El riesgo de Kioto
La protecci¨®n del medio ambiente es una prioridad de los Gobiernos de los pa¨ªses industrializados. Hacer compatible ese objetivo con la preservaci¨®n del crecimiento econ¨®mico y del empleo es una tarea menos f¨¢cil. A diferencia de EE UU, Rusia o China, la Uni¨®n Europea suscribi¨® el Protocolo de Kioto, que obliga a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero, y fue m¨¢s all¨¢ al comprometerse a rebajarlas en un 8% para 2012 en relaci¨®n a las cifras de 1990. El Gobierno espa?ol fue a¨²n m¨¢s papista y acept¨® reducirlas en un 15%. Ahora, tras haber incrementado esas emisiones en los ¨²ltimos a?os cerca de un 40%, las autoridades espa?olas se enfrentan a la asunci¨®n de los costes derivados de su necesaria reducci¨®n y a la distribuci¨®n de los mismos entre los sectores industriales emisores de esos gases. De no mediar alteraci¨®n de ese compromiso, las consecuencias adversas ser¨¢n importantes en diversos sectores (el¨¦ctrico, sider¨²rgico, papelero, refiner¨ªas, cemento, cer¨¢mica, transportes...) y, en definitiva, sobre el crecimiento y el empleo.
La alternativa que tienen los Estados y las empresas que emiten m¨¢s gases de los asignados es comprar derechos de emisi¨®n a los que contaminan menos. Y es en esta distribuci¨®n, primero entre pa¨ªses y luego entre sectores industriales y empresas concretas, donde se han agudizado los problemas para Espa?a. Primero porque nuestro Gobierno debi¨® curarse en salud mucho m¨¢s de lo que lo hizo, dado nuestro menor desarrollo econ¨®mico. El hecho de que nuestra econom¨ªa haya crecido m¨¢s que las restantes europeas en estos ¨²ltimos a?os, y lo haya hecho con una menor eficiencia energ¨¦tica, pasa ahora una factura que, parad¨®jicamente, pueden cobrarse econom¨ªas m¨¢s ricas (que emiten m¨¢s gases por habitante que Espa?a), pero con un menor crecimiento, como Alemania o Francia.
El Gobierno espa?ol deber¨ªa informar del an¨¢lisis de las consecuencias de los compromisos adquiridos, de la distribuci¨®n de sus costes y, no menos importante, de las actuaciones destinadas a procurar que no se paralice la necesaria convergencia en el nivel de vida de los espa?oles. El emplazamiento no es precisamente a largo plazo: el 31 de marzo deber¨ªan estar decididas las cantidades a emitir por cada sector y analizadas sus consecuencias.
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