El TSJ investiga el convenio urban¨ªstico de Alperi con los harineros

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano est¨¢ investigando el controvertido convenio urban¨ªstico que suscribi¨® el alcalde de Alicante, el popular Luis D¨ªaz Alperi, con dos industriales harineros, seg¨²n el cual, el Ayuntamiento cedi¨® a los empresarios suelo p¨²blico de gran valor inmobiliario como indemnizaci¨®n por el traslado de dos viejas f¨¢bricas, en un espacio donde hay proyectadas viviendas de lujo. Para la oposici¨®n es un "claro trato de favor".

La secci¨®n segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ admiti¨® a tr¨¢mite una demanda del grupo municipal socialista contra el acuerdo que aprob¨® el convenio, en el marco de un plan parcial denominado 1/2 Benal¨²a Sur. Fuentes del TSJ aseguran que el contencioso se encuentra en estos momentos en fase de formulaci¨®n de la demanda y personaci¨®n del demandado (el Ayuntamiento de Alicante).

El Ayuntamiento ya ha remitido el expediente administrativo completo que le ha reclamado el TSJ, y el alcalde ha firmado una providencia emplazando a los dos empresarios, Antonio Bufort y Jos¨¦ Cloquell, a que se personen en los autos.

La controversia estall¨® en el Ayuntamiento de Alicante al final de la tramitaci¨®n del plan parcial Benal¨²a Sur, cuyo suelo, ocupado hist¨®ricamente por naves industriales y ahora de gran valor inmobiliario, pasa a convertirse en residencial. El alcalde alicantino firm¨® un convenio urban¨ªstico con los titulares de dos industrias incluidas en ese sector para que desmantelaran sus factor¨ªas y, con el pretexto de evitar posibles litigios con otros propietarios en la reparcelaci¨®n de la zona, les indemniz¨® cedi¨¦ndoles suelo p¨²blico.

El regidor sustent¨® esa cesi¨®n con un lac¨®nico informe de legalidad, precario hasta el punto que el secretario municipal se neg¨® a firmarlo. La oposici¨®n consider¨® el convenio nulo de pleno derecho y arbitrario. "Un regalo a los harineros", coincidieron todos los grupos municipales de la oposici¨®n.

Los antecedentes del convenio no eran muy favorables para justificarlo. El representante de una de las factor¨ªas, Francisco Bufort, present¨® dos alegaciones al plan parcial y pidi¨® que las f¨¢bricas harineras, que est¨¢n fuera de ordenaci¨®n desde 1970, se consideraran sometidas a una vinculaci¨®n singular e indemnizadas por los derechos que no puedan patrimonializar. El director de Planeamiento municipal respondi¨® oficialmente a esa petici¨®n: no existe motivo alguno para indemnizar.

En contra de ese criterio t¨¦cnico, el alcalde suscribi¨® el convenio urban¨ªstico con los titulares de las harineras para indemnizarles. As¨ª, de facto, unas viejas edificaciones que apenas albergaban actividad productiva eran legalizadas urban¨ªsticamente e indemnizadas con dinero p¨²blico.

Con los votos mayoritarios del PP y contrarios de la oposici¨®n en bloque el convenio se aprob¨® en una sesi¨®n plenaria de enero de 2003.

Mientras tanto, las industrias que D¨ªaz Alperi pretende indemnizar para compensar un supuesto traslado de sus actividades fabriles, se han convertido en sedes de empresas inmobiliarias, cuyos titulares son los firmantes del convenio con el alcalde. ?stos crearon una empresa urbanizadora en febrero de 2003 para sacar provecho a sus terrenos.

El Grupo Socialista maneja un informe pericial elaborado por un equipo de arquitectos que cifra en unos 31 millones de euros el beneficio que sacar¨¢n los dos empresarios con los terrenos p¨²blicos que les "ha regalado" el alcalde. El informe, encargado por el PSPV local, consta de 111 p¨¢ginas y analiza paso por paso la operaci¨®n que el alcalde firm¨® con los industriales. Seg¨²n los socialistas, del informe se desprende que el convenio por el que Luis D¨ªaz Alperi cedi¨® 10.200 metros cuadrados de techo edificable a las empresas harineras es un "pelotazo de primer orden".

En un debate plenario, Luis D¨ªaz Alperi defendi¨® su convenio como "positivo" para el inter¨¦s general, y desvel¨® que en la negociaci¨®n con los industriales fue "de farol, como el mus", para rebajar la cantidad de metros p¨²blicos a ceder y ahorrar as¨ª dinero de las arcas p¨²blicas.