Los ayuntamientos se rebelan contra la nueva Ley de Extranjer¨ªa

La polic¨ªa no lo tendr¨¢ f¨¢cil para controlar a la poblaci¨®n inmigrante a trav¨¦s de los datos del padr¨®n municipal. La mayor parte de los ayuntamientos catalanes se resisten a dar por buena una reformada Ley de Extranjer¨ªa que, aprobada con los votos del PP y del PSOE, permite a las fuerzas de seguridad acceder a los registros del padr¨®n para detectar posibles inmigrantes ilegales y expulsarlos si se da el caso.

Decenas de ayuntamientos ya han aprobado mociones pronunci¨¢ndose en contra de dicha medida y se est¨¢n preparando para combatir lo que consideran una injerencia del Gobierno. Entre ellos se encuentran los de Girona, Vic, Manresa y Vilafranca.

Aparte de los motivos humanitarios, lo que mueve a los ayuntamientos a oponerse la ley es el miedo a que los inmigrantes, ante el temor a ser expulsados, dejen de empadronarse. Si no se inscriben en el padr¨®n no puede saberse ni cu¨¢ntos inmigrantes hay en una poblaci¨®n, ni cu¨¢l es su lugar de residencia. A juicio de los consistorios, esto dificulta enormemente la tarea de integraci¨®n que se ha encomendado a los gobiernos locales. Y lo que es m¨¢s grave: los inmigrantes sin papeles, unos 130.000 en Catalu?a, pierden el derecho a la escolarizaci¨®n y a la atenci¨®n sanitaria convencional.

Todos los partidos, excepto el PP, han ido tomando posici¨®n en contra de esta ley por considerar que la medida puede perjudicar la convivencia en sus municipios. Iniciativa per Catalunya-Verds, que ya ha anunciado que apoyar¨¢ todas las medidas e iniciativas que surjan en contra de esta ley. El portavoz de la organizaci¨®n, Joan Herrera, sostiene: "Los inmigrantes se inscrib¨ªan en el padr¨®n municipal porque los datos eran confidenciales. Al perderse esta confidencialidad, tendr¨¢n miedo y dejar¨¢n de hacerlo, con lo que, adem¨¢s de perder derechos b¨¢sicos, perder¨¢n la posibilidad de demostrar su estancia con vistas a regularizarse". Herrera a?ade: "Se est¨¢ criminalizando a los inmigrantes a partir de una presunci¨®n de culpabilidad de delito, y esto supone un trato discriminatorio".

Iniciativa ha presentado mociones de rechazo de la nueva ley en la mayor parte de los ayuntamientos donde tiene representaci¨®n. En buena parte de los consistorios estas mociones han contado con el apoyo de los socialistas, que han tenido que escuchar las cr¨ªticas del PP, partido que les recordaba que sus correligionarios en el Congreso de los Diputados dieron el visto bueno a la nueva ley.Fuentes del PSC se manifiestan en contra de la nueva ley, pero tambi¨¦n dejan claro que como partido no piensan incumplirla. Otra cosa es lo que decida cada municipio. Los socialistas han mantenido posturas diferentes en los municipios donde gobiernan. En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, los socialistas y el conjunto del equipo de gobierno han optado por esperar a finales de enero antes de tomar una decisi¨®n. Ser¨¢ entonces cuando, previsiblemente, entre en vigor el reglamento de la nueva ley.

Otros ayuntamientos, como el de Vilanova i la Geltr¨², Manresa, Vic, Badalona y Guriba han aprobado mociones en las que se muestran contrarios a la nueva normativa que regir¨¢ el empadronamiento de extranjeros, informa Gerard Bagu¨¦. Estos ayuntamientos consideran que la nueva normativa puede vulnerar derechos fundamentales de la persona y, en algunos casos, han ideado una estrategia para retrasar tanto como sea posible su aplicaci¨®n. Les preocupa tambi¨¦n el hecho de que los inmigrantes que se empadronen deber¨¢n renovar cada dos a?os su registro, algo que en su opini¨®n s¨®lo servir¨¢ para que muchos extranjeros, sumidos en la m¨¢s profunda desinformaci¨®n, acaben en situaci¨®n ilegal y sin empadronar. Comparten esta preocupaci¨®n con la mayor parte de ONG, como SOS Racismo, que considera que la nueva ley es inconstitucional.

Si Iniciativa per Catalunya llama directamente a la desobediencia civil, Esquerra Republicana y Converg¨¨ncia i Uni¨® mantienen una postura cr¨ªtica pero m¨¢s conciliadora: los ayuntamientos no pueden negar informaci¨®n a la polic¨ªa, pero ¨¦sta s¨®lo se suministrar¨¢ cuando la petici¨®n est¨¦ fundamentada.

El responsable de pol¨ªtica municipal de ERC, Jaume Oliveras, considera que la nueva ley puede cumplirse sin necesidad de dar a la polic¨ªa acceso directo e ilimitado a los datos del padr¨®n municipal. "Es evidente que no queremos que los ayuntamientos encubran ning¨²n delito, pero tampoco queremos que dejen de proteger la intimidad de sus ciudadanos".

El texto de la nueva ley no deja claro qu¨¦ tipo de acceso debe tener la polic¨ªa al padr¨®n municipal. S¨®lo afirma que ¨¦ste se har¨¢ "preferentemente por v¨ªa telem¨¢tica". Por esta raz¨®n, fuentes de la direcci¨®n de CiU explicaron ayer que en sus municipios no se negar¨¢ el el acceso de la polic¨ªa a los datos del padr¨®n pero que ¨¦ste se dar¨¢ de forma "restrictiva" aunque "aplicando la ley".

El Partido Popular, en cambio, defiende la ley sin reparos. Xavier Garc¨ªa Albiol, concejal en Badalona y presidente del grupo popular en la Diputaci¨®n de Barcelona, considera que los inmigrantes en situaci¨®n irregular "no deber¨ªan ni poderse empadronar", algo que defiende con la tesis de que "un inmigrante legal no deber¨ªa tener los mismos derechos que uno en situaci¨®n ilegal". Con relaci¨®n a la p¨¦rdida de derechos b¨¢sicos que supone el no empadronarse, Garcia Albiol dice que no es cierto que los inmigrantes se queden sin asistencia sanitaria. "Siempre pueden acudir a un servicio de urgencias", afirma.