No, no es tan f¨¢cil tirar el Cabanyal
Todo lo que se come es objeto de poder. Por eso se dividi¨® ¨¦ste hace tiempo, para que los ciudadanos -antes s¨²bditos- no fu¨¦ramos engullidos por bocas autoritarias. Por eso se dio paso al sistema democr¨¢tico, para que todos particip¨¢ramos en el cocinado de las decisiones que nos afectan. Por eso se cre¨® el Estado constitucional, para que la mayor¨ªa de turno no se merendara los derechos de los m¨¢s d¨¦biles.
El gobierno no lo puede todo, hay que repetirlo (repet¨ªrselo-repet¨ªrnoslo) hasta que ya no nos dejen, y despu¨¦s tambi¨¦n. No lo puede ni apoy¨¢ndose en mayor¨ªas absolutas, ni justific¨¢ndose en vagos y sospechosos intereses generales, ni siquiera lo puede amparado en la celebraci¨®n de la Copa del Am¨¦rica. ?sta es una competici¨®n deportiva que beneficia a Valencia, no un permiso para legitimar la arbitrariedad de los que gobiernan.
El ejecutivo auton¨®mico se propone modificar la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, una Ley que ¨¦l mismo elabor¨® hace apenas un lustro. Dice que la reforma ("actualizaci¨®n" para los eufemistas) obedece al objetivo de proteger mejor el patrimonio y resolver las "posibles disfunciones" que se puedan plantear con los futuros reglamentos de desarrollo. Ya es un indicio del talante gubernamental que se modifique la norma legal (competencia de las Cortes) para adecuarla al reglamento (que elabora y aprueba el Consell), y no al rev¨¦s, como su naturaleza exige. No es una an¨¦cdota, lo est¨¢n haciendo con la Ley de Extranjer¨ªa sin despeinarse.
Cuestiones sobre la divisi¨®n de poderes aparte, la sensaci¨®n de muchos valencianos -sensaci¨®n que ha venido a coincidir con el deseo de gobiernos municipal y auton¨®mico-, es que con la Ley reformada podr¨¢n llevarse a cabo proyectos "retrasados" por la denuncia y judicializaci¨®n a que han sido sometidos. Es el caso de la prolongaci¨®n de Blasco Ib¨¢?ez sobre el Cabanyal.
Sin embargo, no, no es tan f¨¢cil que con la reforma de la Ley se pueda destruir la parte mejor conservada del Cabanyal; o al menos no lo ser¨¢ mientras hablemos de respeto a la Constituci¨®n y a la Ley. Veamos por qu¨¦.
En el proyecto de reforma parece allanarse el camino al gobierno municipal al concederle la posibilidad de modificar estructuras urbanas y arquitect¨®nicas de los conjuntos hist¨®ricos, siempre que hacerlo mejore la relaci¨®n del conjunto con el entorno urbano, se eviten usos degradantes del mismo o se trate de "actuaciones de inter¨¦s general para el municipio". Esto puede estar muy bien (o no), y es legal; sin embargo, no puede afectar al Cabanyal. Y no puede porque el Cabanyal es Bien de Inter¨¦s Cultural, es decir, dentro de los conjuntos hist¨®ricos, se trata de un bien de especial relevancia, y por ello especialmente protegido por la Ley de Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol (art.21.3) y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (ambas aplicables), que proh¨ªben la alteraci¨®n, sin excepciones, de las tramas, alineaciones o estructuras urbanas de esos mismos bienes, as¨ª como su preservaci¨®n en caso de duda.
Por lo tanto, la Constituci¨®n y el efecto interpretativo de su art¨ªculo 46 (obligaci¨®n para los poderes p¨²blicos de conservar el patrimonio hist¨®rico), unido a la jurisprudencia constitucional ("en la duda, la voluntad constitucional est¨¢ m¨¢s cerca de la conservaci¨®n de los bienes... que su destrucci¨®n"), la Ley de Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol y la propia Ley valenciana -que habla de "acrecentamiento" del patrimonio cultural como su objeto prioritario (art.1.1)- impiden que el proyecto de prolongaci¨®n de Blasco Ib¨¢?ez se lleve a cabo.
As¨ª las cosas, el gobierno municipal (y el auton¨®mico) deber¨ªa decantarse de una vez por el sentido com¨²n, convocar a los vecinos para rehabilitar un barrio con excelentes posibilidades y cerrar un episodio que ya dura mucho y que, sobre todo, perjudica gravemente a los afectados. Deber¨ªa aunque, a la vista de la secular prepotencia esgrimida, no tengo mucha esperanza de que ese sentido de lo legal y lo razonable visite las sedes gubernamentales.
De modo que nos queda la acci¨®n ciudadana y la exigencia del respeto a la Constituci¨®n y a las reglas del juego (qui¨¦n lo dir¨ªa, tener que pedirle patriotismo constitucional a este gobierno); nos quedan resquicios en algunos medios de comunicaci¨®n (a la verdad s¨®lo la temen quienes pretenden sojuzgar a las personas); y nos quedan los tribunales, a d¨ªa de hoy los ¨²nicos que pueden garantizar que este sistema no se convierta en un r¨¦gimen autoritario.
Fernando Flores Gim¨¦nez es profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Plataforma Salvem el Cabanyal.
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