Sindicatos de educaci¨®n exigen m¨¢s prevenci¨®n de riesgos laborales

La Junta de Personal Docente no Universitario de Castell¨®n, formada por los sindicatos STE, ANPE, FETE-UGT, CCOO y USO, aprob¨® en su ¨²ltima reuni¨®n exigir a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n la puesta en marcha del servicio de prevenci¨®n de riesgos laborales. Las centrales sindicales aseguran que la consejer¨ªa mantiene una situaci¨®n de ilegalidad porque vulnera varios art¨ªculos de la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales, del reglamento del servici¨® de prevenci¨®n y el decreto auton¨®mico que adapta estas disposiciones legales en el ¨¢mbito valenciano.

Esta situaci¨®n supone, seg¨²n los sindicatos denunciantes, la desprotecci¨®n de m¨¢s de 45.000 docentes ante la inexistencia de una evaluaci¨®n de riesgos en el conjunto de los centros educativos y la falta de vigilancia de las causas que provocan las enfermedades. La Junta de Personal no Docente de Castell¨®n afirma que esta situaci¨®n es insostenible y subraya que, pese a estar dotadas la plazas para cubrir 53 puestos de trabajo (45 vinculados a la prevenci¨®n y 8 a la administraci¨®n) tan s¨®lo se han cubierto 3 plazas.

Denuncias

Como consecuencia de las anteriores denuncias, las centrales sindicales reclaman la creaci¨®n y correspondiente dotaci¨®n presupuestaria para el pr¨®ximo a?o del conjunto de puestos de trabajo de los servicios de prevenci¨®n, as¨ª como su inclusi¨®n en la oferta p¨²blica que se encuentra pendiente desde 2001, de tal manera que puedan cubrirse mediante las oposiciones correspondientes en un futuro pr¨®ximo.

Igualmente, solicitan la convocatoria de las bolsas de ocupaci¨®n temporal de acuerdo con la orden del 30 de enero de 2002 de la Consejer¨ªa de Justic¨ªa y Administraci¨®n P¨²blica. Y la definici¨®n "urgente" del mapa de riesgos laborales y las medidas adecuadas de prevenci¨®n, para salvaguardar su posible responsabilidad penal.

Por otra parte, las centrales sindicales que conforman la Junta de Personal Docente no Universitario de Castell¨®n recuerdan que desde hace unos dos a?os la Administraci¨®n, a trav¨¦s de los servicios territoriales cuya presidencia ostenta, no ha convocado el comit¨¦ provincial de prevenci¨®n y salud laboral. Un hecho que, en su opini¨®n, provoca que denuncias de situaciones lamentables, como la formulada por el colegio p¨²blico de Alquer¨ªas del Ni?o Perdido, caigan en saco roto. Situaciones que antes se evitaban gracias a las inspecciones que realizaba el Gabinete de Trabajo y que en la actualidad se niega a llevar a cabo porque alega -con raz¨®n, afirman- que Educaci¨®n cuenta con su propio comit¨¦. El problema, concluyen, es que no se ha constituido.