci¨®n derechista y que demuestra la falta de sensibilidad social del PP". A?adi¨® que se trata de ayudas a "pensiones de 26.000 y 40.000 pesetas, y de las de viudedad, de 50.000". Para este a?o, la Junta tiene previsto complementar las prestaciones no contributivas, las asistenciales y las m¨ªnimas de viudedad para un total de 300.000 ciudadanos. Lo aprobar¨¢ hoy, para que entre en vigor con car¨¢cter inmediato.

El Gobierno andaluz, adem¨¢s, valorar¨¢ la redacci¨®n de la ley ante un previsible "choque jur¨ªdico". "Merecer¨¢ la pena pelear pol¨ªtica y jur¨ªdicamente contra una medida tan injusta y centralista", dijo Caballos.

Este malestar se comparte en Catalu?a. "Con la aprobaci¨®n de esta ley el PP perjudica la calidad de vida de las personas con riesgo a sufrir exclusi¨®n social y demuestra la involuci¨®n auton¨®mica que defiende", declar¨® a Efe la consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalu?a, Irene Rigau.

La patronal, por el contrario, ha saludado la iniciativa del PP. "La ley es adecuada en t¨¦rminos de solidaridad", dijo Jos¨¦ Mar¨ªa Cuevas, presidente de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE).