La Universidad de Alicante eleva a 233.000 los 'sin papeles' instalados en el territorio valenciano

La propuesta socialista de regularizar a los extranjeros indocumentados que demuestren una relaci¨®n laboral ha sido aplaudida aunque con cierto recelo por las organizaciones que trabajan con inmigrantes ante el riesgo de que "sean extorsionados con falsas promesas de trabajo". Seg¨²n los ¨²ltimos c¨¢lculos, la colonia de sin papeles instalados en el territorio valenciano asciende a 233.000 personas. Este c¨¢lculo, realizado por el Seminario Permanente de Inmigraci¨®n de la Universidad de Alicante, eleva en un 55% la ¨²ltima cifra [150.000] manejada por las ONG y admitida por el Gobierno.

El intento de suicidio, a principios de agosto, de una joven rumana que ingiri¨® lej¨ªa permiti¨® la desarticulaci¨®n de una banda de explotaci¨®n sexual que operaba en Alicante y Valencia. La organizaci¨®n capt¨® a sus v¨ªctimas con falsas promesas de trabajo. Una vez aqu¨ª, las chicas fueron extorsionadas y brutalmente agredidas para que ejercieran la prostituci¨®n. El pasado martes, un empresario y 10 de sus trabajadores, entre ellos el encargado de la mercantil, el jefe de obra y ocho operarios, fueron arrestados por explotar a decenas de inmigrantes indocumentados en condiciones de semiesclavitud. El empresario obligaba a los sin papeles a trabajar de sol a sol y les pagaba tres euros la hora. ?stas son las ¨²ltimas operaciones policiales contra la explotaci¨®n y el tr¨¢fico ilegal de inmigrantes de las numerosas que se efect¨²an, esencialmente en Alicante, una de las provincias con mayor econom¨ªa clandestina de Espa?a.

Las peculiares caracter¨ªsticas de la econom¨ªa valenciana, basada en la temporalidad y en la demanda de mano de obra intensiva, favorecen el incensante crecimiento de la clandestinidad laboral. Seg¨²n estimaciones del Seminario Permanente de Inmigraci¨®n de la Universidad de Alicante, dirigido por el profesor de Sociolog¨ªa Carlos G¨®mez Gil, elevan a 233.000 los sin papeles de la Comunidad Valenciana. La cifra es ostensiblemente superior a la manejada hasta ahora [150.000] por sindicatos, ONG, e incluso la admitida a principios de junio por el propio delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, Antoni Bernab¨¦.

Un estudio anterior de G¨®mez Gil detallaba que el servicio dom¨¦stico, el calzado, la confecci¨®n, la hosteler¨ªa y la construcci¨®n acaparan las mayores bolsas de empleo sumergido. La econom¨ªa clandestina se nutre en gran medida de trabajadores procedentes del norte de ?frica, Suram¨¦rica y los pa¨ªses de la antigua Europa del ?ste. Las redes ilegales cuentan habitualmente con la colaboraci¨®n de empresarios locales y compatriotas de los propios inmigrantes, quienes act¨²an de enlace y estafan aprovechando su condici¨®n de irregularidad e, indefectiblemente, su situaci¨®n marginal.

Aunque la propuesta socialista de legalizar a los extranjeros que demuestren una relaci¨®n laboral es "muy positiva" toda vez que da respuesta a miles de inmigrantes que son explotados en r¨¦gimen de semiesclavitud, los sindicatos y organizaciones humanitarias se muestran cautos. El secretario de Pol¨ªtica Social y Empleo de CC OO en L'Alacant¨ª y Les Marines, Pepo Ruiz, aplaudi¨® ayer la iniciativa, si bien, lo esencial es, a su entender, "dar forma a la iniciativa y articular un procedimiento l¨®gico capaz de asumir las nuevas peticiones".

En su opini¨®n, el PSOE ha dado un paso "importante" al reconocer el volumen de extranjeros empleados de forma clandestina,una situaci¨®n que propicia un grave perjuicio no s¨®lo a los propios trabajadores que les empuja a la precariedad laboral, sino al propio sistema p¨²blico de la Seguridad Social. El soci¨®logo G¨®mez Gil apreci¨® que esta f¨®rmula "actuar¨¢ de una manera muy efectiva sobre la llamada econom¨ªa sumergida". No obstante, advirti¨® ayer, en declaraciones a Efe, que la propuesta socialista puede llevar a la proliferaci¨®n de redes que "venden ofertas de trabajo falsas y supuestos asesoramientos ilegales". Por ello, portavoces de diferentes entidades humanitarias reclamaron al PSOE una mayor informaci¨®n a prop¨®sito de la medida. Estos colectivos se cuestionaron c¨®mo los empresarios pueden acreditar la relaci¨®n laboral con sus trabajadores indocumentados, en tanto que, en su condici¨®n de irregular, carecen de cualquier tipo de certificaci¨®n.

G¨®mez Gil expres¨® su "preocupaci¨®n" ante el peligro de que los extranjeros irregulares, ante la falta de informaci¨®n, trasladen a familiares y amigos de sus pa¨ªses de origen la noticia de la regularizaci¨®n que empujen a muchos a "vender sus posesiones" para venir a Espa?a. "Una vez aqu¨ª, su situaci¨®n puede empeorar". Agreg¨®, adem¨¢s, la necesidad de que se trate de un proceso transparente y pr¨¢ctico para evitar la angustia a los extranjeros cuya "dram¨¢tica situaci¨®n les conduce a agarrarse a cualquier cosa". Es precisamente aqu¨ª, insiste, cuando entran en escena los desaprensivos.

En cualquier caso, G¨®mez Gil concluy¨® que "hablar por primera vez de pol¨ªticas efectivas de integraci¨®n y de normalizaci¨®n es bueno"