Una ley in¨²til

Pese a la confianza expresada por diversas personas, no creo que la denuncia interpuesta contra la empresa que ha destrozado el poblado ¨ªbero de El Oral resuelva nada. Desde luego, es imposible que puedan recuperarse los restos arqueol¨®gicos que las excavadoras se han llevado por delante. Eso no tiene remedio y debemos resignarnos. Aunque tampoco conf¨ªo en que los causantes del arruinamiento sean reprendidos o sancionados alg¨²n d¨ªa. Es posible que, tras el eco obtenido por el suceso en la prensa, la acusaci¨®n siga adelante por un tiempo pero, en un punto u otro del trayecto, el suceso se desvanecer¨¢ y no oiremos hablar m¨¢s de ¨¦l. Ya lo ver¨¢n ustedes. En el momento m¨¢s impensado, se descubrir¨¢ que al expediente le falta un papel, una p¨®liza, un sello, una firma, cualquier cosa que permita demostrar que ?ridos Starmis no actu¨® de mala fe. Al menos, as¨ª ha sucedido, hasta ahora, cada vez que se ha intentado aplicar la ley de Patrimonio.

Y es que, en mi opini¨®n, la ley no pretende tanto proteger los restos del pasado como salvaguardar a nuestros gobernantes de las cr¨ªticas que se les pudieran formular. ?sa ha sido, por lo dem¨¢s, una manera frecuente de legislar en la Comunidad Valenciana durante los a?os pasados. De ese modo, si alguien denunciaba que el patrimonio valenciano se encontraba descuidado o recib¨ªa poca atenci¨®n, se le respond¨ªa de inmediato que tal cosa era imposible. Y efectivamente, eso es as¨ª: la Comunidad Valenciana dispone, al d¨ªa de hoy, de unas normas inmejorables para defender su patrimonio. El problema estriba en que, tan pronto abandonan las p¨¢ginas del Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, esas normas se degradan y pierden su utilidad.

De haber querido nuestros gobernantes amparar de una manera eficaz el patrimonio, hubiera sido m¨¢s adecuado fomentar el respeto hacia el mismo. Confiar su protecci¨®n a unas leyes de improbable cumplimiento resulta, cuanto menos, arriesgado. Si el ciudadano desconoce el inter¨¦s real de esas piedras, continuar¨¢ actuando con la indiferencia que lo ha hecho hasta ahora. Ahora bien, esos h¨¢bitos, muy arraigados entre nosotros, no se modifican de la noche a la ma?ana. Para transformar esas conductas se precisa perseverancia y tiempo y, sobre todo, el ejemplo de las autoridades. Son ellas las que con su actuaci¨®n influyen en los ciudadanos. Y aqu¨ª es donde las cosas acostumbran a fallar.

Si tuvi¨¦ramos que juzgar la importancia del patrimonio de Alicante por la consideraci¨®n que le merece al gobierno municipal, no le atribuir¨ªamos ning¨²n valor. Al contrario, lo considerar¨ªamos un molesto estorbo para el desarrollo de la ciudad. En este asunto, la actuaci¨®n del Ayuntamiento alicantino ha consistido en una permanente aniquilaci¨®n de cualquier vestigio que supusiera un inconveniente para edificar. Por diferentes motivos, se ha considerado que el crecimiento urbano y la conservaci¨®n del patrimonio eran incompatibles y, en una actitud muy comprensible, se ha optado por el primero. La destrucci¨®n sistem¨¢tica de las torres de la Huerta ilustra perfectamente la situaci¨®n que se ha producido. Ante esos resultados tan admirables, es ocioso preguntarse sobre la utilidad de una ley de Patrimonio.