Michavila admite retrasos en la creaci¨®n del registro ¨²nico de violencia dom¨¦stica
El ministro ignora los posibles beneficios de familiares suyos en una sociedad participada tambi¨¦n por un hermano de Carlos Fabra
A pesar de que se anunci¨® como inminente el pasado diciembre, el registro ¨²nico nacional sobre violencia dom¨¦stica no est¨¢ en marcha y tardar¨¢ porque queda por pronunciarse el Consejo Jur¨ªdico Consultivo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). As¨ª lo admiti¨® ayer Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, ministro de Justicia, quien afirm¨® que ignoraba cualquier beneficio fiscal de familiares suyos asociados con un hermano de Carlos Fabra.
"No tengo nada qu¨¦ decir, desconozco a qu¨¦ se refiere", afirm¨® el ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, al ser preguntado sobre los beneficios fiscales obtenidos por familiares suyos que comparten sociedad de gesti¨®n de inversi¨®n con Jos¨¦ Alberto Fabra, hermano del presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra. Michavila asegur¨® desconocer que familiares suyos formen parte de la sociedad Tehys Inversiones, en Castell¨®n, en cuyo consejo de administraci¨®n coinciden con Jos¨¦ Alberto Fabra.
De lo que s¨ª habl¨® Michavila fue del registro de violencia dom¨¦stica de ¨¢mbito nacional, una iniciativa que present¨® su ministerio el pasado diciembre en la Ciudad de la Justicia, que anunci¨® como "inminente" y que dio como "probable" para el pasado enero y que no ha empezado a funcionar. Seg¨²n el titular de Justicia "quedan pendientes los informes jur¨ªdicos, entre ellos el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "tras lo que podremos poner en marcha la iniciativa", dijo. El proyecto pretende crear una base de datos con los asuntos de violencia dom¨¦stica, accesible desde cualquier oficina judicial del territorio espa?ol. Ese fondo partir¨¢ de cero e ignorar¨¢ los datos acumulados por otros registros, como el Vida o el de Fiscal¨ªa.
El ministro tambi¨¦n admiti¨® que el convenio que hace escasamente diez d¨ªas firm¨® en el Palau de la Generalitat con los alcaldes de Valencia, Alicante, Castell¨®n y Elche para la aplicaci¨®n de juicios r¨¢pidos en materia de tr¨¢fico -en cuyo acto estuvieron quienes ayer le acompa?aban en la comparecencia ante los medios de comunicaci¨®n en la Delegaci¨®n de Gobierno tras reunirse con responsables de la Administraci¨®n, las polic¨ªas y la Guardia Civil, como eran el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el consejero de Justicia, V¨ªctor Campos, y el delegado del Gobierno, Juan Cotino- no sabe cu¨¢ndo entrar¨¢ en vigor porque "depende de que se vaya formando a los polic¨ªas locales en esa materia de juicios r¨¢pidos".
En el d¨ªa en que se cumpl¨ªan los diez meses de puesta en marcha de los juicios r¨¢pidos, Michavila cuantific¨® los celebrados en el conjunto del Estado en 162.668, de los que 18.069 se han visto en la Comunidad Valenciana. El ministro neg¨® que los juicios r¨¢pidos lesionaran el derecho a la defensa como afirman voces cr¨ªticas desde la abogac¨ªa, y admiti¨® que entre el 35% y 40% de las causas que entran como juicio r¨¢pido son conformidad, al tiempo que se?al¨® que entre el 15% y el 20% del total sufre cambios en la calificaci¨®n inicial sobre los hechos.
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