La Junta Electoral lleva al juzgado la emisi¨®n de cu?as del PP en R¨¤dio 9 por posible delito electoral

La Junta Electoral Provincial ha enviado al juzgado el expediente sobre la emisi¨®n de cu?as pagadas de publicidad electoral del PP en R¨¤dio 9, adicionales a la publicidad emitida en los espacios gratuitos que la ley determina, para que depure responsabilidades por un posible delito electoral. Adem¨¢s, ha decidido descontar los 14 minutos emitidos bajo la f¨®rmula de anuncios pagados del total de tiempo de que dispon¨ªa el PP. Por otra parte, el consejo de administraci¨®n de RTVV aprob¨® ayer la celebraci¨®n de un debate entre el PP y el PSPV el d¨ªa de cierre de campa?a si la Junta Electoral lo acepta.

"Quieren colocarnos en el dilema del prisionero", le dijo Maz¨®n a Villaescusa

El mismo debate que hace dos semanas Susana Camarero, miembro del consejo de administraci¨®n de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana (RTVV) a propuesta del PP y miembro del comit¨¦ de campa?a de dicha formaci¨®n, se neg¨® a admitir en el dise?o y reparto de los espacios electorales -posici¨®n en la que se manifest¨® igualmente el director general de RTVV, Jos¨¦ Vicente Villaescusa- sali¨® ayer adelante con los votos de los populares al tramitar en sesi¨®n plenaria una petici¨®n cursada por Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, director de campa?a del PP en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la aprobaci¨®n est¨¢ sujeta al permiso de la Junta Electoral Provincial dado que la f¨®rmula in extremis de proponer ayer un debate para que se grabe y emita ma?ana, d¨ªa de cierre de la campa?a electoral para las elecciones europeas que se celebrar¨¢n el domingo, est¨¢ fuera de la ley.

Fue Gl¨°ria Marcos, consejera a propuesta de Esquerra Unida (EU), quien acudi¨® con un estudio jur¨ªdico que demostraba la vulneraci¨®n del precepto establecido por la LOREG (Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General). El punto sexto de la instrucci¨®n del art¨ªculo 66 de la norma establece: "Los medios de comunicaci¨®n de titularidad p¨²blica que durante los periodos electorales decidan emitir debates o entrevistas con representantes de las entidades pol¨ªticas concurrentes a las elecciones, deber¨¢n ponerlo en conocimiento de la junta electoral competente con cinco d¨ªas de antelaci¨®n al inicio de la emisi¨®n de los debates y entrevistas". Materialmente resulta imposible.

Miguel Maz¨®n, consejero a propuesta del PSPV, dijo a Villaescusa: "Quieren colocarnos en el dilema del prisionero, de manera que nos reprochen cualquiera de las decisiones que tomemos: decir que no porque puede haber una ilegalidad, con lo que parecer¨ªa que rechazamos el debate; o atraernos a una posible vulneraci¨®n de la ley". Y agreg¨®: "El PSPV acepta, quiere y propone los debates, cuantos m¨¢s mejor". Es por ello que los representantes del PP aceptaron la f¨®rmula, ante la posibilidad de incurrir en un delito electoral al grabar y emitir un debate sin ajustarse a lo que establece la normativa en cuanto a tiempo, de enviar de forma urgente la solicitud a la Junta Electoral para que se pronuncie y no emitirlo si no da el visto bueno (lo que afecta a la grabaci¨®n del mismo y a las cu?as publicitarias sobre el debate). A pesar de aceptar esa f¨®rmula, tanto los representantes del PSPV como de EU votaron en contra de la propuesta original presentada.

Gl¨°ria Marcos explic¨® que la propuesta presentada ante el consejo "demuestra la instrumentalizaci¨®n sin pudor de la televisi¨®n p¨²blica en favor de intereses particulares, ya que hace dos semanas no quer¨ªan ni o¨ªr hablar de debates en ninguna de sus formas". Pero adem¨¢s precis¨® que "la ilegalidad es m¨²ltiple, vulnera la LOREG en cuanto al tiempo establecido para comunicar la celebraci¨®n del debate, en cuanto al tiempo porque a?ade unilateralmente una hora de espacio electoral que se reparten dos partidos, y en lo que se refiere al principio de neutralidad y pluralidad". La celebraci¨®n del debate entre un representante del PP y uno de PSPV queda pues pendiente de la decisi¨®n de la Junta Electoral Provincial.

En lo que s¨ª ha tomado ya una decisi¨®n ha sido respecto de la denuncia por las cu?as pagadas de propaganda electoral que R¨¤dio 9 ha venido emitiendo, cuya responsabilidad recae sobre el director de la emisora p¨²blica, Jes¨²s Wolstein. Ser¨¢ ¨¦l quien tenga que declarar ante un juez despu¨¦s de que la Junta Electoral acordara remitir el expediente por entender que se ha cometido "una infracci¨®n de las normas legales en materia de actos p¨²blicos de propaganda electoral" y que se deben "depurar las posibles responsabilidades en que se hubiera podido incurrir".