Autores de Canad¨¢ y Francia piden cobrar un canon por la conexi¨®n a Internet

Dos sociedades gestoras de derechos de autor, una canadiense y otra francesa, han coincidido en reclamar, por distintas v¨ªas, que los proveedores de acceso a Internet paguen un canon para compensar las descargas de m¨²sica y pel¨ªculas que sus clientes hacen a trav¨¦s de la Red.

Estos casos se suman a la demanda de la industria discogr¨¢fica australiana contra un proveedor de acceso (ISP), E-Talk, acus¨¢ndole de pirater¨ªa por el negocio que hace al permitir el intercambio de archivos musicales gratuitos entre sus clientes (P2P).

La Sociedad de Compositores, Autores y Editores de M¨²sica de Canad¨¢ (SOCAN) ha solicitado al Tribunal Supremo de aquel pa¨ªs que exija a los proveedores de acceso a Internet (ISP) el pago de unos royalties por los tres millones de archivos musicales que se descargan al a?o en aquel pa¨ªs.

La iniciativa preocupa a los ISP no s¨®lo por la cuant¨ªa econ¨®mica que puede representar, sino porque en el fondo se les har¨ªa responsables de los contenidos que circulan por los canales que ellos suministran. La jurisprudencia internacional est¨¢ de acuerdo, en l¨ªneas generales, en no considerar al ISP responsable por los contenidos que introducen u obtienen sus clientes en Internet (desde pornograf¨ªa a material delictivo). Si fueran considerados responsables, tendr¨ªan que intentar una imposible monitorizaci¨®n de todo el tr¨¢fico que administran.

Antes de llegar al Supremo el caso ha tenido otros episodios previos. Tras la negativa administrativa a imponer un canon a los ISP, la SOCAN acudi¨® a un tribunal federal que le di¨® parcialmente la raz¨®n al admitir como excepci¨®n a la no responsabilidad del ISP cuando ¨¦ste conserva en sus archivos p¨¢ginas de Internet para poderlas suministrar m¨¢s r¨¢pidamente, lo que se conoce como copia cach¨¦.

Mientras se dilucida el caso en el Supremo, la sociedad gestora de derechos de autor francesa ha querido emular a la canadiense y ha solicitado que los ISP paguen un "permiso especial". La tarifa rondar¨ªa uno o dos euros mensuales por cada abonado. La intenci¨®n de la ADAMI es que los proveedores vigilen el volumen de ancho de banda de cada cliente y que si ¨¦ste supera una determinada cantidad -lo que le har¨ªa sospechoso de frecuentar las descargas- deba pagar una cifra mayor por el servicio y el "permiso especial". En ambos casos los ISP se oponen a la medida porque legitimar¨ªa la pirater¨ªa.