Un tribunal impone una fianza de 108 millones a Boliden si quiere evitar la sanci¨®n de la Junta

El largo y complejo proceso judicial para aclarar qui¨¦n debe pagar la multimillonaria factura por las tareas de limpieza del vertido t¨®xico en el valle del Guadiamar (Sevilla) est¨¢, seis a?os despu¨¦s del desastre medioambiental, m¨¢s cerca de su resoluci¨®n. El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), en un auto del pasado 1 de julio, obliga a Boliden, la multinacional propietaria de la balsa minera que revent¨®, a depositar una fianza de 108 millones de euros para suspender de forma cautelar una reclamaci¨®n administrativa de la Junta de Andaluc¨ªa.

La Junta opt¨® este a?o por abrir la v¨ªa administrativa una vez que los juzgados desestimaron actuar por la v¨ªa penal (noviembre de 2001) y la v¨ªa civil (octubre de 2003) contra la multinacional. El Ejecutivo andaluz y el Ministerio de Medio Ambiente invirtieron unos 240 millones de euros en la retirada de seis millones de metros c¨²bicos de lodos t¨®xicos y agua ¨¢cida del valle del Guadiamar (unas 4.600 hect¨¢reas en el entorno del Parque Nacional de Do?ana), as¨ª como en la descontaminaci¨®n del suelo y la restauraci¨®n de la zona afectada.

A finales de 2002, para recuperar parte del dinero gastado, el Gobierno sancion¨® a Boliden con 45 millones de euros, la mayor multa por da?os ambientales de la historia espa?ola. La multa fue recurrida por la empresa ante el Tribunal Supremo. Tras cerrarse las v¨ªas penal y civil, la Junta opt¨® tambi¨¦n por una reclamaci¨®n administrativa y en marzo culmin¨® el proceso. El Ejecutivo auton¨®mico estima que asumi¨® con car¨¢cter subsidiario unas tareas que correspond¨ªan a la multinacional y reclam¨® a la matriz (Boliden BV), 89,8 millones por la limpieza del vertido.

Inter¨¦s general

Boliden recurri¨® de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa al estimar que "ya hab¨ªa sido objeto de un proceso pol¨ªtico-administrativo en Espa?a" por el desastre ecol¨®gico, en referencia a la multa del Gobierno. El director ejecutivo de la compa?¨ªa de origen sueco, Jan Johansson recalc¨® entonces que "la Junta de Andaluc¨ªa intent¨® llevar el caso a un tribunal civil, donde fue ya rechazado" y tild¨® de "deplorable" la actuaci¨®n del Gobierno andaluz.

En el auto, adelantado ayer por la agencia Europa Press, el Tribunal andaluz acuerda admitir el recurso de Boliden y suspender de forma cautelar la reclamaci¨®n administrativa de la Junta "siempre y cuando la entidad recurrente [Boliden] preste cauci¨®n que comprenda el importe de 89,8 millones de euros m¨¢s un 20 por ciento sobre esa cantidad para gastos y costas". Es decir, obliga a la multinacional a depositar una fianza de 108 millones de euros para suspender la reclamaci¨®n de la Junta.

En el auto, el tribunal defiende que si no se suspende la reclamaci¨®n de la Junta mientras se decide sobre el recurso de la multinacional "ocasionar¨ªa graves perjuicios a la actora [Boliden]". Pero tambi¨¦n estima que "los perjuicios de la suspensi¨®n para el inter¨¦s general quedan salvaguardados si se exige la presentaci¨®n de una cauci¨®n que garantice el cobro de las cantidades reclamadas". Para evitar tener que depositar la fianza, a Boliden s¨®lo le queda interponer un recurso de s¨²plica ante el mismo tribunal. Si, como es frecuente, el TS JA rechaza ese recurso de s¨²plica, la multinacional s¨®lo tendr¨¢ dos posibilidades: o pagar la fianza, o dejar que la Junta empiece a ejecutar la reclamaci¨®n mientras el tribunal decide sobre su recurso.

El proceso judicial tiene, a¨²n, otro frente abierto. En enero, Boliden Apirsa (la filial espa?ola que era propietaria de las minas de Aznalc¨®llar) present¨® una demanda contra la constructora espa?ola Dragados, a la que reclama 130 millones de euros. Boliden se basa en la sentencia que cerr¨® la v¨ªa penal por el desastre ecol¨®gico. Aquella sentencia no encontr¨® responsabilidad penal por la rotura de la balsa minera pero achac¨® el accidente a fallos en el dise?o de la balsa que construy¨® Dragados.