Un nuevo reto para Andaluc¨ªa

El debate sobre la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa es ya hoy un debate necesario e inaplazable. Tras 25 a?os de desarrollo democr¨¢tico y auton¨®mico, Andaluc¨ªa se enfrenta a nuevos retos pol¨ªticos y sociales derivados de la propia evoluci¨®n de la sociedad y de nuestro papel e intervenci¨®n en Espa?a y Europa, para lo cual el actual Estatuto es un instrumento claramente insuficiente. Andaluc¨ªa necesita un nuevo impulso pol¨ªtico y un cambio en profundidad. Para ello, se hace imprescindible plantear un nuevo y m¨¢s potente instrumento jur¨ªdico-pol¨ªtico que nos permita alcanzar tres objetivos fundamentales: obtener y ejercer el mayor grado de autogobierno posible, mejorar la calidad de vida de los andaluces y marcar los objetivos estrat¨¦gicos de Andaluc¨ªa para los pr¨®ximos 25 a?os. Para una fuerza pol¨ªtica como IU LV-CA, cuyo objetivo fundamental es transformar la sociedad andaluza, para hacerla m¨¢s igual y solidaria en todos los terrenos, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, estos tres objetivos est¨¢n ¨ªntimamente relacionados y se condicionan mutuamente.

Hay que incorporar una carta de derechos sociales de car¨¢cter universal

Ni la Constituci¨®n ni los Estatutos pueden permanecer como textos sagrados

Tras los resultados de los pasados procesos electorales, el debate sobre la reforma de la Constituci¨®n y de los distintos Estatutos est¨¢ m¨¢s vivo y abierto que nunca, inici¨¢ndose el camino de una segunda transici¨®n en el conjunto del Estado. La conformaci¨®n de mayor¨ªas parlamentarias y de gobiernos que llevan en su programa electoral compromisos en esta direcci¨®n ha contribuido a que el tema entre de lleno en la agenda y el calendario pol¨ªtico de esta legislatura. Andaluc¨ªa no puede quedarse atr¨¢s, ni llegar tarde al debate general, ni poner freno a este debate, pues sin lugar a dudas vamos a asistir a un nuevo proceso instituyente en torno al modelo de Estado en el que se va a definir una nueva relaci¨®n entre todas las comunidades y nacionalidades que conforman la Espa?a plural y plurinacional.

En este contexto, el nuevo Estatuto andaluz deber¨ªa estar listo para su aprobaci¨®n por el Parlamento el pr¨®ximo 28 de febrero, para que sea remitido y discutido en el Congreso de modo simult¨¢neo a otros como el catal¨¢n. Andaluc¨ªa una vez m¨¢s debe asumir un fuerte protagonismo en este debate pol¨ªtico, tal como ocurri¨® en 1980, para garantizar que accedamos al m¨¢ximo nivel de autogobierno en igualdad de condiciones con cualquier otra comunidad. Mal har¨ªa Andaluc¨ªa si, en vez de reivindicar para s¨ª el m¨¢ximo nivel competencial, asume la direcci¨®n del coro de voces centralistas que pretende frenar las aspiraciones de otras comunidades y de la nuestra.

Desde nuestros planteamientos, la consecuci¨®n del m¨¢ximo nivel de autogobierno no es posible sin reformar tambi¨¦n la Constituci¨®n Espa?ola, no s¨®lo en su T¨ªtulo III, en lo que se refiere al Senado, sino tambi¨¦n su T¨ªtulo VIII, para redefinir la organizaci¨®n territorial del Estado, y a otros, como el T¨ªtulo V, que afecta al poder judicial. Todo ello para avanzar la construcci¨®n de un Estado federal, plurinacional y solidario, que respete las diferencias y particularidades de cada pueblo pero que elimine las desigualdades territoriales y sociales. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro horizonte, que recoge la tradici¨®n de la izquierda republicana y federal.

En varios debates el se?or Chaves ha defendido, frente a nuestra posici¨®n, que estamos en un estado auton¨®mico cuasifederal y que no quer¨ªa entrar en un debate nominalista. Si as¨ª fuera, ?por qu¨¦ tanto miedo a llamar las cosas por su nombre? Para nosotros el problema es de fondo. A nuestro juicio, el Estado federal es el que mejor resuelve tres contradicciones que est¨¢n a debate: la contradicci¨®n entre la cohesi¨®n y el car¨¢cter plurinacional de Espa?a; la contradicci¨®n entre los derechos nacionales y los derechos de ciudadan¨ªa; y la contradicci¨®n entre reivindicaci¨®n particular y solidaridad. Avanzar hacia el Estado federal supone un pacto en el que todas las comunidades que conforman Espa?a acuerden qu¨¦ competencias asumir¨¢n y cu¨¢les residir¨¢n en la federaci¨®n como depositaria de la soberan¨ªa del conjunto.

Est¨¢ claro que tras 26 a?os de democracia, el modelo auton¨®mico de la Constituci¨®n del 78 ha cumplido la funci¨®n que se le asign¨®: permitir la transici¨®n de un estado dictatorial y centralista a un estado democr¨¢tico y pol¨ªticamente descentralizado. Durante este tiempo, la realidad espa?ola y europea ha ido cambiando y la Constituci¨®n ha puesto de manifiesto sus aciertos y sus lagunas. Europa ha condicionado la propia Constituci¨®n y los Estatutos de Autonom¨ªa. Ni la una ni los otros pueden permanecer como textos sagrados e inamovibles. Por tanto, consolidada ya la democracia, nadie deber¨ªa sorprenderse por plantear el debate en lo referente al modelo de Estado.

Al mismo tiempo, estamos ante un problema de ritmos y de m¨¦todos. Frente a la l¨®gica y la din¨¢mica que se dio durante la transici¨®n, en la que primero se redact¨® la Constituci¨®n y despu¨¦s los Estatutos, ahora asistimos a una din¨¢mica pol¨ªtica inversa o cuando menos casi paralela en el debate: los Parlamentos de Catalu?a y Andaluc¨ªa ya han constituido sus respectivas ponencias, Ibarretxe someter¨¢ su plan a discusi¨®n en el Parlamento vasco, y el Gobierno actual ha planteado que para enero debe iniciarse el debate sobre la reforma limitada de la Constituci¨®n, a la que deber¨¢n adecuarse las reformas estatutarias. De ah¨ª la importancia que tendr¨ªa acompasar los debates, sus ritmos y sus m¨¦todos. IU participar¨¢ con intensidad en todos ellos defendiendo nuestros objetivos y posiciones.

El art¨ªculo 74 de nuestro Estatuto establece una mayor¨ªa de tres quintos del Parlamento para la aprobaci¨®n de una propuesta de reforma. Hoy, al igual que en 1980, es posible aprobar un Estatuto sustentado en un amplio acuerdo de las fuerzas progresistas de Andaluc¨ªa, apoyado y respaldado por la gran mayor¨ªa del pueblo andaluz y sus organizaciones. En IU-CA estamos abiertos al di¨¢logo y, por lo tanto, al m¨¢ximo consenso, pero no aceptamos vetos o frenos a las leg¨ªtimas aspiraciones de la mayor¨ªa del pueblo andaluz.

Hoy como ayer con quien es necesario alcanzar un amplio acuerdo y consenso es con la sociedad y con las instituciones andaluzas. ?stas deben ser protagonistas de un debate tan importante para Andaluc¨ªa que no puede quedar recluido en sede parlamentaria. Es necesario socializarlo para escuchar las aspiraciones de los distintos sectores sociales y sensibilizar y movilizar a la sociedad andaluza, para hacerla protagonista de los cambios. Para ello, hemos propuesto dos procesos participativos: la comparecencia de cuarenta y dos organizaciones e instituciones andaluzas, en el seno de la ponencia parlamentaria, y la creaci¨®n de foros paralelos y simult¨¢neos de debate abiertos al conjunto de la ciudadan¨ªa andaluza.

Por concretar algunos aspectos, el nuevo Estatuto debe contribuir al fortalecimiento de las se?as de identidad del pueblo andaluz y debe incluir el pacto local y la comarcalizaci¨®n; la reforma de las instituciones andaluzas, sean locales o auton¨®micas, para que sus instrumentos y procedimientos legislativos y administrativos ganen en eficiencia, representatividad, pluralidad, participaci¨®n y paridad; la limitaci¨®n de mandatos del presidente de la Junta de Andaluc¨ªa y la participaci¨®n de Andaluc¨ªa en las decisiones de la UE que le afecte.

Para responder a las nuevas demandas sociales y realidad andaluza, habr¨ªa que ampliar los objetivos b¨¢sicos y estrat¨¦gicos del art. 12.3 del Estatuto, en coherencia con un nuevo modelo de desarrollo econ¨®mico, basado en la sostenibilidad medioambiental y en el bienestar comunitario, e incorporar una Carta de Derechos Sociales de car¨¢cter fundamental y universal, que d¨¦ soporte jur¨ªdico a las pol¨ªticas de cohesi¨®n social que permitan afrontar los retos de la desigualdad, la pobreza y la inmigraci¨®n.

La reforma debe ampliar los contenidos del art. 23 del Estatuto para establecer acuerdos y convenios de cooperaci¨®n con otras comunidades aut¨®nomas, con regiones europeas y de nuestro entorno, y favorecer una sociedad de paz, libre de bases militares y desnuclearizada.