La Administraci¨®n, la mujer del c¨¦sar

Probablemente todos hemos utilizado en alguna ocasi¨®n la expresi¨®n "es mi dinero, y con ¨¦l hago lo que quiero". Podemos utilizar nuestros recursos econ¨®micos como nos parezca, aun cuando esas decisiones pudieran ser arbitrarias o desafortunadas. As¨ª, por ejemplo, si quiero contratar los servicios de Internet estoy en mi derecho a hacerlo con la empresa que me apetezca, ya sea porque me ofrece los mejores precios o porque el director es un amigo; si contrato a un empleado, puedo elegir a la persona que me caiga mejor; al dar una subvenci¨®n escojo libremente al beneficiario sin pensar que con eso discrimino a otros que pudieran tener m¨¢s necesidades o m¨¦ritos. En todas estas decisiones me asiste una legitimidad directa que procede del hecho de que estoy empleando recursos que son estrictamente m¨ªos, privados.

Pero la cosa cambia cuando las decisiones utilizan dinero p¨²blicos, es decir, de otros. Da lo mismo que esos otros sean los accionistas de una empresa o los ciudadanos de una comunidad. En ambos casos, los gestores de esos fondos p¨²blicos est¨¢n obligados a seguir alg¨²n tipo de procedimiento formal establecido y a rendir cuentas. Esto es as¨ª porque, a diferencia del caso anterior, la legitimidad que les asiste es una legitimidad indirecta o delegada, otorgada por los accionistas o por los electores, que les obliga a seguir procedimientos transparentes y a responder de sus decisiones.

Esta exigencia es la que ha forzado a dimitir y a tener que presentarse ante los tribunales de Justicia a muchos altos directivos de empresas, como es el caso de Enron en EE UU o el de Gescartera en Espa?a. Estas empresas son p¨²blicas, en el sentido anglosaj¨®n del t¨¦rmino, en la medida en que sus gestores manejan recursos e intereses de otros. Y esta condici¨®n p¨²blica est¨¢ permitiendo reclamarles ante los tribunales da?os por decisiones negligentes o dolosas, tomadas a sabiendas de que lo eran, y manipulando los procedimientos contables y de informaci¨®n establecidos.

Con mayor raz¨®n, esas exigencias de transparencia y responsabilidad son aplicables a los pol¨ªticos y a los responsables de cualquier Administraci¨®n p¨²blica. Han de ser conscientes de que est¨¢n sometidos a lo que podr¨ªamos llamar una restricci¨®n de equidad: sus decisiones no pueden beneficiar o discriminar injustamente a unos ciudadanos o empresas en perjuicio de otros. Una decisi¨®n pol¨ªtico-administrativa puede ser ineficiente, y no pasa nada; pero lo que no puede ser es inequitativa, injusta. Y la justicia o equidad de una decisi¨®n administrativa viene definida por el hecho de si ha seguido o no el procedimiento legalmente establecido.

Por eso los procedimientos administrativos son lentos y requieren tanto papeleo. Muchas personas que critican esa rigidez no se dan cuenta de que es la condici¨®n para garantizar que las decisiones administrativas respeten el principio de equidad, ya sea en la contrataci¨®n de nuevos empleados o en el otorgamiento de subvenciones, contratos o concesiones. Si aun siguiendo esos procedimientos farragosos queda la duda del amiguismo, imag¨ªnense lo que ocurrir¨ªa de no seguirlos.

Viene esto a cuento a ra¨ªz de la presentaci¨®n del informe sobre la gesti¨®n de los gobiernos de CiU, encargado por Maragall. No me interesan tanto las conclusiones -que hablan de desorden administrativo e irregularidades en la adjudicaci¨®n de subvenciones, contratos y concesiones- como la reacci¨®n de algunos responsables de CiU y las propuestas del tripartito para evitar que en su gesti¨®n se repitan esos mismos comportamientos patrimonialistas.

Artur Mas ha acusado al tripartito de falta de legitimidad para juzgar la gesti¨®n de los gobiernos anteriores y ha se?alado que, en todo caso, las cuestiones criticables son peccata minuta. All¨¢ ¨¦l con su personal concepci¨®n de la legitimidad de los gobiernos democr¨¢ticamente constituidos, pero como ocurre ya con los directivos de empresas, los responsables pol¨ªticos y los gestores p¨²blicos tendr¨¢n que ir acostumbr¨¢ndose a que se le exija responsabilidad por sus decisiones. Pero, en todo caso, discrepo en que la conculcaci¨®n del procedimiento administrativo sea una cuesti¨®n menor. Utilizando el refranero popular, se puede decir que las administraciones p¨²blicas, como la mujer del c¨¦sar, no s¨®lo tienen que ser honestas, sino que adem¨¢s han de parecerlo.

?Qu¨¦ tendr¨ªa que hacer el tripartito para no caer en los mismos comportamientos? El informe propone la creaci¨®n de una Oficina de la Transparencia. Tengo escasa confianza en mecanismos de control internos cuyos responsables est¨¢n sometidos a autoridad de las mismas personas que han de controlar. Hay otra v¨ªa m¨¢s eficaz y menos costosa. ?Por qu¨¦ en vez de crear nuevos organismos burocr¨¢ticos no se opta para una ley de libertad de informaci¨®n, al estilo de la que acaba de entrar en vigor el 1 de enero pasado en el Reino Unido, que reconozca de forma efectiva el derecho de los ciudadanos a pedir y obtener en un plazo corto cualquier tipo de informaci¨®n de que dispongan las administraciones p¨²blicas -ya sea una consejer¨ªa, un hospital o una escuela- sobre las subvenciones concedidas, las concesiones otorgadas, las empresas con mayor ¨ªndice de siniestralidad laboral o cualquier otra informaci¨®n?

Saber utilizar la voz de los ciudadanos, otorg¨¢ndoles m¨¢s poder para obtener informaci¨®n, contribuir¨¢ m¨¢s que ninguna otra iniciativa a disciplinar el comportamiento de los pol¨ªticos y gestores p¨²blicos, lo que permitir¨¢ construir unas administraciones p¨²blicas m¨¢s equitativas y a la vez m¨¢s eficientes. Pienso que de esta forma el tripartito har¨ªa una contribuci¨®n relevante a la transparencia y modernizaci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica catalana, y sin duda ser¨ªa un ejemplo que seguir¨ªan otros gobiernos.