Carretero defiende su actuaci¨®n ante el Tribunal Superior y declara que fue aconsejado por el secretario

El consejero de Gobernaci¨®n, Joan Carretero, declar¨® ayer como imputado durante m¨¢s de cuatro horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a por la querella presentada por un grupo de comerciantes que le acusa de los supuestos delitos de prevaricaci¨®n y desobediencia supuestamente cometidos al modificar dos planes urban¨ªsticos en Puigcerd¨¤ para construir un hipermercado y una gasolinera donde deb¨ªan levantarse 22 viviendas.

Carretero reconoci¨® ante la juez instructora que esa modificaci¨®n fue autorizada por el pleno del Ayuntamiento de Puigcerd¨¤ y que fue informado verbalmente por el secretario municipal de que pod¨ªa efectuarse. Por ese motivo, defendi¨® la legalidad de su actuaci¨®n y la de su sucesor en el cargo de alcalde, Joan Planella, quien tambi¨¦n estaba previsto que declarase ayer y finalmente comparecer¨¢ el 1 de septiembre.

Los querellantes son un grupo de comerciantes supuestamente perjudicados por ese cambio de planeamiento, defendidos por el abogado penalista de Barcelona Pablo Molins, situado en la ¨®rbita de CDC. Molins afirm¨® al terminar la declaraci¨®n que el consejero no hab¨ªa podido desvirtuar los hechos relatados en la querella, aunque tambi¨¦n admiti¨® que el asunto que se est¨¢ discutiendo se sit¨²a en la frontera que separa una irregularidad administrativa del ¨¢mbito penal por la actuaci¨®n de quien la adopta.

Pablo Molins sostiene que la Comisi¨®n de Urbanismo de Girona reiter¨® en diversas ocasiones al Ayuntamiento de Puigcerd¨¤ que esa modificaci¨®n no se ajustaba a la legalidad y deb¨ªa rectificar. Carretero, por el contrario, sostiene que la querella presentada contra ¨¦l tiene un "trasfondo p¨®l¨ªtico y econ¨®mico". En este sentido, y refiri¨¦ndose a la oposici¨®n, asegur¨®: "Lo que no han podido conseguir por las urnas, quieren conseguirlo por la v¨ªa judicial".