Cerrar la transici¨®n

Hace algunos a?os fui invitado a dar una conferencia en Pamplona sobre la historia de la corrupci¨®n en Espa?a. Sinceramente, no recuerdo el nombre de la instituci¨®n, pero s¨ª que desarrollaba sus actividades con dinero p¨²blico. Al terminar mi intervenci¨®n, se puso en contacto conmigo la persona encargada de los aspectos administrativos del acto y casi sin mediar palabra me entreg¨® un peque?o fajo de billetes de cinco mil pesetas. "?D¨®nde firmo?", pregunt¨¦. "No, aqu¨ª no hace falta", me respondi¨® muy seria la joven. Siempre con peque?as cantidades, para gastos de viaje o cosas as¨ª, la experiencia se repiti¨® m¨¢s tarde cuando me han tenido que abonar algo entidades dependientes del Gobierno vasco, l¨®gicamente a excepci¨®n de la Universidad: un peque?o sobre, el dinero dentro y ning¨²n recibo que firmar. Ventajas de los derechos hist¨®ricos.

Las citadas an¨¦cdotas tienen alg¨²n inter¨¦s si pensamos en c¨®mo se est¨¢ planteando el tema de la reforma de la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas. Encabezadas por Catalu?a, las reclamaciones son presentadas en un plano estrictamente formal, as¨¦ptico, de creaci¨®n de instituciones de autogobierno fiscal (agencias tributarias por comunidad) y de redistribuci¨®n de la carga financiera para corregir agravios supuestos o reales. El objetivo ¨²ltimo ser¨ªa, en el caso de los nacionalismos, alcanzar un r¨¦gimen de concierto econ¨®mico como el disfrutado por Euskadi. Todo ello envuelto en hermosas palabras sobre la justicia en la distribuci¨®n de la carga, la atenci¨®n a las necesidades del Estado, e incluso la solidaridad interterritorial. ?C¨®mo se alcanzar¨ªan tales fines desde un punto de vista t¨¦cnico, supuesto que en cada uno de los casos lo que se busca es pagar menos al Estado central? Es ah¨ª donde entra la exigencia de poner cifras reales a la situaci¨®n actual, a las peticiones propuestas, y a los comportamientos efectivos de las haciendas de las dos comunidades ejemplares, Euskadi y Navarra. En un reciente estudio, Jos¨¦ V. Sevilla Segura advierte que la aplicaci¨®n a otras comunidades opulentas del r¨¦gimen privilegiado vasco supondr¨ªa la quiebra financiera del Estado. Otros especialistas subrayan en el mismo sentido que los reg¨ªmenes especiales generan posiciones ventajosas en cuanto a los saldos de las balanzas fiscales per c¨¢pita. No es, pues, una cuesti¨®n a debatir en el terreno de las ideas o de las instituciones, sino de los datos. S¨®lo una vez efectuadas tales mediciones ser¨ªa posible estimar la viabilidad del sistema de financiaci¨®n estatal resultante de acceder a unas peticiones que por un efecto domin¨® van ganando desde el epicentro catal¨¢n a las dem¨¢s comunidades.

La misma exigencia debe ser aplicada a los dem¨¢s componentes de la reforma constitucional en ciernes, s¨®lo que aqu¨ª los elementos simb¨®licos tambi¨¦n cuentan. Y no en el sentido que suger¨ªa Pasqual Maragall en su reciente conferencia del Club Siglo XXI: apa?ados estar¨ªamos si la vinculaci¨®n entre Catalu?a y el conjunto de Espa?a hubiera de mantenerse por "afectos" y "sentimientos", entre ellos algunos tan curiosos como lo divertido que es llevarse mal. La vinculaci¨®n tiene profundas ra¨ªces hist¨®ricas, se mantiene hasta hoy por la presencia de una mayoritaria opci¨®n por una identidad dual, y tambi¨¦n por unos intereses econ¨®micos que se defienden mejor en Europa desde un pa¨ªs de dimensiones medias que sepa integrar las conveniencias de sus comunidades. De ah¨ª que haya llegado el momento de reflexionar, por una parte, sobre c¨®mo traducir la personalidad nacional de Catalu?a en mecanismos de participaci¨®n eficaz en el Estado y en Europa, pero por otra, tambi¨¦n sobre la necesidad de abandonar todo tipo de discurso que de forma declarada o impl¨ªcita tenga como soporte fundamental el enfrentamiento de dos realidades: la naci¨®n, catalana, vasca o gallega, de un lado, y el Estado espa?ol, de otro. M¨¢s all¨¢ de la hojarasca de las palabras en torno al "sentirse c¨®modos", "participar en Espa?a", "resolver el problema de Espa?a" (el cual, por lo dem¨¢s, ya se encontraba perfectamente resuelto hace diez a?os, cuando entra en juego la presi¨®n del nacionalismo vasco), es menester, que dir¨ªa Ortega, dar con los elementos de t¨¦cnica pol¨ªtica, ideolog¨ªa y simb¨®licos que hagan compatible la afirmaci¨®n del pluralismo nacional con un Estado eficaz que de una vez ponga coto al riesgo de disgregaci¨®n. La experiencia europea de los a?os 90 invita a la racionalidad y a la cautela, no a una confianza ciega en que cediendo sin m¨¢s a las presiones nacionalistas se va hacia el mejor de los mundos.

Esa misma racionalidad pone en tela de juicio la opini¨®n muy extendida, y tambi¨¦n expresada recientemente por el l¨ªder catal¨¢n, de que resulta irrelevante la participaci¨®n en un gobierno de organizaciones independentistas, dado que ¨¦stas son las primeras en saber que sus objetivos no son alcanzables a corto plazo. Tal perogrullada pretende explicar algo y no explica nada. En t¨¦rminos democr¨¢ticos, la presencia gubernamental de grupos como ERC es inevitable, lo cual no supone que tal hecho deje de implicar riesgos. La cuesti¨®n de fondo consiste en comprobar si las pol¨ªticas adoptadas por esos partidos tienen o no por base una estrategia de progresivo desbordamiento de la articulaci¨®n hoy vigente entre los distintos componentes territoriales del Estado. Dicho de otro modo, si la dimensi¨®n finalista que les caracteriza, la b¨²squeda de la independencia, determina o no una presi¨®n constante, una confrontaci¨®n permanente, siquiera en el plano simb¨®lico, con ese "Estado espa?ol" que por encima de pactos temporales sigue siendo el obst¨¢culo a derribar. Es como el oleaje que golpea una y otra vez contra la roca agravando la erosi¨®n. Esa consideraci¨®n pesimista tiene como base que en ning¨²n momento catalanistas, nacionalistas vascos o galleguistas radicales presentan el menor atisbo de una revisi¨®n de sus planteamientos que pudiera dar lugar a un punto de equilibrio en esta o aquella l¨ªnea de compromiso. Pasa a ser entonces secundario que las exigencias transitorias se presenten como moderadas, ya que su destino es convertirse en otras tantas plataformas para acceder a un grado superior de afirmaci¨®n pol¨ªtica propia y de p¨¦rdida de poder del Estado. Lo comprobaremos muy pronto cuando cobre forma el proyecto de nuevo Estatuto catal¨¢n.

La moderaci¨®n ocasional sirve incluso al objetivo de justificar la descalificaci¨®n habitual de que es v¨ªctima aquel que se opone a la acci¨®n de desgaste. Merced a una extrapolaci¨®n fraudulenta, toda reivindicaci¨®n nacionalista es de por s¨ª democr¨¢tica y, en la vertiente opuesta, toda preocupaci¨®n por mantener un Estado viable resulta estigmatizada como espa?olismo, franquismo residual, aznarismo o, en el menos grave de los casos, como muestra de un esp¨ªritu jacobino. Por eso hay que medir bien todos los pasos. As¨ª, en una de las propuestas reiteradas de Maragall, la inclusi¨®n nominativa de todas las comunidades en el articulado de la Constituci¨®n, no hay en principio problema alguno, tampoco la menor ventaja, pero si se adopta en principio tal petici¨®n veremos de inmediato c¨®mo los nacionalistas vascos en primer t¨¦rmino, catalanistas y galleguistas a continuaci¨®n, proponen que en caso de ser aceptada la enumeraci¨®n, la misma recoja la condici¨®n privilegiada de sus hechos diferenciales, de manera que ¨¦stos, siempre frente al nombre proscrito, aparezcan como sujetos portadores de una soberan¨ªa. Lo mismo suceder¨¢ con el tema clave de la naci¨®n y con el del idioma.

El tema de las selecciones deportivas de comunidad constituye asimismo una excelente ilustraci¨®n de esa estrategia adoptada por los nacionalismos perif¨¦ricos. ?Qu¨¦ cosa m¨¢s normal y m¨¢s inocua, plantean, que la presencia internacional de selecciones de comunidad, en especial para representar a las nacionalidades hist¨®ricas? El peque?o inconveniente es que el uso internacional consiste precisamente en lo contrario, la representaci¨®n de los Estados-naci¨®n, y no de sus componentes territoriales. El ejemplo de las cuatro selecciones de f¨²tbol del Reino Unido no es aplicable, ya que se vincula a la habitual pr¨¢ctica de respeto a las tradiciones, propia de la historia brit¨¢nica. Las distintas federaciones y ligas surgieron en torno a 1890, cuando el f¨²tbol era un deporte monopolizado por el Reino Unido, y si bien las selecciones suscitaron y suscitan un intenso sentimiento de adhesi¨®n a la "peque?a patria", su existencia no est¨¢ vinculada a presi¨®n alguna secesionista. Por otra parte, con la excepci¨®n del caso complicado de Gales, cada selecci¨®n tiene detr¨¢s su propia liga, lo cual no parece formar parte de la petici¨®n de nacionalistas vascos y catalanes. Pocos cul¨¦s o hinchas de los leones quisieran que contar con selecciones nacionales supusiese la implantaci¨®n de su l¨®gico correlato, unas estupendas ligas de regi¨®n culminadas en apasionantes playoff a cinco partidos entre el Barcelona y el siempre peligroso Figueres, en Catalunya, o entre el Athletic y el Eibar, en Euskadi. Y al margen de las razones hist¨®ricas, que incluyen tambi¨¦n la advertencia de que una cosa es nacer separados y otra separarse, se encuentra el hecho de que Inglaterra, Escocia o Gales forman parte de un marco pol¨ªtico superior, el Reino Unido. De consumarse la escisi¨®n en nuestro caso, ?qu¨¦ quedar¨ªa tras la configuraci¨®n de tres selecciones nacionales de Euskadi, Catalunya y Galiza? Como de momento las comunidades forman parte de una sola entidad pol¨ªtica, estar¨ªamos ante un solapamiento absurdo o ante el nacimiento de una naci¨®n, el Resto de Espa?a, en espera de ulteriores segregaciones. Por no hablar de la fraternidad que destilar¨ªa un Euskadi-Espa?a para los Campeonatos de Europa celebrado en Anoeta. La violencia desatada cada vez que este tema fue tomado en serio, como en el Catalunya-Nigeria que dio fe por vez primera de la voluntad de afirmaci¨®n futbol¨ªstico-nacional, nos lleva de nuevo a las reflexiones precedentes sobre la presi¨®n secesionista, esta vez en el plano simb¨®lico.

M¨¢s que este o aquel art¨ªculo concreto, lo que importa en el necesario proceso de reforma es conjugar la expresi¨®n normativa del car¨¢cter plurinacional de Espa?a, en cuanto naci¨®n de naciones -lo cual requiere un r¨¦gimen federal con elementos de asimetr¨ªa-, con una reforma de los Estatutos que ampl¨ªe competencias, pero sin sentar las bases de una soberan¨ªa propia de las comunidades. Es decir, una reforma que garantice mediante una C¨¢mara territorial efectiva la intervenci¨®n de las comunidades en el proceso legislativo, especialmente en todo aquello que las concierna nacional o internacionalmente, o determine conflictos intercomunitarios; que responda a las demandas de autogobierno fiscal sin pretender, al modo catalanista, la equiparaci¨®n a los privilegios derivados de los derechos hist¨®ricos en Euskadi y en Navarra; que asegure la participaci¨®n de las comunidades en las instituciones europeas, engarzando con la representaci¨®n estatal en las mismas; que garantice el uso oficial de las lenguas nacionales sin poner en marcha mecanismos de eliminaci¨®n o de discriminaci¨®n del espa?ol; en definitiva, que acreciente la participaci¨®n de las comunidades en el proceso estatal de decisi¨®n pol¨ªtica sin derivar hacia f¨®rmulas de ineficacia ya constatada, tales como la confederaci¨®n o la cosoberan¨ªa. Para alcanzar ese dif¨ªcil equilibrio ser¨¢ precisa una red de consensos, empezando por el que debiera establecerse previo a todo procedimiento entre el Gobierno de Madrid y la Generalitat, siguiendo por el imprescindible entre PSOE y PP, y cerrando el c¨ªrculo con la reducci¨®n dr¨¢stica del plan Ibarretxe. Casi nada. Nos vamos a olvidar pronto de estas elecciones europeas. Lo que ahora toca es cerrar la transici¨®n.

Antonio Elorza es catedr¨¢tico de Pensamiento Pol¨ªtico de la Universidad Complutense de Madrid.