Las irresponsabilidades en educaci¨®n

Las declaraciones que se han venido produciendo estos d¨ªas en torno a si se paraliza o se aplica la mal llamada Ley de Calidad de la Educaci¨®n son muestra palpable del nulo grado de consenso que se alcanz¨® con esa ley. Por un lado, inmediatamente despu¨¦s de las elecciones, se producen una serie de declaraciones por parte de las consejer¨ªas de Educaci¨®n de Catalu?a, del Pa¨ªs Vasco y Canarias anunciando que no iban a aplicar la LOCE el pr¨®ximo curso, cuando ninguna de todas ellas tiene competencias para tomar esa decisi¨®n. Por otro, las comunidades gobernadas por el PP reclamaban al PSOE, antes de que tomara posesi¨®n el nuevo gobierno, que pusiera orden, que les comunicara que respetar¨¢n las normas vigentes y que esas decisiones s¨®lo las puede tomar el Gobierno de Espa?a.

"Si el consejero quiere una educaci¨®n de calidad para todos, mejor incremente los gastos de funcionamiento de los centros"

Pues bien, cuando el nuevo presidente del gobierno anuncia en su discurso de investidura que adoptar¨¢ las medidas legales necesarias para paralizar la aplicaci¨®n de la LOCE, esas comunidades gobernadas por el PP se re¨²nen para anunciar que desarrollar¨¢n y cumplir¨¢n la ley vigente hasta que no exista otra legislaci¨®n con el mismo rango. Es decir, unos d¨ªas despu¨¦s, ya no es el gobierno de Espa?a el que ha de tomar decisiones sobre el calendario de aplicaci¨®n de la LOCE. Es el PP quien decide las leyes que se aplican o no en las autonom¨ªas que gobiernan.

Gonz¨¢lez Pons, como consejero de Educaci¨®n, nos ha brindado una serie de declaraciones sobre estos temas sin desperdicio. Tras las elecciones anunci¨® que se seguir¨ªa aplicando la LOCE en la Comunidad Valenciana, ya que el nuevo gobierno necesitar¨ªa, al menos, dos a?os para elaborar una nueva ley. Habr¨ªa que recordarle que el gobierno del PP present¨® un documento de bases de la Ley de Calidad en marzo de 2003, un texto articulado en el verano y se aprob¨® en Navidad. Es decir, en 9 meses cambi¨®, m¨¢s bien embarull¨®, toda la normativa b¨¢sica de educaci¨®n vigente. Durante el curso 2003-04 s¨®lo se ha aplicado la nueva normativa de evaluaci¨®n y promoci¨®n del alumnado, que en el caso valenciano se regul¨® mediante una orden publicada en noviembre de 2003, dos meses despu¨¦s de haber empezado el curso. En esa Orden se suprimen los programas de diversificaci¨®n curricular a pesar del indudable ¨¦xito, reconocido por todos los sectores de la comunidad educativa, que han tenido estos programas.

El Sr Gonz¨¢lez Pons ha hecho caso omiso del ¨¦xito de estos programas, del important¨ªsimo n¨²mero de alumnos y alumnas que, gracias a su existencia, ha obtenido el t¨ªtulo de graduado, para continuar estudios de formaci¨®n profesional, bachillerato e incluso universitarios. A pesar de todo, ha utilizado la autonom¨ªa que ahora reclama, sus competencias en estos temas, para copiar la normativa publicada por el Ministerio de Educaci¨®n para Ceuta y Melilla y suprimirlos.

Despu¨¦s nos anuncia que va a publicar la nueva normativa para que los directores de los centros dejen de ser elegidos por el consejo escolar y pasen a ser designados por la Administraci¨®n y que tambi¨¦n va a publicar los nuevos curr¨ªculos de las diferentes etapas educativas, aunque sabe que no se van a llegar a aplicar. Y, por ¨²ltimo, tras la aprobaci¨®n por parte del Consejo de Ministros del borrador del real decreto que paraliza el desarrollo de algunos aspectos de la LOCE, nos anuncia que estudia la posibilidad de llevar ese decreto a los tribunales. Decir, adem¨¢s, que se crea un vac¨ªo normativo y que parar los aspectos anunciados atenta a la cultura del esfuerzo, al respeto a los docentes, a la mejora de la lengua y las matem¨¢ticas s¨®lo puede responder a dos motivos: o el Sr Gonz¨¢lez Pons tiene un profundo desconocimiento de la normativa vigente o en uso de su autonom¨ªa se dedica a recitar las consignas que le llegan desde la sede del PP en Madrid. ?Es ¨¦sta su forma de servir a los intereses de los valencianos?, ?es ¨¦sta su forma de no crear confusi¨®n a los alumnos y sus familias?

Toda la normativa esencial publicada por el Ministerio de Educaci¨®n es de aplicaci¨®n para el curso 2004-05 y requiere, adem¨¢s, la publicaci¨®n de su desarrollo por parte de las administraciones educativas de las CCAA. La valenciana no lo ha hecho todav¨ªa. Si al se?or consejero de Educaci¨®n le preocupa no crear confusi¨®n en la comunidad educativa, le sugiero que en la pr¨®xima reuni¨®n de la Conferencia Sectorial de Educaci¨®n plantee las cuestiones necesarias para garantizar un correcto inicio del curso 2004-05 y deje de hacer declaraciones impropias de quien dice defender los intereses de los valencianos.

A partir de ah¨ª, habr¨¢ que hacer lo que el gobierno del PP se ha negado a hacer. Un an¨¢lisis sereno, con la participaci¨®n de todos los sectores de la comunidad educativa, todos los grupos parlamentarios y las CCAA, de los principales problemas del sistema educativo y llegar al m¨¢ximo consenso posible sobre las medidas necesarias para resolverlos. Estas medidas deben ir acompa?adas de la financiaci¨®n necesaria para que se puedan aplicar en todas las CCAA y, por ¨²ltimo, establecer una nueva normativa con el m¨¢ximo consenso, para garantizar que los cambios en la estructura del sistema educativo no est¨¦n al albur de los resultados electorales.

Si de verdad el se?or consejero no quiere provocar confusi¨®n en todos los sectores educativos, es mejor que no publique nuevas normas que no se van a aplicar. Si de verdad le preocupa incrementar el n¨²mero de alumnos que obtienen el t¨ªtulo de graduado en secundaria, y, por tanto, reducir el fracaso escolar, no suprima para el curso pr¨®ximo los programas de diversificaci¨®n curricular. Si quiere garantizar una educaci¨®n de calidad para todas y para todos, mejor incremente los gastos de funcionamiento de los centros, para que no tengan que declararse en suspensi¨®n de pagos. Si de verdad no quiere que la escuela p¨²blica se convierta en subsidiaria de la privada, dirigida s¨®lo a los sectores m¨¢s desfavorecidos de la poblaci¨®n, lo consecuente es publicar la normativa necesaria para que el alumnado con dificultades, inmigrantes incluidos que requieran especial atenci¨®n, se escolarice equitativamente entre los centros p¨²blicos y los concertados. Hacer o no hacer estas cosas, es lo que demuestra su grado de responsabilidad o de irresponsabilidad en educaci¨®n.

Miguel Soler pertenece al Grupo Federal de Educaci¨®n del PSOE.