Los inmigrantes y la atenci¨®n sanitaria

En los ¨²ltimos meses se han venido multiplicando diferentes sucesos relacionados con el acceso a la atenci¨®n sanitaria de los inmigrantes en nuestra Comunidad que evidencian las enormes dificultades que est¨¢n teniendo ¨¦stos para acceder a una atenci¨®n b¨¢sica reconocida por la ley, con todos los problemas sanitarios que ello genera, tanto para este colectivo como para el resto de la sociedad. Por un lado, existen testimonios que evidencian las enormes dificultades que desde el principio han existido en algunas localidades y centros de salud para facilitar el acceso a la atenci¨®n sanitaria de los inmigrantes, a trav¨¦s de un rechazo sistem¨¢tico y generalizado en estos lugares de las tarjetas sanitarias solicitadas, lo que ha supuesto una vulneraci¨®n tan caprichosa como perjudicial para el sistema sanitario p¨²blico, creando disfunciones evidentes, como el desv¨ªo de inmigrantes hacia unas urgencias ya de por s¨ª saturadas. Por si fuera poco, desde diversos medios de comunicaci¨®n se han recogido informaciones tan inexactas como deficientes, culpabilizando a los inmigrantes hasta de la "escasez de sangre" en nuestros centros hospitalarios, acus¨¢ndoles del d¨¦ficit sanitario y espolvoreando todo tipo de adjetivos que ayudan muy poco a facilitar una mejor convivencia con estas personas (tales como "abuso", "picaresca", "desmesura", o "avalancha" sanitaria). Todo ello est¨¢ dejando una herencia muy da?ina desde la perspectiva de comprensi¨®n del fen¨®meno migratorio, al tiempo que parece buscar una vez m¨¢s en los inmigrantes los chivos expiatorios de los problemas por los que atraviesa nuestra Sanidad. Desde nuestra responsabilidad y experiencia, creemos necesario generar algunas reflexiones acerca de cu¨¢l ha sido la pol¨ªtica de accesibilidad al sistema sanitario p¨²blico en la Comunidad Valenciana para la poblaci¨®n inmigrante.

El reconocimiento de la atenci¨®n sanitaria a la poblaci¨®n extranjera viene definida inicialmente por la regulaci¨®n estatal que supuso la Ley Org¨¢nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa?a y su integraci¨®n social, que en su art¨ªculo 12, Derecho a la asistencia sanitaria, adoptaba el criterio de residencia como mecanismo de atribuci¨®n del derecho de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud para los extranjeros. A partir de aqu¨ª, se deb¨ªan poner en marcha los mecanismos administrativos que posibilitaran este derecho en cada autonom¨ªa; esto es, el empadronamiento en cualquier municipio conllevaba el acceso a la asistencia sanitaria p¨²blica.

En la Comunidad Valenciana, el decreto 26/2000, de 22 de febrero, del Gobierno valenciano establec¨ªa este derecho y creaba la Tarjeta Solidaria para asegurar el acceso para los extranjeros no empadronados o sin recursos econ¨®micos, con la particularidad de eximirles del pago de los medicamentos financiados por el sistema nacional de salud. Esta Tarjeta Solidaria y su aplicaci¨®n administrativa, publicitada en su momento medi¨¢ticamente por el Gobierno valenciano y su entonces presidente, Eduardo Zaplana, como una iniciativa "pionera" frente al resto del Estado, se ha convertido, a nuestro entender, en una de las causas de la situaci¨®n de confusi¨®n, heterogeneidad y discrecionalidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, generando un enorme malestar en el colectivo de trabajadores sociales. Como ha manifestado el colectivo de trabajadores sociales de Atenci¨®n Primaria en su "propuesta de mejora en t¨¦rminos de eficacia y eficiencia de la prestaci¨®n de la Asistencia Sanitaria", "cualquier ciudadano, por su condici¨®n de empadronado, tendr¨ªa derecho a la Asistencia Sanitaria, derecho que podr¨ªa tramitar directamente los servicios de Admisi¨®n-SIP del Centro de Salud que le corresponda por su domicilio. As¨ª se les dar¨ªa cobertura de forma autom¨¢tica y sin demoras en la cita ni en la resoluci¨®n de su expediente".

El derecho a la asistencia sanitaria de las poblaciones extranjeras vendr¨ªa as¨ª a resolverse con el criterio que adoptaba la Ley Org¨¢nica 4/2000, el de residencia, y conllevando una aportaci¨®n del 40% en la compra farmac¨¦utica, al igual que el resto de los ciudadanos. Quedar¨ªa abierta, como este colectivo manifiesta, la posibilidad de que en determinados casos concretos se estableciera una exenci¨®n de la aportaci¨®n farmac¨¦utica, y tambi¨¦n quedar¨ªa por resolver la tramitaci¨®n administrativa de la tarjeta sanitaria para asegurar el derecho al acceso de la misma para los extranjeros no empadronados que inicialmente era el objetivo de la Tarjeta Sanitaria. Sin embargo, todas estas anomal¨ªas generan situaciones de confusi¨®n, contradicciones administrativas y heterogeneidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud para las poblaciones extranjeras a lo largo y ancho de nuestra Comunidad, con algunas situaciones tan pintorescas como rocambolescas, si no habl¨¢ramos de un derecho esencial como es la atenci¨®n sanitaria. Su posible resoluci¨®n est¨¢ en manos de la Administraci¨®n, de la Consejer¨ªa de Sanidad y la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social, que deber¨ªan articular los mecanismos administrativos esenciales para que este derecho sea aplicado efectivamente en condiciones de igualdad, como establec¨ªa la Ley 4/2000. Quedar¨ªa entonces por iniciar el debate sobre la equidad en la provisi¨®n de servicios sanitarios hacia los colectivos de origen inmigrante y la adaptaci¨®n, por parte del Sistema Nacional de Salud, de su funcionamiento a las necesidades espec¨ªficas de estas poblaciones.

Cuatro a?os despu¨¦s de que se reconociera el derecho de los inmigrantes a la atenci¨®n sanitaria, como un derecho fundamental de todo ser humano, en esta Comunidad quedan muchas cosas por hacer para garantizar esta atenci¨®n b¨¢sica, en l¨ªnea con lo que han desarrollado otras autonom¨ªas. Lo f¨¢cil es culpar a los inmigrantes de los males de nuestro sistema sanitario y denegar el acceso al mismo a miles de ellos, generando m¨¢s problemas para la sociedad y para el conjunto de la sanidad valenciana.

Ram¨®n Castej¨®n Bolea es profesor asociado en la Universidad Miguel Hern¨¢ndez y m¨¦dico de familia, Carlos G¨®mez Gil es director del Seminario Permanente de Inmigraci¨®n de la Universidad de Alicante y profesor asociado de esta Universidad y Salvador Roig es secretario de Comunicaci¨®n de la Uni¨® Comarcal de CC OO de l'Alacant¨ª-Les Marines