El derecho en las prisiones

Los d¨ªas recientes se ha vuelto a hablar de prisiones en Catalu?a a prop¨®sito de la decisi¨®n pol¨ªtica de cumplir con la ley: el Departamento de Justicia de la Generalitat ha trasladado al orden jurisdiccional penal la investigaci¨®n sobre unos hechos con trascendencia delictiva cometidos en el interior de los centros penitenciarios. No se da nada nuevo en esta iniciativa, ya que ¨¦sta es una pr¨¢ctica habitual de la Administraci¨®n penitenciaria en los casos de agresiones entre internos, tr¨¢fico de drogas, quebrantamientos de condena, amenazas y extorsiones.

Es obligaci¨®n de las instituciones poner en conocimiento de los tribunales de justicia la existencia de delitos. La ¨²nica particularidad es que en este caso los presuntos autores son funcionarios de prisiones y el delito que se investiga es de torturas y lesiones. La relevancia radica en el hecho de que, por primera vez en la reciente historia democr¨¢tica, el consejero de Justicia toma la decisi¨®n de no mirar hacia otro lado y apuesta por una acci¨®n penitenciaria respetuosa con los derechos humanos. En los ¨²ltimos 20 a?os en las prisiones catalanas han sido muchos los profesionales, de dentro y fuera de la Administraci¨®n, dedicados a la labor de introducir el derecho en las prisiones. Sin embargo, este esfuerzo ha ido acompa?ado de una gran impotencia, ya que no se ha visualizado una aut¨¦ntica voluntad pol¨ªtica de asumir tal prop¨®sito y de erradicar pr¨¢cticas inhumanas que, en menor o mayor grado dependiendo de los recientes periodos, se han producido en casi total impunidad. Y lo innegable es que esta voluntad pol¨ªtica constituye el aut¨¦ntico motor de impulso para que las otras instituciones que confluyen en el sistema penal act¨²en adecuadamente, teniendo en cuenta que la fiscal¨ªa y los tribunales deber¨ªan desempe?ar el papel de velar por la legalidad.

En estos 20 a?os hay una ausencia de sentencia judicial alguna referida a abusos cometidos en prisi¨®n, a pesar de las denuncias interpuestas. Sin embargo, todo apunta a que el coraje y el rigor de la acci¨®n pol¨ªtica del actual Gobierno de la Generalitat permitir¨¢n gestar un escenario penitenciario nuevo, donde no exista ninguna duda de cu¨¢l es la l¨ªnea que la ley, igual para todos los ciudadanos, obliga a no cruzar.

A partir de esta certeza de legalidad, muchas cosas pueden cambiar en la realidad penitenciaria. Cuestiones trascendentales, como el uso proporcional y riguroso del r¨¦gimen disciplinario, en coherencia con las l¨ªneas de tratamiento penitenciario, y la visualizaci¨®n de los profesionales como agentes portadores de valores normativos reales, contribuir¨¢n en mucho a mejorar las expectativas de reinserci¨®n social de la poblaci¨®n penada.

Es indudable que persistir¨¢n problemas de car¨¢cter estructural, de hacinamiento, de salud mental, de drogodependencias, que deber¨¢n tener respuestas planificadas con rigor e impulsadas con determinaci¨®n pol¨ªtica desde todas las instituciones y entidades sociales. Pero estas acciones necesarias no ser¨ªan posibles sin el sustrato claro y di¨¢fano del respeto a los derechos humanos sin matices.

Mejor ser¨ªa que las voces de la ahora oposici¨®n y hasta hace poco responsables penitenciarios, y de los sindicatos, optaran por un discreto silencio sobre este tema. Todos sabemos que, a pesar de no actuar, en privado siempre han reconocido su impotencia para atajar las malas pr¨¢cticas de un grupo reducido de funcionarios. Por ello provoca perplejidad que quienes no evitaron la actual situaci¨®n, cuando estaban obligados legalmente, se permitan negar el valor de decisiones rigurosas haciendo demagogia de cuestiones tan elementales.

Hay servicios p¨²blicos altamente sensibles, como la polic¨ªa, la sanidad y las prisiones, donde la pasividad de la acci¨®n pol¨ªtica se paga cara. Y a costa del inventario comunitario. Que el anterior Gobierno deje trabajar a los actuales responsables, esto es lo m¨ªnimo que se puede pedir en nombre de la lealtad institucional.

Como dec¨ªa el malogrado y eminente magistrado Tom¨¢s y Valiente, el Estado de derecho debe velar por incluir en su demarcaci¨®n el interior de los muros de las c¨¢rceles. Y esto, en el momento actual, parece por fin vigente.

Gemma Calvet Barot es abogada