Respuesta integral

Los socialistas van a hacer honor a su compromiso de que la primera iniciativa legislativa del nuevo Gobierno sea la remisi¨®n al Parlamento de un proyecto de ley integral contra la violencia de g¨¦nero. Es de esperar que el PP apoye ahora una propuesta que rechaz¨® en la pasada legislatura s¨®lo porque la presentaba la oposici¨®n.

La justificaci¨®n de una ley integal contra la violencia dom¨¦stica radica en el car¨¢cter transversal de este fen¨®meno y en la multipicidad de sus causas y efectos. La respuesta institucional debe ser, por tanto, globlal, con decisiones que tengan fuerza de ley y con la m¨¢xima implicaci¨®n de todos los poderes p¨²blicos. Algunas de las medidas adoptadas por los Gobiernos del PP en este campo, como la orden de protecci¨®n inmediata a las mujeres maltratadas, ya intentan responder a ese car¨¢cter multiforme, pero se circunscriben al terreno exclusivo de la respuesta judicial. Lo mismo ocurre con la creaci¨®n del registro central de denuncias de maltrato que pueda ofrecer de inmediato a jueces, fiscales y polic¨ªa judicial todos los datos necesarios para actuar con rapidez en el caso investigado.

La premisa de la que parte la ley integral es que el maltrato no se combate s¨®lo con el C¨®digo Penal; que las causas ¨²ltimas del mismo est¨¢n en un modelo de sociedad que sigue situando a la mujer en posiciones de sumisi¨®n al hombre. Si no fuera as¨ª no se entender¨ªa la limitada eficacia de los planes de choque puestos en marcha desde 1997, orientados sobre todo al castigo de los maltratadores, que no han impedido el balance tr¨¢gico de 70 v¨ªctimas mortales durante 2003 y las trece contabilizadas ya en el presente a?o.

La creaci¨®n de una Delegaci¨®n de Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero, prevista en la propuesta socialista y confirmada en la campa?a electoral por Zapatero, simboliza el compromismo institucional que se quiere otorgar a la lucha contra la violencia dom¨¦stica. Puede ser tambi¨¦n una herramienta indispensable para coordinar esfuerzos, no s¨®lo entre departamentos ministeriales, sino entre administraciones: estatal, auton¨®mica y municipal. Pero el principal desaf¨ªo est¨¢ en el sistema educativo, en el que la propuesta socialista prev¨¦ la inclusi¨®n de una materia sobre la igualdad de sexos, y en aquellos ¨¢mbitos productivos y comerciales en los que la mujer sigue recibiendo un trato desigual e incluso vejatorio.