Venezuela aprueba la pol¨¦mica ley de control de radio y televisi¨®n

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisi¨®n, un instrumento jur¨ªdico que fija horarios restringidos para los contenidos considerados pornogr¨¢ficos y violentos. La ley, que entrar¨¢ en vigor despu¨¦s de una revisi¨®n de estilo en el Parlamento y tras recibir el visto bueno del presidente Hugo Ch¨¢vez, es considerado como una amenaza contra la libertad de expresi¨®n por los partidos de la oposici¨®n, los propietarios de medios de comunicaci¨®n, corporaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos. La ley fue objeto de un largo debate en el seno del Poder Legislativo que incluy¨® numerosos intentos de la oposici¨®n de impedir su aprobaci¨®n mediante t¨¢cticas dilatorias y hasta algunos conatos de violencia entre los diputados. La aprobaci¨®n se produjo a pesar de una campa?a de los principales medios de comunicaci¨®n, que se refieren al texto como "ley mordaza", en alusi¨®n a sus posibles efectos negativos sobre el derecho a expresarse. El Gobierno, a su vez, emprendi¨® una contraofensiva basada en conferencias en todo el pa¨ªs para convencer de las bondades de la normativa, a la que el sector oficialista prefiere llamarle "ley resorte".

Las emisoras de radio y de televisi¨®n que violen la norma ser¨¢n sancionadas con fuertes multas y, en caso de reincidencia, con cierres temporales o definitivos. La ley, adem¨¢s de fijar horarios exclusivos para la audiencia infantil, durante los cuales no podr¨¢n difundirse programas de sexo o violencia, obliga a las empresas privadas de radiodifusi¨®n y de televisi¨®n a dar cabida en sus programas a productores independientes que no formen parte de la plantilla de estas compa?¨ªas.

Productoras independientes

El Gobierno y los sectores que apoyan la ley consideran que de esta manera se estimular¨¢ el crecimiento de la industria nacional, pues actualmente la mayor¨ªa de los programas son importados y los que se realizan en el pa¨ªs son elaborados por las mismas emisoras. Los propietarios de estos medios advierten que el Gobierno pretende tomar el control de las programaciones pues las organizaciones de productores independientes ser¨¢n financiadas con fondos estatales.

El viceministro de Comunicaci¨®n e Informaci¨®n, William Castillo, dijo que lo fundamental de ahora en adelante es lograr que los usuarios de los medios de comunicaci¨®n se organicen y participen en el control de los programas. La ley contempla la figura de los comit¨¦s de usuarios, organizaciones que tendr¨¢n influencia directa en las decisiones que tomen las autoridades acerca de programas permitidos, multas y otras sanciones.

Castillo desestim¨® las denuncias de la organizaci¨®n Human Rigth Watch en contra de la legislaci¨®n. "No hay un an¨¢lisis profundo ni se conoce nuestra realidad. La defensa que esa organizaci¨®n hace de la libertad de expresi¨®n es la de un derecho empresarial", expres¨®. La oposici¨®n adelant¨® que intentar¨¢ impedir la entrada en vigor de la ley convocando un refer¨¦ndum abrogatorio, figura contemplada en la Constituci¨®n.