Conde-Pumpido ordena investigar los fallos de identificaci¨®n del 'caso Yak-42'

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, dio orden ayer a la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional de que investigue un posible delito de falsedad documental en la identificaci¨®n de los cad¨¢veres de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turqu¨ªa). Por su parte, el Consejo de Ministros acord¨®, a propuesta del titular de Defensa, Jos¨¦ Bono, el pase forzoso a la reserva de los dos generales que firmaron la identificaci¨®n de los restos: el teniente general Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n y el general de divisi¨®n Vicente Navarro.

Conde-Pumpido revel¨® a los periodistas que ayer por la ma?ana hab¨ªa dado las "instrucciones oportunas" a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional para que impulse diligencias judiciales con objeto de aclarar si hubo un posible delito de falsedad de documento p¨²blico en el proceso de identificaci¨®n de las v¨ªctimas del Yak-42. El m¨¢ximo responsable del Ministerio P¨²blico explic¨® que esta decisi¨®n "muestra el apoyo de la Fiscal¨ªa" a las v¨ªctimas del accidente y a sus familiares, pero "no prejuzga, en absoluto, una responsabilidad penal", ya que su principal inter¨¦s es ayudar a "esclarecer los hechos".

La asociaci¨®n que agrupa a la mayor¨ªa de las familias dirigi¨® el pasado jueves un escrito al fiscal general del Estado en el que le ped¨ªa su apoyo para conocer la verdad de lo sucedido y le recordaba que hasta ahora no han conseguido ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva.

Junto al escrito, se hizo llegar a Conde-Pumpido el informe del Instituto de Toxicolog¨ªa de Estambul (Turqu¨ªa), que revela que, de las 39 familias que se han sometido a pruebas de ADN, 22 recibieron cad¨¢veres que no corresponden a los de sus parientes, lo que excede un mero error.

Leopoldo Gay, abogado de las familias, expres¨® ayer su satisfacci¨®n por la decisi¨®n del fiscal y explic¨® que su principal objetivo, m¨¢s all¨¢ de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la investigaci¨®n judicial, es el esclarecimiento de la verdad.

Gay se mostr¨® convencido de que, a la vista de las instrucciones de Conde-Pumpido, la fiscal¨ªa apoyar¨¢ el pr¨®ximo lunes, durante la vista del recurso que se celebrar¨¢ ante la Secci¨®n Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la admisi¨®n a tr¨¢mite de la denuncia interpuesta por las familias. La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional se ha venido oponiendo sistem¨¢ticamente a que la juez central de instrucci¨®n n¨²mero 3, Teresa Palacios, investigue el caso.

La primera denuncia se interpuso en octubre del a?o pasado, pero fue en marzo, tras conocerse un acta de la Fiscal¨ªa turca que demostraba que 30 de los 62 cad¨¢veres estaban sin identificar pocas horas antes de su repatriaci¨®n, cuando se dirigi¨® contra los dos generales espa?oles que firmaron dicho documento.

El Consejo de Ministros acord¨® ayer el pase forzoso a la reserva de ambos militares: el teniente general Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n y el general de divisi¨®n Vicente Navarro. Se les ha aplicado el art¨ªculo 144.4 de la Ley del R¨¦gimen del Personal de las Fuerzas Armadas: "Por decisi¨®n del Gobierno, los oficiales generales podr¨¢n pasar a la situaci¨®n de reserva mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Defensa".

Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n, que era subdirector general de Pol¨ªtica de Defensa cuando se produjeron los hechos, fue ascendido con posterioridad a teniente general del Ej¨¦rcito del Aire y destinado al Centro para la Democratizaci¨®n de las Fuerzas Armadas, con sede en Ginebra (Suiza). Vicente Navarro Ruiz, general de divisi¨®n del Cuerpo Militar de Sanidad, dirig¨ªa hasta ahora la Divisi¨®n Log¨ªstica-Operativa de la Inspecci¨®n de Sanidad de Defensa, como subdirector general.

La asociaci¨®n de familiares les imputa los delitos de falsedad en documento oficial, castigado con entre tres y seis a?os de prisi¨®n, y prevaricaci¨®n de funcionario p¨²blico, penado con siete a diez a?os de inahabilitaci¨®n.

El ministro de Defensa, Jos¨¦ Bono, revel¨® el pasado mi¨¦rcoles en el Congreso que los certificados de defunci¨®n se firmaron antes de contar con las correspondientes inscripciones en el registro consular de Turqu¨ªa y que el juez de Torrej¨®n de Ardoz (Madrid) se neg¨® a dictar las ¨®rdenes de incineraci¨®n y enterramiento, por lo que hubo que recurrrir a un juez militar de Zaragoza, que las firm¨® en Barcelona.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, dijo ayer que, con el pase a la reserva de los dos mandos, se cumple la promesa de Bono de que "ning¨²n responsable de errores graves permanezca en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas".

Seg¨²n fuentes oficiales, el Ministerio de Defensa se ha puesto en contacto con el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Antonio Moreno Barber¨¢ para comunicarle que se le atribuye la responsabilidad objetiva de los fallos detectados en la contrataci¨®n de aviones ex sovi¨¦ticos para el transporte de tropas, ya que ocupaba la c¨²spide de la cadena de mando. Esta responsabilidad, sin embargo, no tiene consecuencias pr¨¢cticas, pues Moreno Barber¨¢ fue relevado como jefe de la c¨²pula militar el pasado d¨ªa 25.