Ajuste de cuentas a los abusos urban¨ªsticos

La Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) de 1994 fue recibida con un¨¢nime complacencia. Aunque naci¨® por impulso de los socialistas, la derecha no tuvo reparo en acunarla, pues vio en este instrumento legal una f¨®rmula id¨®nea para desarmar a los propietarios recalcitrantes frente a las iniciativas urban¨ªsticas de los m¨¢s emprendedores. Al amparo de esta norma se han movilizado y revalorizado grandes cantidades de suelo edificable mediante proyectos bendecidos por la Administraci¨®n. Suelo que de otro modo hubiese quedado a menudo infrautilizado por el capricho o el c¨¢lculo de uno o varios de sus titulares, frenando el avance urbanizador. En puridad, la citada ley establece el principio aparentemente socializador de que el suelo es para quien lo trabaja, esto es, para el prepotente agente urbanizador, en dem¨¦rito de quien s¨®lo lo posee, el propietario.

Lo grave es que, a falta de un reglamento que nunca se ha promulgado, algunos de los aludidos emprendedores han aprovechado las lagunas del texto legal para abusar de muchos peque?os propietarios, inermes ante los apremios avasalladores del urbanizador. La desmesura del atropello ha sido tanta que provoc¨® la respuesta de los damnificados, encuadrados en la Asociaci¨®n Abusos Urban¨ªsticos No, liderada por Charles Svoboda, un personaje de abigarrada biograf¨ªa asentado en La Marina. A instancias de esta agrupaci¨®n, precisamente, ha visitado estos d¨ªas el Pa¨ªs Valenciano una comisi¨®n del Parlamento Europeo para verificar los excesos o desmanes cometidos. Las primeras reacciones de estos juzgadores a partir de sus indagaciones ya anticipan el severo signo condenatorio de su dictamen, como no pod¨ªa ser de otro modo.

Comprendemos que el Gobierno valenciano -pues hablamos de una ley auton¨®mica- no esperase que el conflicto llegase a interesar en Bruselas y menos aun que nos enviase una embajada inspectora. Quiz¨¢ por eso no fue sensible a los despojos que se ven¨ªan cometiendo o, si¨¦ndolo, tampoco se aplic¨® con diligencia a la promulgaci¨®n del reglamento que los hubiera limitado o impedido. En este sentido, la Generalitat ha sido c¨®mplice objetivo de los agentes urbanizadores que se pusieron la ley por montera. Un momento muy oportuno, ¨¦ste, en plena campa?a electoral europea, para recordarle al PP sus connivencias t¨¢citas con los especuladores y el desd¨¦n expreso mostrado hacia los peque?os propietarios, nacionales y extranjeros.

Por fortuna, la mencionada ley tiene los d¨ªas contados porque ya est¨¢ a punto de debatirse en Cortes la nueva Ley del Suelo en la que, es de suponer, se habr¨¢n afinado todas las garant¨ªas necesarias para que no se repitan -o no se repitan impunemente- los esc¨¢ndalos denunciados. No obstante, y hasta que entre en vigor, no ser¨ªa descabellado decretar una moratoria urban¨ªstica, tanto para atajar nuevos abusos como tambi¨¦n, y principalmente, para reflexionar acerca del estropicio arquitect¨®nico y urban¨ªstico que se ha perpetrado en el litoral valenciano y sus improbables correcciones. Sonroja leer las declaraciones de estos cualificados visitantes que, adem¨¢s de se?alar la vulneraci¨®n de los derechos constatada, denuncian escandalizados el urbanicidio que desde Torrevieja hacia el norte ha desfigurado nuestro litoral.

"?Por qu¨¦ los pol¨ªticos han permitido esto durante tantos a?os?", ha preguntado la inspectora Margot Kesller. "Esto" es tanto la extorsi¨®n legal que comentamos como la depredaci¨®n del paisaje. Y la respuesta no es otra que la doble villan¨ªa se debe en buena parte a la clase pol¨ªtica, nutrida mayormente por profesionales desahuciados o desempleados de larga duraci¨®n cuyo horizonte no es otro que sobrevivir en el cargo. Y en punto a los desafueros urban¨ªsticos otro gallo cantar¨ªa si se hubiesen metido en el trullo unas docenas de mun¨ªcipes, despu¨¦s de escudri?arles los patrimonios.

Una ¨²ltima nota: este Pa¨ªs Valenciano ya no tiene parajes exclusivos para residentes con vocaci¨®n de Robinsones, como es el caso de algunos asociados contra los abusos. Tienen sus derechos, pero no pueden impedir el avance urban¨ªstico ni la legalizaci¨®n de sus -en ocasiones- ilegales parcelas. Si quieren la soledad, el paisaje y las ventajas que otrora tuvieron aqu¨ª b¨²squense un atol¨®n en el Pac¨ªfico.