El trienio negro

LA ELECCI?N por sus pares de Mar¨ªa Emilia Casas como presidenta del Tribunal Constitucional (TC) sac¨® a la superficie las contradicciones internas dentro del bloque de magistrados que hab¨ªan venido sintonizando, en l¨ªneas generales, con los planteamientos del PP. Favorito en casi todos los pron¨®sticos, Vicente Conde -procedente de la carrera judicial- fue dejado en la estacada por colegas que no le perdonaron su voto a favor del auto del TC que rechaz¨® la impugnaci¨®n del Gobierno contra la tramitaci¨®n parlamentaria -como reforma del Estatuto- del plan Ibarretxe.

La prestigiosa catedr¨¢tica de Derecho del Trabajo -es la primera mujer que accede a la presidencia del TC- sucede en el cargo a Manuel Jim¨¦nez de Parga, cuyo deseo de ser llamado jurista de Estado cuadra m¨¢s con un r¨¦gimen autoritario que con un sistema democr¨¢tico. Durante los ¨²ltimos a?os, las presiones del Gobierno del PP para doblegar la independencia del "int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n" encontraron complicidades secretas dentro de la instituci¨®n. Si las irresponsables cr¨ªticas del anterior presidente del TC a la distinci¨®n entre nacionalidades y regiones establecida por el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n o sus pintorescas digresiones en torno a la higiene de los ancestros de los andaluces, catalanes y vascos contempor¨¢neos fueron simples frivolidades, sus pronunciamientos sobre litigios bajo jurisdicci¨®n constitucional -como la ilegalizaci¨®n de Batasuna- justificaban sobradamente su fulminante recusaci¨®n.

Las instituciones del Estado de derecho han sufrido serios estragos durante el Gobierno de Aznar gracias a la ayuda del fiscal general y de los presidentes del Constitucional y del Supremo

Pero la elecci¨®n, el 12 de noviembre de 2001, de Manuel Jim¨¦nez de Parga como presidente del TC no fue el ¨²nico factor desencadenante del trienio negro que ha dejado como estela una pesada herencia a las instituciones del Estado de derecho. De forma casualmente sincronizada, Francisco Jos¨¦ Hernando hab¨ªa sido designado cinco d¨ªas antes presidente del Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Jes¨²s Cardenal -que sustituy¨® a mediados de 1997 a Ortiz ?rculo como fiscal general del Estado- desempe?¨® el papel anticipatorio de un Juan Bautista: sirvan de ejemplo su obstruccionismo sistem¨¢tico a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y su entusiasta respaldo a Eduardo Fungairi?o -fiscal de la Audiencia Nacional- en la tarea exculpatoria de los militares golpistas en el Chile en 1973 y la Argentina de 1976. Corresponder¨ªa despu¨¦s a Jos¨¦ Mar¨ªa Michavilla -ministro de Justicia desde julio de 2002- realizar las tareas legionarias del ?ngel Exterminador.

Tras la elecci¨®n de Mar¨ªa Emilia Casas como presidenta del TC, la designaci¨®n de C¨¢ndido Conde Pumpido como Fiscal General y el nombramiento de Juan Fernando Aguilar como ministro de Justicia, s¨®lo queda en el escenario el presidente del TS y del CGPJ. Los estropicios causados por el cuarteto han sido cuantiosos y de reparaci¨®n dif¨ªcil. El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado en mayo de 2000 entre el PP y el PSOE fue utilizado deslealmente por el Gobierno -que abus¨® maliciosamente de la ingenuidad socialista- como falsa coartada para sus desmanes. As¨ª, la modificaci¨®n del Estatuto Fiscal de mayo de 2003 fue aprovechada por el ministro de Justicia y el Fiscal General para llevar a cabo una sectaria limpieza ide¨®logica del ministerio p¨²blico de la que fueron v¨ªctimas Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Fern¨¢ndez Bermejo.

La atolondrada, electoralista y encarnizada reforma masiva del C¨®digo Penal emprendida por Gobierno de Aznar al final de su mandato cre¨® inseguridad jur¨ªdica y hurt¨® al Congreso -cuando el Senado convirti¨® por sorpresa en tipo delictivo los referendos ilegales- el debate sobre la modficaci¨®n de una ley org¨¢nica. Finalmente, Hernando contribuy¨® de manera decisiva -como presidente del TS y del CGPJ- a cumplimentar la orden gubernamental para que Clemente Auger, antiguo presidente de la Audiencia Nacional, fuese despojado de su leg¨ªtimo derecho a incorporarse como magistrado del Supremo a la Sala de lo Penal.