Ataque contumaz y persistente

"La conducta de los condenados fue grav¨ªsima (...), reiter¨¢ndose de forma persistente y contumaz durante varios a?os, con desaf¨ªo a cuantas autoridades gubernativas o judiciales intentaron ponerle coto". As¨ª describe la Audiencia de Alicante la actuaci¨®n y el talante del ex alcalde de Pego Carlos Pascual y su teniente de alcalde Jos¨¦ Orihuel. A lo largo de m¨¢s de 30 p¨¢ginas, el tribunal desgrana un sinf¨ªn de tropel¨ªas y agresiones contra el espacio protegido entre 1996 y 1999, con los testimonios de la impotencia de los que intentaron frenar la degradaci¨®n del humedal. El primero de ellos, el del director del parque, Vicente Urios, v¨ªctima de un "atentado a funcionario p¨²blico" que a Pascual le ha costado la mitad de la condena. El 11 de marzo de 1997, inspeccion¨® la zona avisado de varios incendios, y al intentar abandonar el lugar, Pascual "se puso delante del veh¨ªculo impidi¨¦ndole la salida y animando a la gente all¨ª congregada, unas cincuenta personas, a que no lo dejaran salir". Una hora estuvo retenido Urios, tiempo "durante el cual el acusado provoc¨® el enfrentamiento entre los agentes de la Polic¨ªa Local y los vecinos con miembros de la Guardia Civil".

Tambi¨¦n recoge el tribunal el relato de un agente forestal, que vio c¨®mo Pascual impidi¨® el 25 de noviembre de 1996 el paso a los bomberos, que hab¨ªan acudido a apagar uno de los numerosos incendios intencionados, y les forz¨® a marcharse alegando que se trataba de una quema de las de "toda la vida". El jefe de los bomberos de D¨¦nia lo confirma y a?ade que ocurri¨® lo mismo otra vez pero prefiri¨® no entrar "en discusiones".

A la Guardia Civil tampoco le fue mejor en su trato con Pascual y Orihuel. Un agente recuerda que uno de los imputados -luego absuelto- por incendiar el marjal se neg¨® en una ocasi¨®n a facilitar su identificaci¨®n tras indicarle Orihuel que no contestara. Al igual que los bomberos o los funcionarios o agentes de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, el Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil vio vetado su paso al marjal por orden de Pascual, que mantuvo durante meses a la Polic¨ªa Local "vigilando la entrada" al parque, mientras se suced¨ªan los incendios, realizados incluso con sopletes, seguidos de la r¨¢pida roturaci¨®n de las tierras con los rescoldos a¨²n calientes. Los atestados del Seprona, adem¨¢s, est¨¢n llenos de transformaciones de gran impacto al contratar los acusados obras con maquinaria pesada. Como muestra, un atestado del 16 de abril de 1997, en el que un agente contabiliza "siete tractores roturando terrenos del marjal y dos m¨¢quinas retroexcavadoras dragando un canal". En agosto del a?o siguiente, el mismo agente calcul¨® que se hab¨ªan depositado en una zona del parque "unos veinticinco camiones de tierra, piedra y escombros procedentes de reforma de v¨ªa asfaltada" y se hab¨ªa abierto un nuevo camino de cinco metros de ancho. Un mes despu¨¦s, otro guardia civil exhibi¨® un auto judicial para intentar evitar que las retroexcavadoras de la empresa Ruzafa, SL, abrieran un canal y construyeran un muro en el r¨ªo Racons. No hubo manera.

"En conclusi¨®n", como dice la sentencia, de las 1.250 hect¨¢reas del parque natural de Pego-Oliva, se da?aron directamente 600 hect¨¢reas de la zona h¨²meda, "pero result¨® afectada la totalidad de la misma". La factura, de confirmarse la sentencia en el Tribunal Supremo, ascender¨¢ a 1,2 millones de euros, a pagar por Pascual y Orihuel. Si ¨¦stos no pueden, el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes deber¨¢n hacerse cargo del coste de restaurar el parque, tras haber invertido a?os en su desaparici¨®n.