V¨ªctimas del otro terrorismo

Han bastado unas pocas semanas para que el cambio de Gobierno, y el no menos anhelado de fiscal general del Estado, hayan tenido un reflejo inmediato sobre la posici¨®n espa?ola en la trascendental cuesti¨®n de la aplicaci¨®n del principio de Justicia Universal.

La comunidad internacional se ha tomado su tiempo para repudiar primero y condenar seguidamente, entre otros, los desafueros de los reg¨ªmenes militares o paramilitares latinoamericanos. Cerca de tres d¨¦cadas han transcurrido desde aquellos funestos a?os setenta hasta el alumbramiento de la Corte Penal Internacional, a cuya gestaci¨®n no contribuyeron precisamente los Estados Unidos de Am¨¦rica, el pa¨ªs que se ha erigido en l¨ªder planetario de la lucha contra el llamado terrorismo internacional. Esta campa?a global y sin matices, llena de atajos, que dejar¨¢ tambi¨¦n en la memoria colectiva las im¨¢genes de sus devastadoras violaciones de los derechos humanos, de los que son paradigma Guant¨¢namo y Abu Ghraib. Nuestros anteriores gobernantes se sumaron con presteza a esta ofensiva terrorista, algunas de cuyas indeseables consecuencias fueron denunciadas por Amnist¨ªa Internacional en su informe Pol¨ªtica exterior y derechos humanos del Gobierno espa?ol 2002-2003, cuyo subt¨ªtulo, 'Menos derechos y m¨¢s inseguridad en nombre de la guerra contra el terrorismo', es suficientemente expresivo. Un amasijo de todos los terrorismos que, de haber sido aplicado en el pasado tal y como ahora se hace, hubiera hecho inimaginables los procesos de pacificaci¨®n en Centroam¨¦rica y, en Guatemala concretamente, los "Acuerdos de Paz firme y duradera", de 29 de diciembre de 1996, entre aquel Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Porque toda pol¨ªtica de seguridad llevada hasta el l¨ªmite hubiera abortado cualquier salida negociada a alguno de los conflictos que asolaron a aquellos pa¨ªses.

Tanto o m¨¢s dif¨ªcil ha sido el camino, tortuoso si se me permite la expresi¨®n, que ha recorrido Espa?a en la persecuci¨®n de los cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos por aquellas dictaduras en el ¨²ltimo tercio del siglo pasado. Han sido, en efecto, innumerables las trabas oficiales, especie de filibusterismo procesal animado siempre en cualquier instancia por la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado, con que tropezaron Baltasar Garz¨®n y otros magistrados de la Audiencia Nacional. Obstruccionismo gubernamental que alcanz¨® cotas insospechadas en el emblem¨¢tico caso Pinochet, ante el que tambi¨¦n se han estrellado las sucesivas demandas particulares presentadas contra tanta atrocidad. Esto es tanto m¨¢s chocante cuanto que -aunque hubiera que herir susceptibilidades y pagar por ello un precio pol¨ªtico- cab¨ªa presumir mayor sensibilidad humanitaria en esta tragedia por parte de los sucesivos gobiernos del Partido Popular, empe?ados como estaban en el justo reconocimiento del dolor de las v¨ªctimas del terrorismo de ETA. Los v¨ªnculos hist¨®ricos, culturales, familiares y emocionales que unen a espa?oles y a latinoamericanos exig¨ªan una mayor implicaci¨®n por parte de Madrid, mayor voluntad pol¨ªtica se entiende, en la persecuci¨®n de tanto horror fr¨ªamente cometido por los responsables pol¨ªticos y militares de estos pa¨ªses. Aunque s¨®lo hubiera servido para ponerlos en la picota.

De aqu¨ª la trascendencia de la decisi¨®n del fiscal general del Estado al instruir al fiscal del Tribunal Constitucional para que apoye los recursos de amparo presentados por la Fundaci¨®n Rigoberta Mench¨², Comisiones Obreras y buen n¨²mero de asociaciones y comit¨¦s contra la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo de 25-2-2003, que circunscrib¨ªa la competencia de la justicia espa?ola exclusivamente a la investigaci¨®n y al enjuiciamiento de los hechos cometidos en Guatemala contra ciudadanos espa?oles. Siete de los quince magistrados de aquella sala emitieron entonces un voto particular a favor de la anulaci¨®n del auto de la Audiencia Nacional y de la confirmaci¨®n del auto del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1, de 27-4-2000, declar¨¢ndose competente para conocer aquellos hechos, objeto de la querella interpuesta por Mench¨² y otros contra diversos gobernantes de su pa¨ªs, a quienes se acusaba de los delitos de genocidio y tortura.

Las razones que sustentan aquel voto particular, uno de cuyos firmantes es el actual fiscal general del Estado, reconcilian el rigor del lenguaje jur¨ªdico con el esp¨ªritu de compasi¨®n que siempre debe inspirarlo. Tanto m¨¢s en el caso que nos ocupa. Porque, como dice uno de sus fundamentos de derecho, "dif¨ªcilmente se volver¨¢ a repetir en la historia de la jurisdicci¨®n espa?ola un supuesto en el que existan tan plurales v¨ªnculos de conexi¨®n con un delito de genocidio ¨¦tnico, incluido el asalto a nuestra Embajada y el asesinato de sacerdotes espa?oles que trataban de proteger a la etnia amenazada. El ejercicio de la jurisdicci¨®n universal, al desterrar los grandes cr¨ªmenes contra la humanidad, como lo es el genocidio, contribuye a la paz y a la humanizaci¨®n de nuestra civilizaci¨®n. Es cierto que no devuelve la vida a las v¨ªctimas, ni puede conseguir que todos los responsables sean enjuiciados. Pero puede ayudar a prevenir algunos cr¨ªmenes y enjuiciar a algunos de sus responsables. Con ello contribuye a la consecuci¨®n de un mundo m¨¢s justo y seguro, y a consolidar el derecho internacional, en lugar de la violencia, como forma habitual de solucionar los conflictos".

A nadie sorprender¨¢ que estas l¨ªneas vayan dedicadas muy especialmente al pueblo maya y a quien hoy lo encarna m¨¢s que nunca, Rigoberta Mench¨² Tum. A los espa?oles que perdieron la vida en Guatemala, v¨ªctimas de la indescriptible violencia genocida de los Lucas Garc¨ªa y R¨ªos Montt. A Jaime Ruiz del ?rbol, Felipe S¨¢enz, Mar¨ªa Teresa V¨¢zquez de Villa, Faustino Villanueva, Jos¨¦ Mar¨ªa Gran, Juan Alonso, Carlos P¨¦rez Alonso, Andr¨¦s Lanz. A los guatemaltecos que murieron en la Embajada de Espa?a el 31 de enero de 1980, pronto har¨¢ 25 a?os. A todos sus familiares, afectados tambi¨¦n por este otro terrorismo, a quienes en los ¨²ltimos a?os se ha prestado poca o ninguna atenci¨®n. Tambi¨¦n a aquellos cuyas solicitudes de indemnizaci¨®n y de reconocimiento de derechos, previstos en la ley 32/1999, de Solidaridad con las V¨ªctimas del Terrorismo, fueron rechazadas reiteradamente por el Ministerio del Interior. Ainstancias de la Abogac¨ªa del Estado, su recurso fue desestimado por la Audiencia Nacional con el argumento de que la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad que participaron en el brutal asalto -AN dixit- de la Embajada s¨®lo ten¨ªa por objeto acabar con las protestas de los ocupantes y no el de alterar el orden constitucional espa?ol, ¨²nico supuesto que encaja en el concepto de acci¨®n terrorista tal y como se contempla en la referida ley. ?Ser¨¢ necesario modificar su texto para hacer tambi¨¦n justicia a estas v¨ªctimas de aquella ola de terror que se abati¨® sobre el pueblo de Guatemala?

Masacre, la de la Embajada de Espa?a, como se la conoce all¨¢, inimaginable hoy en d¨ªa en su desarrollo y posteriores peripecias. Pero que entonces "fue el inicio de una escalada de violencia masiva ejecutada por el ej¨¦rcito en las zonas rurales (y) signific¨® el cierre de la posibilidad de lucha pac¨ªfica para todos los movimientos populares", en palabras del informe Guatemala Nunca M¨¢s, presentado por el obispo Juan Gerardi el 24-4-1988, en v¨ªsperas de su asesinato.

A la memoria de quienes sucumbieron en las campa?as de erradicaci¨®n antisubversiva, a quienes sobrevivieron a la tortura, a sus familiares, este recuerdo esperanzado, ahora, cuando hay que felicitarse del nuevo rumbo que acaba de tomar la Fiscal¨ªa General del Estado.

M¨¢ximo Cajal es embajador de Espa?a.