El Tribunal Superior de Justicia obliga a la Consejer¨ªa de Agricultura a pagar 90.000 euros a 15 apicultores

La Uni¨® de Llauradors inform¨® ayer de su primer triunfo judicial en el pulso que mantiene con la Consejer¨ªa de Agricultura en relaci¨®n con los decretos contra la polinizaci¨®n cruzada en las plantaciones de c¨ªtricos (para evitar la aparici¨®n de semillas en la fruta). La organizaci¨®n agraria asegur¨® que la secci¨®n tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia en la que "obliga" a la Consejer¨ªa de Agricultura a pagar a 15 apicultores 88.000 euros en concepto de ayudas que en su momento les fueron denegadas.

Las ayudas refieren al a?o 2000 y la sentencia al recurso presentado por la Uni¨® contra la orden y el decreto de ese a?o. Recurso que se repiti¨® en 2001, 2002 y 2003 y que tiene previsto presentar de nuevo este a?o. La organizaci¨®n explic¨® ayer que basa su recurso "en la vulneraci¨®n del principio de confianza leg¨ªtima y de seguridad jur¨ªdica al aplicar retroactivamente una disposici¨®n general [Decreto 33/2000 para limitar la polinizaci¨®n cruzada entre plantaciones de c¨ªtricos]" en la que se establec¨ªa " incorrectamente", que su incumplimiento conllevar¨ªa la p¨¦rdida de la condici¨®n de beneficiario de todas las ayudas pedidas para 2000. Muchas de esas ayudas, continuaba la organizaci¨®n agraria en el comunicado difundido, "se hab¨ªan solicitado antes" de la publicaci¨®n del citado decreto.

Los recursos presentados se fundamentan, asimismo, en que esas normativas dejan sin posibilidad de indemnizaci¨®n a las colmenas de los apicultores que se incorporan a la actividad despu¨¦s del 31 de enero de 2001, lo que dificulta el relevo generacional "necesario para la viabilidad de cualquier sector".

La sentencia del TSJ deja sin efecto dichas resoluciones "por ser contrarias al ordenamiento jur¨ªdico" y reconoce el derecho de los 15 agricultores de la Uni¨® a obtener las ayudas solicitadas y tambi¨¦n a recibir los correspondientes intereses legales. La organizaci¨®n agrarias defendi¨® que con esta sentencia "se demuestra" que la Consejer¨ªa de Agricultura "fue m¨¢s all¨¢ de la legalidad" al aplicar la normativa "e incluso ocult¨® hechos constatados al propio TSJ".

La Consejer¨ªa de Agricultura asegur¨® ayer desconocer el contenido de la citada sentencia.