Chile revisa los cr¨ªmenes del pasado

El general Juan Emilio Cheyre suele cultivar un estricto bajo perfil y no prodiga las declaraciones p¨²blicas. Sorprendentemente, el comandante en jefe del Ej¨¦rcito chileno, heredero del cargo que ocup¨® Augusto Pinochet durante 25 a?os, ha roto el silencio para criticar la actuaci¨®n del Congreso. El general ha dicho que est¨¢ "desesperanzado" porque la discusi¨®n parlamentaria del proyecto de ley sobre derechos humanos que el presidente Ricardo Lagos anunci¨® en agosto no avanza, y ha responsabilizado de la demora a "sectores indiferentes y grupos de presi¨®n", sin dar mayores detalles. Las reacciones a las palabras del general no se han hecho esperar.

La presidenta de la C¨¢mara de Diputados, Isabel Allende, ha replicado al general Cheyre al afirmar que no hay ning¨²n estancamiento, y que lo que est¨¢ haciendo el Parlamento es escuchar, dialogar y buscar consensos. "Aqu¨ª no hay que olvidar que ha habido las m¨¢s graves violaciones de derechos humanos, asesinatos y otros atropellos", ha dicho la presidenta de la C¨¢mara baja. "Lo menos que se puede hacer es escuchar a toda la ciudadan¨ªa y eso est¨¢ lejos de interpretarse como presiones".

Lo que se plante¨® inicialmente como el intento de esclarecer el paradero de miles de detenidos-desaparecidos durante la dictadura, y resolver una asignatura pendiente en la sociedad chilena, ha derivado en una agria pol¨¦mica sobre los derechos humanos y ha reabierto el viejo dilema sobre verdad y/o justicia a la hora de resolver los casos.

El 12 de agosto pasado, ante el 30? aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el presidente Lagos se dirigi¨® al pa¨ªs y propuso tres proyectos de ley para eliminar los antecedentes penales de los antiguos represaliados, reparar a las v¨ªctimas e incentivar la entrega de informaci¨®n sobre los desaparecidos.Las organizaciones de derechos humanos miraron con recelo la iniciativa presidencial. "Siempre hemos dicho que el tema no tiene soluci¨®n legislativa. Lo ¨²nico que se puede conseguir por esta v¨ªa es m¨¢s impunidad", se?ala Nelson Caucoto, abogado de causas tan emblem¨¢ticas como el asesinato del cantante V¨ªctor Jara en el Estadio Nacional, los ¨²ltimos resistentes en el Palacio de la Moneda el d¨ªa del golpe o el asesinato de 12 militantes del brazo armado del PC en la llamada Operaci¨®n Albania (1987).

El m¨¢s controvertido de los tres proyectos es, sin duda, el ofrecimiento de inmunidad a los militares involucrados que aporten informaci¨®n relevante sobre el paradero de los desaparecidos. Como integrante del equipo jur¨ªdico de FASIC, organizaci¨®n no gubernamental que hered¨® las causas de la Vicar¨ªa de la Solidaridad y referente en la defensa de los derechos humanos, Caucoto fue convocado al Palacio de la Moneda por el ministro del Interior, Jos¨¦ Miguel Insulza, e invitado a la C¨¢mara de Diputados. "Dijimos que no nos gustaba el ofrecimiento de inmunidad a los informantes, porque viola todos los tratados de derechos humanos y omite el Derecho Internacional, que oper¨® a la perfecci¨®n cuando detuvieron a Pinochet en Londres", explica Caucoto.

Las opiniones de los abogados y de las organizaciones humanitarias tuvieron eco en varios congresistas, sobre todo del Partido Socialista, que propusieron sustituir el concepto de inmunidad por la aplicaci¨®n de atenuantes a los informantes (autores, colaboradores o encubridores) sobre el paradero de los desaparecidos. Este mismo sector de parlamentarios sostiene que la ley de amnist¨ªa aprobada por el r¨¦gimen de Pinochet para garantizar la impunidad de sus funcionarios es de nula aplicaci¨®n. Como era de esperar, los partidos de derecha rechazaron los nuevos planteamientos y defendieron la propuesta inicial del Gobierno. La discusi¨®n qued¨® empantanada.

As¨ª estaban las cosas cuando el general Cheyre destap¨® la caja de los truenos el jueves pasado. Al salir del Palacio de los Tribunales, adonde acudi¨® para saludar al nuevo presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, el comandante en jefe critic¨® a los legisladores en estos t¨¦rminos: "El Ej¨¦rcito lo ¨²nico que quiere es que las v¨ªctimas no vivan un duelo permanente y que los procesados, muchos de los cuales pueden ser inocentes, no sufran venganza. Y para eso se necesitan disposiciones, porque es raro que no avancen desde que est¨¢n en agosto por una propuesta presidencial". A buen entendedor pocas palabras bastan, y las del general Cheyre denotaban el malestar en las filas castrenses por el continuo desfile de militares ante la Justicia y el procesamiento de 300 oficiales retirados y en activo.

El Ej¨¦rcito tiene prisa por cerrar un cap¨ªtulo que lleva abierto 30 a?os en Chile. Y el Gobierno tambi¨¦n. "No es una tarea f¨¢cil", sostiene el abogado Caucoto, "porque el futuro democr¨¢tico de Chile depender¨¢ en buena medida de c¨®mo se resuelva el problema de los graves cr¨ªmenes que se cometieron". La detenci¨®n de Pinochet en Londres (octubre de 1998) marc¨® el comienzo de una etapa nueva, que ha permitido un vuelco espectacular en la acci¨®n de los jueces en Chile. Desde hace tres a?os, la Corte Suprema no ha sobrese¨ªdo ninguna causa contra militares por aplicaci¨®n de la amnist¨ªa, y en todas las contiendas de competencia la Justicia civil se ha impuesto a la militar.

El avance de la acci¨®n judicial en Chile ha tenido un l¨ªmite: Pinochet no ha sido juzgado en su pa¨ªs. Pinochet ha probado que sigue siendo intocable en Chile, pero como contrapartida el poder judicial ha dado se?ales de que por debajo del jefe todos pueden ser citados por los tribunales. Algo impensable hasta la ejecuci¨®n de la orden dictada por el juez Baltasar Garz¨®n.