El Supremo de EE UU debate los l¨ªmites en la lucha antiterrorista

Rumsfeld vs. Padilla, 03-1027 y Hamdi vs. Rumsfeld, 03-6696. En los casos que llevan ese nombre y n¨²mero de expediente que ayer escuch¨® el Tribunal Supremo de EE UU se condensa todo el debate abierto desde el 11-S para encontrar el equilibrio entre las medidas para proteger la seguridad nacional y los derechos y libertades que garantiza la Constituci¨®n estadounidense. Lo que diferencia estos casos del pol¨¦mico limbo jur¨ªdico de los detenidos en Guant¨¢namo es un dato fundamental: ambos son ciudadanos norteamericanos.

Jos¨¦ Padilla, de 33 a?os, es un puertorrique?o nacido en Brooklyn, Nueva York, convertido al islam en la c¨¢rcel y sospechoso de actividades terroristas. Fue detenido en mayo de 2002 en el aeropuerto de Chicago, procedente de Egipto, donde viv¨ªa. Un mes despu¨¦s, el presidente Bush le declar¨® "combatiente enemigo", como a los que apoyaron con las armas a los talibanes y a Al Qaeda.

Yaser Esam Hamdi, de 23 a?os e hijo de un saud¨ª empleado en la industria petrolera en Luisiana, naci¨® en EE UU, aunque se cri¨® fuera del pa¨ªs, en Oriente Pr¨®ximo. Fue detenido en Afganist¨¢n hace algo m¨¢s de dos a?os y encarcelado en Guant¨¢namo, de donde sali¨® m¨¢s tarde al comprobarse su nacionalidad. Tambi¨¦n fue declarado "combatiente enemigo". Tanto Padilla como Hamdi est¨¢n en una c¨¢rcel militar de Carolina del Sur. Hace poco tuvieron acceso a sus abogados y supieron que su caso iba a ser atendido por el Supremo.

?Cu¨¢les son los l¨ªmites del voto del Congreso, despu¨¦s del 11-S, d¨¢ndole al presidente plena autoridad en la guerra contra el terrorismo? ?Tienen Padilla y Hamdi derecho a ser tratados como lo que son, como ciudadanos, o la calificaci¨®n de combatiente enemigo anula la ciudadan¨ªa? ?Tienen el derecho que todo el mundo tiene a conocer los cargos que hay en su contra y a ser juzgados por los tribunales? Seg¨²n el Gobierno, no. Seg¨²n sus abogados, s¨ª. El Supremo deber¨¢ fallar los casos -que sentar¨¢n precedentes de enorme importancia- en junio. Lo que hicieron ayer sus nueve magistrados fue escuchar los argumentos de los dos campos.

En palabras de Jennifer Mart¨ªnez, abogada de Padilla, la Casa Blanca se ha excedido en el tratamiento de los estadounidenses detenidos y tratados con arreglo a la Ley Patri¨®tica y a las normas aprobadas despu¨¦s del 11-S: "Nunca antes este tribunal ha dado a un presidente un cheque en blanco para hacer lo que quiera". La acusaci¨®n contra Padilla es que "particip¨® en un compl¨® para atacar a EE UU mediante la explosi¨®n de una bomba sucia radiactiva". La trama se habr¨ªa establecido en Afganist¨¢n y Pakist¨¢n, a trav¨¦s de contactos con miembros de Al Qaeda que habr¨ªan ense?ado a Padilla el manejo de explosivos.

Seg¨²n Paul Clement, que habl¨® ante el Supremo en nombre del Gobierno, el presidente tiene poderes suficientes, concedidos por el Congreso, "para perseguir y detener terroristas y descabezar posibles amenazas dentro y fuera de EE UU". En su opini¨®n, Padilla es la versi¨®n americana de Mohamed Atta [el supuesto l¨ªder de los 19 terroristas suicidas que secuestraron los aviones el 11-S].

Pero las facultades dadas por el Congreso, el poder general para luchar contra el terrorismo, necesitan utilizarse con criterio, con limitaciones, seg¨²n Frank Dunham, abogado de Hamdi: "Si no, tendr¨ªamos a gente encerrada en todo el pa¨ªs, sin ninguna posibilidad de ser escuchada. El Congreso no estaba a favor de que hubiera detenciones indefinidas e indiscriminadas", asegur¨® Dunham, que insisti¨®: "Nunca hemos autorizado la detenci¨®n de un ciudadano sin darle la oportunidad de escucharle, de que pueda decir: 'Eh, soy inocente". Frente a esto, Clement desarroll¨® el argumento de que el presidente act¨²a para defender al pa¨ªs y a sus habitantes: "El Gobierno tiene autoridad para retener a combatientes enemigos ilegales para evitar que vuelvan al campo de batalla".

Ante las preguntas de los magistrados, los defensores de Padilla y Hamdi no cuestionaron la calificaci¨®n de combatiente enemigo, pero establecieron una diferencia. En palabras de Dunham, no todo detenido debe beneficiarse de los procedimientos y garant¨ªas jur¨ªdicas, pero "hablamos de un estatuto legal diferente cuando se trata de un ciudadano de EE UU".

Los casos del Supremo son seguidos muy de cerca por el Congreso, observadores pol¨ªticos y jur¨ªdicos y grupos como Amnist¨ªa Internacional, que reivindic¨® ayer que "EE UU y todo el mundo deben guiarse por el imperio de la ley; cada persona debe responder de sus delitos, pero tiene derecho a un juicio justo que determine su inocencia o culpabilidad".