La Fiscal¨ªa archiv¨® en 2003 su investigaci¨®n sobre posibles adopciones ilegales

La Fiscal¨ªa abri¨® una investigaci¨®n en el Campo de Gibraltar para tratar de aclarar si se hab¨ªan producido adopciones ilegales en la comarca, tras recibir un informe policial en los que se constataba la presencia de menores extranjeros en viviendas de la zona. En 2003 se archiv¨® sin que se probase la existencia de alg¨²n delito en los casos indagados, seg¨²n Juan Cisneros, uno de los fiscales destacados en la comarca gaditana. "Probar una adopci¨®n ilegal es muy dif¨ªcil, otra cosa es la resoluci¨®n administrativa, pero ah¨ª nosotros le perdemos la pista", se?ala.

La notificaci¨®n policial, fechada el 9 de octubre de 2002, se?alaba que a principios de aquel mes el negociado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque (C¨¢diz) hab¨ªa avisado a la polic¨ªa de la comparecencia de "varias familias preguntando por las posibilidades de adopci¨®n de menores de origen subsahariano que estaban cuidando", seg¨²n el informe elaborado por la Comisar¨ªa del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa de Algeciras.

En el escrito remitido a la Fiscal¨ªa de Menores, se detallaban los casos de cinco menores nigerianos que viv¨ªan en hogares de San Roque y Castellar de la Frontera por decisi¨®n de sus padres biol¨®gicos.

Aunque la investigaci¨®n se culmin¨® sin detectar irregularidades penales, sirvi¨® para que la Fiscal¨ªa elaborase unas diligencias informativas para modificar el procedimiento seguido por la polic¨ªa cuando se interceptaban inmigrantes con menores de corta edad mediante las que ped¨ªa que se "rese?ase" a los beb¨¦s.

Hasta entonces no quedaba constancia en ning¨²n documento oficial ni en ning¨²n fichero de las entradas de ni?os, que adem¨¢s llegan a la costa gaditana sin ning¨²n tipo de documentaci¨®n que acredite su identidad. Sin esta documentaci¨®n y sin ficha policial, que se abre a los adultos por tratar de entrar de forma clandestina en el pa¨ªs y que resulta improcedente en el caso de un lactante, la llegada de estos menores no dejaba huella en ning¨²n papel oficial, lo que imposibilitaba o, al menos, dificultaba el seguimiento posterior del ni?o por parte de las administraciones p¨²blicas. Los beb¨¦s llegados hasta entonces viven en un limbo jur¨ªdico -carecen de papeles de identificaci¨®n y no est¨¢ registrada su entrada en el pa¨ªs- agravado cuando sus progenitores no est¨¢n regularizados, que ocurre con gran frecuencia. El nuevo procedimiento policial contempla el registro de los ni?os con sus datos y sus huellas dactilares de modo que est¨¦n identificados.

El fiscal Juan Cisneros explica que la actuaci¨®n que se sigue cuando llega un menor de corta edad en una lancha var¨ªa si est¨¢ acompa?ado de la madre. En este caso se convierte en un salvoconducto que evita la expulsi¨®n de la mujer en el caso de que fuese la medida procedente. "Eso da lugar a situaciones comprometidos si los padres se han ahogado", indica. Si el beb¨¦ llega sin progenitores pasa a depender de la Administraci¨®n auton¨®mica, que declara el desamparo y lo acoge en alguno de los centros de menores de la zona (El Cobre para ni?os y el centro Abril para ni?as). El fiscal explica que el procedimiento puede variar seg¨²n el grado de emergencia: "Hay muchas entidades que colaboran, pero si hay un menor desamparado la Junta tiene notificaci¨®n". Las fuerzas de seguridad avisan al juzgado o a la fiscal¨ªa de la presencia de ni?os entre los ocupantes de alguna patera.

Juan Cisneros asegura que no ha detectado que los menores se usen para facilitar la permanencia en el pa¨ªs, aunque aclara que las situaciones "an¨®malas" se pueden producir, "como no llegan con documentaci¨®n se deduce que el ni?o es hijo de alguien porque lo lleva en brazos".

En lo que va de a?o, seg¨²n la Subdelegaci¨®n del Gobierno en C¨¢diz, han sido interceptadas 112 mujeres africanas, entre ellas una lleg¨® embarazada y nueve con beb¨¦s.