La Audiencia confirma las penas por los destrozos de Sants en 1999 y los condenados recurren al Constitucional

La Secci¨®n Tercera de la Audiencia de Barcelona ha confirmado casi en su integridad la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n¨²mero 7 de esta ciudad que conden¨® a penas de entre uno y cuatro a?os de prisi¨®n a 17 j¨®venes por los disturbios ocurridos en el barrio de Sants el 12 de octubre de 1999, durante una protesta contra el D¨ªa de la Hispanidad. La sentencia puede acarrear el ingreso en prisi¨®n de al menos uno de los acusados, Antonio R. A., al que se le condena a cuatro a?os de c¨¢rcel por des¨®rdenes p¨²blicos, atentado contra la autoridad y da?os.

Se da la circunstancia de que esta persona fue la ¨²nica que no detuvo la polic¨ªa durante los incidentes, sino unos d¨ªas despu¨¦s al ser identificado en unas im¨¢genes de televisi¨®n en las que aparec¨ªa con un lanzacohetes. El acusado, adem¨¢s, tiene antecedentes penales. Algunos de los 17 condenados han anunciado que presentar¨¢n recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de las penas. El abogado defensor Jaume Asens explic¨® ayer que esa misma petici¨®n la plantear¨¢ tambi¨¦n al juzgado que ejecute la sentencia. El recurso de amparo argumentar¨¢ que la Audiencia de Barcelona no respondi¨® a las alegaciones contra la sentencia condenatoria y deneg¨® algunas pruebas.

La mayor¨ªa de los j¨®venes fueron condenados a un a?o de prisi¨®n por des¨®rdenes p¨²blicos y otro por atentado, adem¨¢s del pago de una multa de 1.800 euros por un delito de da?os. Asimismo, deber¨¢n indemnizar a las tiendas, entidades bancarias y otras empresas que padecieron la rotura de cristales, escaparates o mobiliario. El Ayuntamiento de Barcelona ejerci¨® la acusaci¨®n particular en el caso, pero la justicia consider¨® que no se pod¨ªa condenar a los j¨®venes a pagar los destrozos en el mobiliario urbano porque no se prob¨® que fuesen ellos los causantes.

A consencuencia de aquellos hechos, la polic¨ªa detuvo a 22 personas, 14 de las cuales estuvieron ocho d¨ªas en prisi¨®n, entre ellas dos menores. Se les acus¨®, entre otros cargos, de asociaci¨®n il¨ªcita, un delito que el fiscal nunca imput¨® finalmente en el juicio. La decisi¨®n de la juez instructora del caso, Remei Bona, de encarcelar a los j¨®venes fue duramente criticada por el Colegio de Abogados y desde diversos sectores, hasta el extremo de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, Guillem Vidal, hubo de salir en su defensa y reclamar "mayor respecto" para la magistrada, de larga trayectoria progresista. Unos meses despu¨¦s, Remei Bona acab¨® abandonando el juzgado de instrucci¨®n y pas¨® a una Secci¨®n Civil de la Audiencia de Barcelona.