No puede ser en derecho lo que no es por naturaleza

Desde antes de las elecciones del 14-M los partidos que, posteriormente, han formado gobierno o le apoyan, en sus programas electorales anunciaron el prop¨®sito de legalizar el que llaman matrimonio entre personas del mismo sexo. Una vez constituido, el Gobierno, pensando contar con el respaldo parlamentario de los partidos que le sostienen, en la reuni¨®n del Consejo de Ministros del 1 de octubre de 2004, aprob¨® un anteproyecto de ley reguladora del susodicho prop¨®sito, que ha de ser discutido en tr¨¢mite parlamentario para su aprobaci¨®n o rechazo.

Tanto antes como despu¨¦s de este paso, la Conferencia Episcopal Espa?ola y numerosos obispos, en sus respectivas di¨®cesis, han declarado que el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, ni es matrimonio ni puede ser legalizado sin afectar negativamente al bien com¨²n de la sociedad espa?ola, causando, sobre todo, un da?o profundo a la familia como instituci¨®n. Esta postura no deber¨ªa haber extra?ado a nadie, ya que responde a la doctrina y a la praxis del dep¨®sito de la fe cristiana que los obispos tienen el deber no s¨®lo de custodiar, sino de propalar, utilizando el derecho a la libertad de expresi¨®n que la Constituci¨®n garantiza a todos los ciudadanos.

Los grupos de presi¨®n homosexuales quieren el matrimonio para lograr aceptaci¨®n social

El "matrimonio homosexual" destruye la relaci¨®n entre matrimonio y paternidad

Sin embargo, tanto los portavoces del Gobierno como determinados colectivos han considerado que la declaraci¨®n episcopal constitu¨ªa una "ofensiva frontal" contra el Gobierno, a?adiendo que se trata de un Ejecutivo leg¨ªtimo salido de las urnas, con facultad de legislar sin atenerse a lo que piensen o digan los obispos. El argumento en que se basa esta reacci¨®n es el usado habitualmente por los progresistas, cuando, en temas como el divorcio, el aborto, la eutanasia y, ahora, el matrimonio, afirman que los cat¨®licos no pueden pretender imponer al com¨²n de la sociedad lo que es exclusivamente propio de su confesi¨®n religiosa. Lo cierto es que la Iglesia, como cualquier otra persona o entidad, puede proponer lo que tiene por verdadero y deseable, confiando en que la verdad, que no debe imponerse por la fuerza, se impondr¨¢ por la fuerza de la verdad.

Pero es que en el caso que nos ocupa, como en el del aborto y la eutanasia, la oposici¨®n a la legalizaci¨®n de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo no necesita descansar en la doctrina de la Iglesia cat¨®lica, sino que se apoya en argumentos antropol¨®gicos compartidos por personas de otras religiones, agn¨®sticos o ateos. Y en estos t¨¦rminos, sin apoyarme en la fe cristiana, que desde luego confieso, digo que, de acuerdo simplemente con la recta raz¨®n, desde el principio de la sociedad humana, con datos que se retrotraen a m¨¢s de 5.000 a?os, en todas las culturas, el verdadero matrimonio, sea religioso, civil o meramente natural, ha sido definido como la uni¨®n entre un hombre y una mujer, en orden a la procreaci¨®n, y que la uni¨®n sexual entre dos hombres o dos mujeres no puede igualarse en derecho al verdadero matrimonio. La raz¨®n antropol¨®gica, pol¨ªtica y social es que las uniones entre personas del mismo sexo no est¨¢n en condiciones de asegurar la procreaci¨®n y la supervivencia de la especie humana, cosa que s¨ª ocurre con el matrimonio que, gracias a la posibilidad de engendrar hijos, se constituye en el fundamento de la familia que asegura la supervivencia de la sociedad.

Es cierto que en determinadas ¨¦pocas y en determinadas culturas, como la sumeria y la babil¨®nica, han existido, y siguen existiendo, entre los musulmanes, por ejemplo, formas matrimoniales de naturaleza polig¨¢mica -un hombre con varias mujeres-; como tambi¨¦n han existido las de naturaleza poli¨¢ndrica -una mujer con varios hombres-. Pero jam¨¢s, en ninguna cultura, se ha considerado matrimonio la uni¨®n entre personas del mismo sexo. Las relaciones homosexuales que, desde luego, no han faltado nunca, siempre y en todo lugar han sido tenidas como contrarias a la naturaleza y siempre se las ha considerado incapaces de ser reguladas como matrimonio en el ¨¢mbito del derecho. S¨®lo recientemente, cediendo a la presi¨®n del "orgullo gay", que, desde hace poco, ha salido de la discreci¨®n en que la homosexualidad se hab¨ªa mantenido, algunos pocos pa¨ªses occidentales han legalizado la posibilidad de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio. Pero estas leyes, propiamente hablando, no son leyes, sino corrupci¨®n de ley, porque, en sana filosof¨ªa, con antecedentes que se remontan a Plat¨®n o Arist¨®teles, que, por haber vivido varios siglos antes de Cristo no eran cristianos, la ley es la ordenaci¨®n racional para el bien com¨²n, promulgada por quien tiene potestad para ello. Y la ley que otorga la condici¨®n de matrimonio a la uni¨®n de dos personas del mismo sexo, no est¨¢ inspirada en la recta raz¨®n, sino que va contra la naturaleza; no produce el bien com¨²n sino que, para dar satisfacci¨®n a un reducido n¨²mero de personas, perjudica la verdadera instituci¨®n matrimonial a la que se acogen la mayor¨ªa de los ciudadanos y que, a consecuencia de dicha ley, queda relegada a una mera clase de matrimonio; y, finalmente, no est¨¢ promulgada por quien tiene potestad para ello, porque ning¨²n Parlamento, aunque fuera por unanimidad, tiene potestad para legislar en contra de la ley natural, reconocible, por la recta raz¨®n, en el propio ser del hombre. De aqu¨ª que el art¨ªculo 32 de nuestra Constituci¨®n, de acuerdo con la antigua y muy respetable tradici¨®n, diga que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jur¨ªdica", lo cual, a juicio de numerosos civilistas de reconocido prestigio, y no precisamente de derechas, significa que la Constituci¨®n exige que el matrimonio sea heterosexual y que legalizar el matrimonio homosexual ser¨ªa legislar contra la Constituci¨®n. Por ello, es sospechoso, por lo menos, que el Gobierno pretenda eludir la preceptiva, aunque no vinculante, consulta al Consejo Superior del Poder Judicial sobre el proyecto de matrimonio homosexual.

Aunque la opini¨®n p¨²blica no constituya una prueba del error ¨ªnsito en las leyes que consideran matrimonio a la uni¨®n de dos personas del mismo sexo, la verdad es que estas leyes, al rev¨¦s de lo que se dice, en el fondo no gozan del favor de la opini¨®n p¨²blica. En Suecia, en abril, el Parlamento constituy¨® una comisi¨®n para estudiar la posibilidad de que los homosexuales pudieran casarse, estableciendo que los ciudadanos pod¨ªan dirigirse a la comisi¨®n para expresar su opini¨®n. La mayor¨ªa de los que lo han hecho est¨¢n en contra. Casi 40.000 personas han enviado mensajes de correo electr¨®nico pidiendo que se mantenga el concepto de matrimonio como uni¨®n entre un hombre y una mujer. En los Estados Unidos el "matrimonio homosexual" pierde cuando se somete a plebiscito. Son ya seis los Estados de ese pa¨ªs donde se han aprobado enmiendas para expresar que s¨®lo es matrimonio la uni¨®n entre un hombre y una mujer. Y son veinte los Estados que est¨¢n en tr¨¢mites para pedir al Congreso que apruebe una enmienda federal que proh¨ªba el matrimonio entre homosexuales.

Y en Espa?a, ?qu¨¦ sucede? Pues que, a consecuencia del pensamiento d¨¦bil que ha desembocado en la postura "pol¨ªticamente correcta", si se pregunta a la gente, no son pocos los que, pensando que es algo que no les afecta directamente, contestan que el matrimonio entre homosexuales les parece bien, aunque generalmente se manifiestan en contra de la adopci¨®n de ni?os por parte de parejas del mismo sexo. Sin embargo, si profundizando en el tema se formula una segunda pregunta para saber c¨®mo ver¨ªan que uno de sus hijos optara por el pretendido matrimonio con otra persona del mismo sexo, la respuesta es que para el encuestado este hecho supondr¨ªa un serio disgusto. Evidentemente, al lado de los que aceptan el proyecto, hay numerosos grupos, altamente calificados, que luchan, hasta llegar si es posible a la iniciativa legislativa popular, en contra del proyecto en tr¨¢mite.

El error de las personas que, en aras de lo pol¨ªticamente correcto, aceptan la legalizaci¨®n del matrimonio entre personas del mismo sexo es que piensan que es algo que no va con ellos; no van a usarlo. Pero lo importante no es que sean m¨¢s o menos los que lo usen; lo importante es que la legalizaci¨®n del matrimonio entre homosexuales, ataca al verdadero matrimonio y a la larga acabar¨ªa por destruirlo, en el sentido de que cada vez ser¨ªan menos lo que se casan. Estudios estad¨ªsticos llevados a cabo en Escandinavia prueban que existe una relaci¨®n directa entre la crisis de la instituci¨®n del matrimonio y la aceptaci¨®n del "matrimonio homosexual" por el ordenamiento jur¨ªdico.

En vez de favorecer la vuelta en bloque de la sociedad a la instituci¨®n del matrimonio, el "matrimonio homosexual" en Escandinavia ha enviado a los hogares el mensaje de que el matrimonio est¨¢ pasado de moda, y que pr¨¢cticamente cualquier forma de familia -incluida la paternidad fuera del matrimonio- es aceptable. Es l¨®gico que as¨ª sea: una vez que el "matrimonio homosexual", donde est¨¢ legalizado, ha destruido la relaci¨®n entre matrimonio y paternidad, la gente acaba pensando que no vale la pena casarse, m¨¢xime si, como tambi¨¦n pretende el Gobierno socialista en Espa?a, el "divorcio r¨¢pido" reducir¨ªa el matrimonio a la categor¨ªa del contrato civil menos protegido o m¨¢s devaluado.

Todo esto no obsta para sostener que las personas homosexuales, como los dem¨¢s ciudadanos, tienen el derecho a recurrir al C¨®digo Civil para establecer, entre ellas, el convenio que mejor asegure sus intereses. Lo que sucede es que los grupos de presi¨®n homosexuales, que saben perfectamente que esta posibilidad es suficiente para los fines econ¨®micos y jur¨ªdicos de todo orden, no se conforman con ello y pretenden que se les otorgue acceder al matrimonio, al que por ley natural no tienen ning¨²n derecho, para de esta forma conseguir un elevado grado de aceptaci¨®n social. Lo cual, dicho sea de paso, no hace sino resaltar el valor de la instituci¨®n matrimonial.

Ante todo ello, cuando el proyecto de ley que pretende equiparar al matrimonio las uniones homosexuales llegue a las Cortes, los diputados y senadores no pueden pensar que se trata de algo sin mayor importancia porque, aunque la ley se apruebe, nadie estar¨¢ obligado a utilizarla y s¨®lo afectar¨ªa a quienes lo hagan. Y no pueden pensarlo, porque, como hemos visto, esta ley, a trav¨¦s del ataque al verdadero matrimonio, causar¨ªa un gran da?o al bien com¨²n. Por ello, los parlamentarios llamados a votar, tanto si son cat¨®licos como si no lo son, tanto si practican alguna otra religi¨®n como si no lo hacen, tanto si son creyentes como si son agn¨®sticos, si son de verdad humanistas, deben votar en contra del proyecto ya que votar a favor es ir en contra de la ley natural, de acuerdo con cuyos principios tanto la historia como la recta raz¨®n ponen de manifiesto que el matrimonio s¨®lo puede ser contra¨ªdo por personas de distinto sexo.

Rafael Termes es acad¨¦mico de la Real Academia de Ciencias Morales y Pol¨ªticas.