Reforma en marcha

Las reformas institucionales se han puesto en marcha. La del Estatuto catal¨¢n marcar¨¢ seguramente otras posteriores, y de ah¨ª la importancia de que haya comenzado a caminar mediante un procedimiento respetuoso con el marco constitucional y las reglas de juego democr¨¢ticas. La institucionalizaci¨®n de la Conferencia de Presidentes Auton¨®micos, bloqueada por la actitud del PP, depende principalmente de lo que decidan los conservadores en su inminente congreso.

En el Parlamento catal¨¢n la elaboraci¨®n de la propuesta de reforma corre a cargo de una ponencia con presencia de todos los partidos, lo que ya es una diferencia notable con el procedimiento aplicado por el Gobierno de Ibarretxe. Una comisi¨®n de expertos del Instituto de Estudios Auton¨®micos elabora para la ponencia el trabajo de encaje en el marco legal de las propuestas pol¨ªticas. Maragall ha querido poner todos los temas sobre la mesa, incluyendo los m¨¢s delicados, pero la ponencia ha aparcado para el tramo final, contra el criterio de CiU, tres puntos que suscitan desacuerdos incluso dentro del tripartito: la definici¨®n de Catalu?a, el modelo de financiaci¨®n y la eventual menci¨®n al derecho de autodeterminaci¨®n.

El m¨¦todo parece adecuado para ir construyendo un consenso suficiente. A diferencia de otros estatutos, el de Catalu?a exige una mayor¨ªa de dos tercios para su reforma. Ello ya obliga a buscar un amplio acuerdo. Esa necesidad se ve reforzada por la intervenci¨®n ulterior de las Cortes, sin cuya convalidaci¨®n la reforma no adquirir¨ªa validez. Pero el hecho de que el texto salido de las Cortes deba ser sometido a refer¨¦ndum de los catalanes configura un equilibrio que hace que todas las partes est¨¦n interesadas en el consenso.

Con toda probabilidad, ese consenso estar¨¢ condicionado por la actitud que los partidos adopten respecto a las reformas constitucionales, especialmente la del Senado y tambi¨¦n, si se plantease, la relativa a la distinci¨®n entre nacionalidades y regiones. Las reformas constitucionales ir¨¢n a ritmo m¨¢s lento para que su votaci¨®n coincida con el fin de la legislatura y permita su ratificaci¨®n por la siguiente C¨¢mara y en refer¨¦ndum.

Ello aumenta el inter¨¦s de contar con un organismo de cooperaci¨®n entre comunidades y de ¨¦stas con el poder central, sobre cuya necesidad parec¨ªa existir consenso hace a?os. Ahora el PP bloquea la iniciativa (del mismo modo que boicotea otros foros interterritoriales, como ayer el de Sanidad). Es incoherente porque mientras no exista un Senado verdaderamente territorial, esa Conferencia deber¨ªa jugar un papel de contrapeso a la estricta divisi¨®n ideol¨®gica que se manifiesta en el Congreso: propiciando acuerdos entre comunidades con intereses compartidos, al margen del color de sus gobiernos en asuntos como la pol¨ªtica hidr¨¢ulica, y evitando bloqueos irresolubles en torno a problemas como la pol¨¦mica sobre el catal¨¢n y el valenciano.