Desmesura

Hay jueces de los que se dice que est¨¢n dispuestos a que se hunda el mundo con tal de que prevalezca la justicia. Al Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos (FGD) le ser¨¢ muy dif¨ªcil sobrevivir a la decisi¨®n del juez de Primera Instancia n¨²mero 4 de Madrid, Joaqu¨ªn Ebile, si no es capaz de eludir el pago al que le condena de una indemnizaci¨®n de casi 1.200 millones de euros al ex propietario del Banco de Valladolid, intervenido en 1978 por el Banco de Espa?a por su elevada deuda, su falta de tesorer¨ªa y la existencia de una caja B, y posteriormente vendido a Barclays.

Esa cuant¨ªa, anque no est¨¦ cifrada en billones como dec¨ªa la redacci¨®n inicial de la sentencia, sino en millones, supone pr¨¢cticamente el patrimonio del FGD, por lo que podr¨ªa darse la paradoja de que la quiebra de una entidad bancaria en 1978, debida a las irregularidades de todo tipo observadas por el Banco de Espa?a, provoque 26 a?os despu¨¦s la del organismo creado para hacer frente a las crisis bancarias y garantizar los derechos de los depositantes. M¨¢s que una iron¨ªa de la historia, se tratar¨ªa en este caso de los efectos deformantes de una justicia, no ya lenta, sino en estado catat¨®nico.

Trat¨¢ndose de una cuant¨ªa tan desorbitada, todas las alarmas han saltado de inmediato. Es una resolucion de inveros¨ªmil cumplimiento y que ha causado la natural inquietud en el sistema financiero. El FGD ha solicitado al juez que aclare la cifra e incluso ser¨ªa interesante saber cu¨¢les han sido los c¨¢lculos hechos para llegar a ella. Pero es preocupante que se le hiciera notar con anterioridad la magnitud de la cuant¨ªa, as¨ª como sus posibles efectos sobre el sistema financiero, y se le ofreciera el apoyo de peritos profesionales y, sin embargo, no hiciera ning¨²n caso.

Urge, por tanto, una investigaci¨®n a fondo, ya anunciada por el Consejo del Poder Judicial, sobre la actuacion del juez Ebile. Y m¨¢s trat¨¢ndose de alguien con antecedentes disciplinarios, sancionado al menos en una ocasi¨®n por atrasos injustificados en su juzgado. En ¨¦ste como en otros casos de decisiones judiciales disparatadas o incomprensibles, los ciudadanos tienen derecho no s¨®lo a conocer los motivos, sino los rasgos de personalidad de quienes las toman. El sistema judicial espa?ol sigue nombrando jueces sobre cuyas cualidades y defectos personales nada se sabe. El acceso a la judicatura se produce al margen de pruebas psicol¨®gicas imprescindibles para mostrar la idoneidad caracteriol¨®gica exigible al desempe?o de la funci¨®n judicial. Tampoco los nuevos jueces tienen una formaci¨®n m¨ªnima en materias cada vez m¨¢s relacionadas con su funci¨®n.