Pol¨ªtica penitenciaria: una pol¨ªtica social

Hace unos d¨ªas, el Departamento de Justicia de la Generalitat present¨® sus objetivos en materia de pol¨ªtica penitenciaria para el periodo comprendido entre 2004 y 2007. Consciente de la necesidad de buscar el m¨¢ximo consenso social y pol¨ªtico, antes de su presentaci¨®n, el departamento consider¨® conveniente someterlos a la evaluaci¨®n de una comisi¨®n de personalidades con un amplio reconocimiento social, pol¨ªtico, jur¨ªdico y acad¨¦mico. Han formado parte de esta comisi¨®n el ex presidente del Parlament de Catalunya, Joan Rigol; el que fue consejero de Sanidad y posteriormente de Interior Xavier Pom¨¦s; el ex fiscal antidroga Carlos Jim¨¦nez Villarejo; la catedr¨¢tica de Derecho penal de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, Merc¨¨ Garc¨ªa Aran; el presidente de la Secci¨®n novena de la Audiencia de Barcelona, Gerard Tom¨¤s, y la abogada penalista Olga Tubau.

El consejero de Justicia, Josep Maria Vall¨¨s, quiso que el documento fuera precedido de una cita de Winston S. Churchill del a?o 1910, cuando era ministro de Interior en el Reino Unido. La cita es larga y, por eso, s¨®lo extraer¨¦ de ella su inicio: "El comportamiento y la reacci¨®n de la opini¨®n p¨²blica respecto del delito y de los delincuentes es una de las pruebas m¨¢s infalibles de la civilizaci¨®n de una sociedad".

Han pasado casi 100 a?os desde la cita de quien ha sido uno de los grandes estadistas del siglo XX y podemos comprobar el camino que a¨²n nos queda por recorrer en la necesaria pedagog¨ªa que haga entender, tal como se indica en el documento al que me he referido, que la pol¨ªtica penitenciaria es una pol¨ªtica social, una parte important¨ªsima de las pol¨ªticas sociales del Estado de bienestar que el Gobierno de la Generalitat tiene que definir y llevar a cabo. Con estas pol¨ªticas tienen que promoverse las condiciones necesarias para el desarrollo de los derechos de todos los ciudadanos y la eliminaci¨®n de los obst¨¢culos que se interpongan al establecimiento de la necesaria cohesi¨®n social que se?ala el art¨ªculo 9.2 de la Constituci¨®n para posibilitar a la vez la funci¨®n reeducadora y resocializadora de la pena que marca el art¨ªculo 25.2 del mismo texto constitucional. Pero m¨¢s all¨¢ del mandato legal, la asunci¨®n de estas pol¨ªticas es tambi¨¦n el imperativo de una tradici¨®n pol¨ªtica de orientaci¨®n progresista que apuesta por el desarrollo de todas las dimensiones de la persona humana, sin ning¨²n tipo de excepci¨®n, ni siquiera la de las personas condenadas por haber vulnerado las normas de convivencia, que eso son en definitiva las leyes penales.

La difusi¨®n de la funci¨®n social penitenciaria es una obligaci¨®n del Gobierno del pa¨ªs, pero es tambi¨¦n una exigencia del buen gobierno del conjunto de las administraciones p¨²blicas catalanas.

Esta difusi¨®n es muy necesaria porque incluso personas, colectivos o partidos que se autodefinen como progresistas, se resisten a veces a aceptar que la funci¨®n penitenciaria es una funci¨®n que una comunidad democr¨¢tica tiene que asumir como parte de sus obligaciones, y que esta funci¨®n tiene que hacerse en condiciones materiales y organizativas adecuadas.

Hace pocos meses, el profesor D¨ªaz Ripoll¨¨s, catedr¨¢tico de Derecho penal de la Universidad de M¨¢laga, hablaba del "pavor electoralista" de la izquierda espa?ola en relaci¨®n con la materia penitenciaria. Es hora, pues, de abandonar el electoralismo y de gobernar con pleno respeto a las convicciones, abandonando el populismo que en materia penal y penitenciaria ha condicionado con demasiada frecuencia las pol¨ªticas de las diferentes administraciones. Conviene denunciar el electoralismo que se oculta en la reclamaci¨®n de rigor penitenciario, que muchas veces se combina con el rechazo a aceptar la necesidad de dedicar recursos y equipamientos a una funci¨®n penitenciaria bien ordenada. Un rechazo que a menudo enmascara intereses de poco inter¨¦s social.

Por eso, desde el Gobierno de Catalu?a queremos dar un nuevo impulso, con nuevas orientaciones y directrices, a la tarea realizada en los ¨²ltimos a?os en materia penitenciaria. Avanzar hacia un gran acuerdo interinstitucional para la reinserci¨®n social, afrontando las causas y las circunstancias anteriores y posteriores al internamiento en la prisi¨®n; profundizar en los programas de intervenci¨®n con los internos y potenciar los elementos de trabajo productivo y de formaci¨®n profesional en los centros; aumentar el n¨²mero de plazas penitenciarias y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los internos y de los profesionales al servicio de la instituci¨®n, que favorezca el reconocimiento social hacia la importante funci¨®n que ¨¦stos realizan; potenciar la aplicaci¨®n de medidas penales alternativas y el r¨¦gimen abierto, y favorecer la m¨¢xima participaci¨®n y colaboraci¨®n del conjunto de operadores jur¨ªdicos, institucionales y comunitarios en la responsabilidad conjunta de favorecer la rehabilitaci¨®n y la reinserci¨®n de las personas sometidas a ejecuci¨®n penal, ser¨¢n algunos aspectos a los que dedicaremos una especial atenci¨®n. No tiene sentido que Catalu?a quiera ampliar su autogobierno -incluso en esta materia- si a la vez no est¨¢ dispuesta a realizar los esfuerzos para ejercerlo de modo eficaz y civilizado.

Albert Batlle i Bastardas es secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitaci¨®n y Justicia juvenil.