La mayor¨ªa de los inmigrantes irregulares est¨¢ sin atenci¨®n primaria

La Consejer¨ªa de Sanidad restringe el volumen de inmigrantes irregulares con derecho a la sanidad p¨²blica, y deja sin ning¨²n tipo de cobertura asistencial a la mayor¨ªa de 'sin papeles'. Seg¨²n el c¨¢lculo de un grupo de profesionales que trabajan con extranjeros, la Generalitat priva de atenci¨®n m¨¦dica a ocho de cada diez inmigrantes instalados de manera clandestina. Los restrictivos requisitos para acceder a la tarjeta sanitaria, la indefinici¨®n administrativa para su concesi¨®n y la demora en su tramitaci¨®n "dificulta" el acceso de los extranjeros a la red asistencial.

En lo que va de a?o, la Consejer¨ªa de Sanidad ha expedido cerca de 22.000 tarjetas solidarias [una variante de tarjeta sanitaria que garantiza durante un a?o la atenci¨®n m¨¦dica a los inmigrantes sin recursos de la Comunidad Valenciana], seg¨²n datos facilitados por el departamento de Vicente Rambla.

Profesionales que trabajan con extranjeros -expertos, m¨¦dicos y el sindicato CC OO-, denuncian que la Consejer¨ªa de Sanidad restringe el acceso a la sanidad p¨²blica a la poblaci¨®n extranjera. La demora en la tramitaci¨®n de las tarjetas solidarias, la indefinici¨®n administrativa para su concesi¨®n y los restrictivos requisitos para acceder a ella dejan fuera de este sistema a un extraordinario n¨²mero de extranjeros, seg¨²n denuncian profesionales. Esta situaci¨®n no s¨®lo provoca un grave perjuicio a este colectivo sino al propio sistema de salud p¨²blica, cuyas urgencias se ven saturadas ante la avalancha de inmigrantes desatendidos en los centros de salud.

En 2000, a trav¨¦s de un decreto, la Generalitat Valenciana reconoci¨® el derecho constitucional a la atenci¨®n sanitaria p¨²blica de los inmigrantes empadronados, extranjeros que residen en la Comunidad Valenciana pero que no necesariamente tienen reglada su situaci¨®n en Espa?a. Los ¨²ltimos datos del padr¨®n cifran en 233.749 los inmigrantes en esa situaci¨®n. Para garantizar la prestaci¨®n asistencial a la colonia extranjera, la Concejal¨ªa de Sanidad, entonces dirigida por Jos¨¦ Emilio Cervera bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, cre¨® la tarjeta solidaria. Este documento no s¨®lo garantiza a los extranjeros la atenci¨®n m¨¦dica en igualdad de condiciones que a los aut¨®ctonos sino que adem¨¢s exime a los beneficiarios del pago de los medicamentos. Pero la medida que se concibi¨® supuestamente para la integraci¨®n social de este colectivo se ha revelado como un proceso que "dificulta" el acceso sanitario a la poblaci¨®n for¨¢nea, alerta Ram¨®n Castej¨®n, profesor asociado de la Divisi¨®n de Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hern¨¢ndez (UMH) de Elche. "Esta iniciativa lejos de abrir un proceso de normalizaci¨®n de los inmigrantes les segrega a¨²n m¨¢s", a?ade el experto. La ventaja de acceder gratuitamente a los f¨¢rmacos obliga a la Administraci¨®n auton¨®mica a "restringir" de manera clamorosa el n¨²mero de extranjeros que pueden disponer de la tarjeta solidaria y, por tanto, del documento que les posibilita acceder al servicio de salud, alertan expertos. El soci¨®logo Carlos G¨®mez Gil, director del Seminario Permanente de Inmigraci¨®n de la Universidad de Alicante, reprocha que la Generalitat exije requisitos, muchos de ellos rocambolescos, para acceder a la citada tarjeta. Los solicitantes han de acreditar numerosa documentaci¨®n, entre ella el pasaporte. Adem¨¢s, deben presentar un justificante que acredite no haber tributado nunca a Hacienda (aqu¨¦llos que trabajaron temporalmente quedan excluidos) y demostrar que cobran por debajo del salario m¨ªnimo interprofesional por unidad familiar

Fuentes oficiales de la Generalitat, el pasado agosto, informaron de que la Consejer¨ªa de Sanidad concedi¨® 110.214 documentos solidarios desde que el Consell aprobara esta tarjeta en 2000 y hasta agosto de este a?o. Los expertos cuestionaron la cifra, en tanto que este documento tiene validez de un a?o y debe ser renovado anualmente. Adem¨¢s, denuncian que la tramitaci¨®n de las tarjetas tiene una demora media de seis meses. Mientras, en caso de necesidad, los extranjeros recurren a los servicios de urgencias ante la imposibilidad de ser atendidos en los centros de salud.