La Generalitat pide permiso al juez para apuntalar dos bloques del Carmel en peligro

La Generalitat pidi¨® ayer al juzgado de incidencias una orden judicial para entrar a apuntalar los dos edificios contiguos a los tres bloques pendientes de derribo. Las 11 familias que viven en estos inmuebles y sus letrados se negaron en reiteradas ocasiones a que se reforzaran sus casas a pesar del riesgo que ello entra?aba. Pero ayer la comisi¨®n t¨¦cnica que estudia el estado de las recimentaciones concluy¨® que ambos inmuebles deben ser apuntalados "por razones de seguridad" de forma "imprescindible y urgente" a causa de la presi¨®n que ejerc¨ªa la lluvia sobre los edificios y los escombros.

Los escombros generados por los hundimientos del 27 de enero y el 3 de febrero y el derribo de la finca n¨²mero 10 de la calle de Calafell hac¨ªan presi¨®n ya en los ¨²ltimos d¨ªas a los tres edificios contiguos -los n¨²meros 8 y 6 de Calafell y el 6 de Conca de Tremp-, que deben ser derribados. De hecho, varios bomberos que estaban retirando objetos del n¨²mero 6 de Conca de Tremp tuvieron que salir corriendo del edificio al o¨ªr un ruido en la estructura que les alarm¨®.

Para no afectar a m¨¢s edificios de la manzana, antes se deb¨ªan apuntalar los bloques 4 de Calafell y 8 de Conca de Tremp, situados justo al lado de los condenados a ser demolidos. Pero sin la autorizaci¨®n de las 11 familias que habitaban estos inmuebles, la Generalitat no pod¨ªa reforzarlos.

Esta compleja situaci¨®n llevaba encallada m¨¢s de una semana, cuando los abogados de los habitantes en ambos edificios empezaron a negociar con el Gobierno catal¨¢n. Todas las negociaciones acabaron sin acuerdo. El autor del proyecto de apuntalamiento, Carles Buxad¨¦, y el responsable del informe del estado de los edificios pendientes de derribo, Vicente Alegre, informaron ayer al Departamento de Pol¨ªtica Territorial y Obras P¨²blicas de que el estado de los tres edificios pendientes de derribo era grave despu¨¦s de que la lluvia ocasionara un sobrepeso en los escombros que presionaban a estos edificios.

Autorizaci¨®n negada

Todo ello, advirtieron los t¨¦cnicos, pod¨ªa poner en peligro la estabilidad de los edificios contiguos a los que se derribar¨¢n. "Los informes consideran que la situaci¨®n obliga a actuar lo m¨¢s pronto posible, y no hacerlo ser¨ªa una irresponsabilidad", justific¨® ayer una portavoz de Pol¨ªtica Territorial. Una de las abogadas de las familias de los dos edificios, Mari Carmen P¨¦rez-Pozo, asegur¨® que no estaban bloqueando nada. Sin embargo, el Gobierno catal¨¢n asegur¨® que los letrados conoc¨ªan la situaci¨®n de los edificios de la zona y que, a pesar de ello, siguieron neg¨¢ndose a autorizar estos trabajos.

Durante la tarde de ayer, P¨¦rez-Pozo comunic¨® a la Generalitat que no dar¨ªa una respuesta definitiva hasta la semana pr¨®xima, puesto que "sus t¨¦cnicos no hab¨ªan podido ver los proyectos", que seg¨²n afirma se le entregaron ayer mismo. "Como es l¨®gico no se puede estudiar en un fin de semana", argument¨®. La Generalitat desminti¨® de forma rotunda esta versi¨®n y asegur¨® que se le dieron todos los estudios al final de la reuni¨®n que varios representantes de la Administraci¨®n mantuvieron con los abogados el pasado mi¨¦rcoles. "Se les propuso una reuni¨®n para el jueves, a la que deb¨ªan acudir nuestros t¨¦cnicos y los suyos, pero afirmaron que no les iba bien", afirm¨® esta fuente.

Tras la negativa de ayer para apuntalar las casas, la Generalitat se decidi¨® por pedir una orden al juzgado de incidencias para que se le autorizara a entrar a estos edificios para apuntalarlos y poder derribar de forma controlada los tres inmuebles de la zona de los hundimentos, que corr¨ªan grave peligro.

P¨¦rez-Pozo asegur¨® a este diario sentirse sorprendida. "Llevamos toda la semana pidiendo los informes y no han tenido prisa. Y ahora nos dicen que estos edificios est¨¢n en peligro. Es una encerrona para conseguir una cesi¨®n incondicional de los vecinos", asegur¨® la letrada, quien esperaba que el juez la informara sobre la orden.La Asociaci¨®n de Vecinos del Carmel anunci¨® esta semana que recomendar¨ªa que hasta el lunes se mantuviera el boicoteo a las inspecciones de los edificios, pero muchos vecinos han decidido no hacer caso de la consigna. Hasta ayer los t¨¦cnicos designados por la Generalitat y los vecinos hab¨ªan revisado el 40% de las 444 viviendas que fueron desalojadas el pasado 27 de enero, seg¨²n fuentes del Departamento de Pol¨ªtica Territorial y Obras P¨²blicas.

Las inspecciones en la zona amarilla, como se conoce al ¨¢rea m¨¢s afectada por los hundimientos, llevan un ritmo m¨¢s r¨¢pido de lo que parec¨ªa a principios de semana. Entonces, miembros de la asociaci¨®n de vecinos presionaron a los que resid¨ªan en esas viviendas para que no dejaran que se revisaran sus casas. El boicoteo no ha funcionado, puesto que los t¨¦cnicos hasta ayer efectuaron visitas t¨¦cnicas en 150 de las 214 viviendas que hay en la zona.

La autorizaci¨®n de estas familias, argumenta la Generalitat, se debe a que el proceso de retorno a estos inmuebles es m¨¢s lento y complejo. Un ingeniero especializado en da?os estructurales, un arquitecto y un t¨¦cnico de los vecinos redactar¨¢n tras cada revisi¨®n un proyecto de rehabilitaci¨®n y restauraci¨®n de cada edificio y vivienda. En 12 de estos inmuebles, adem¨¢s, se deber¨¢n efectuar tareas de micropilotaje.

M¨¢s resistencia ofrecen los afectados que viven en edificios del per¨ªmetro de seguridad que est¨¢n m¨¢s alejados de la zona del socav¨®n. Hasta ayer se revisaron 35 de las 230 viviendas de esa ¨¢rea, pero fuentes del Gobierno catal¨¢n puntualizaron que se avanza seg¨²n el ritmo previsto. Ayer se visitaron los pisos de los n¨²meros 13 y 15 de la calle de Bernat Bransi, y 18 y 20 de la calle de Sig¨¹enza.

La portavoz de la Asociaci¨®n de Afectados L¨ªnea 5 del Carmel, Mari Carmen P¨¦rez-Pozo, explic¨® que los vecinos no siguen ninguna consigna general, pero que algunos contin¨²an reticentes a dejar entrar a los inspectores. "Algunos no entran porque quieren que primero se derriben los tres edificios, otros porque quieren conocer el resultado de las negociaciones y un grupo lamenta que nos den unos certificados con fecha del 18 de febrero, cuando a¨²n hab¨ªa movimientos", explic¨® P¨¦rez-Pozo.

El apuntalamiento de los edificios contiguos a los que se deben derribar y las demoliciones podr¨ªan acelerar las inspecciones de las viviendas y el proceso de retorno a las casas.