Ch¨¢vez decreta el reparto a los campesinos de tierras sin cultivar

El presidente de Venezuela, Hugo Ch¨¢vez, dict¨® un decreto para entregar a campesinos pobres las tierras productivas que hoy se encuentran sin cultivar y que pertenecen a latifundistas. Ch¨¢vez firm¨® esta normativa durante el primer acto de masas de 2005, realizado en Caracas el lunes para conmemorar el aniversario de la muerte del general Ezequiel Zamora, pionero venezolano de las luchas de los campesinos.

"?La guerra contra el latifundio es esencia de la revoluci¨®n bolivariana!", declar¨® el presidente Ch¨¢vez entre aplausos de los campesinos. "Hay que poner orden a la propiedad de la tierra, tierra para los campesinos, para el que la trabaje".

Una comisi¨®n agraria integrada por altos funcionarios del Estado revisar¨¢ la situaci¨®n de las tierras y llevar¨¢ a cabo el reparto de las "tierras ociosas". El decreto procura unificar las legislaciones que durante los ¨²ltimos d¨ªas de 2004 pusieron en vigencia varios gobernadores con la finalidad de ejecutar la reforma agraria en sus respectivas regiones.

El primero en actuar fue el gobernador del Estado de Cojedes, Johnny Y¨¢nez Rangel, del partido oficial Movimiento Quinta Rep¨²blica (MVR), quien adem¨¢s ha comenzado ya a aplicar sus disposiciones, al intervenir el s¨¢bado una de las haciendas m¨¢s grandes de esta regi¨®n, enclavada en los llanos centrales venezolanos. La acci¨®n, llevada a cabo en el hato El Charcote, provoc¨® una gran expectativa porque se trata de un enclave de producci¨®n ganadera, dirigido por una empresa de capital brit¨¢nico.

El Gobierno de Cojedes alega que una parte significativa del hato no es propiedad de la empresa, pues se trata de terrenos que pertenecen al Estado.

Representantes de la empresa y diplom¨¢ticos del Reino Unido han advertido de que esta clase de acciones puede afectar a las inversiones extranjeras en Venezuela, y han insistido en que El Charcote es una empresa productiva y generadora de numerosos empleos.

Propiedad del Estado

La situaci¨®n irregular planteada en esta hacienda no es inusual, seg¨²n los estudios que han realizado las autoridades. Un porcentaje alto, aunque no precisado, de grandes haciendas es total o parcialmente propiedad del Estado. Otras, que s¨ª son propiedad legal de particulares, permanecen sin actividad productiva y, por tanto, son tambi¨¦n susceptibles de ser "afectadas", es decir, que sus due?os pueden ser conminados a vender o, en caso de oponerse, ser sometidos a un proceso de expropiaci¨®n.

Tanto los decretos de los Gobiernos regionales como la normativa global dictada por Ch¨¢vez se basan en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aprobada en 2001 y que gener¨® constantes protestas del empresariado venezolano. La aplicaci¨®n del texto legal se hab¨ªa visto paralizada por los problemas pol¨ªticos que mantuvieron al Gobierno ocupado en su propia supervivencia, entre 2001 y 2004. Ahora las reacciones han sido mucho m¨¢s moderadas, entre otras causas porque la oposici¨®n pol¨ªtica se encuentra pr¨¢cticamente postrada, tras las derrotas en las urnas. Sin embargo, la poderosa Federaci¨®n Nacional de Ganaderos (Fedenaga) se declar¨® en emergencia ante la ofensiva gubernamental.