La Comunidad cifra en 1.000 millones los impuestos que tiene pendientes de cobro

La Comunidad de Madrid considera que miles de ciudadanos e instituciones p¨²blicas y privadas -incluidos el Principado de Asturias, la Uni¨®n Europea y la Generalitat de Catalu?a- le adeudan 932 millones de euros por impuestos no devengados. Una auditor¨ªa de la C¨¢mara de Cuentas desvela que buena parte de estas cantidades no podr¨¢n ser cobradas nunca por la Comunidad, por haber prescrito, haber sido recurridas y ganadas en los tribunales por los afectados o, simplemente, porque, seg¨²n los auditores, ya han sido pagadas, aunque la Comunidad no lo reconozca.

El Gobierno regional, seg¨²n se refleja en los presupuestos generales de 2003 -elaborados por el equipo del ex presidente, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, pero ejecutados en parte por su sucesora, Esperanza Aguirre- afirma que los contribuyentes privados le deben 319 millones. De ¨¦stos, 76 millones corresponden al impuesto sobre sucesiones y donaciones no abonado; otros 49,8 millones al impuesto de transmisiones patrimoniales, y 15 m¨¢s al impuesto de actos jur¨ªdicos documentados. Estos dos ¨²ltimos se pagan cuando se produce la venta de una vivienda entre privados.

Pero no son los ¨²nicos morosos que est¨¢n en el punto de mira del Gobierno regional. Seg¨²n la Comunidad de Madrid, los empresarios madrile?os tambi¨¦n tienen una factura pendiente de 8,6 millones de euros en concepto de recargo por el impuesto de actividades econ¨®micas no devengado (IAE). De todas formas, seg¨²n la C¨¢mara de Cuentas, que ha auditado los presupuestos generales de la Comunidad de 2003, debe ser el Ayuntamiento de Madrid quien se encargue de pasarles la factura.

Las administraciones p¨²blicas no se libran tampoco de las reclamaciones econ¨®micas de la Comunidad. ?sta exige al Ayuntamiento de Madrid 6,8 millones de euros por anuncios insertados en el Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad. De todas formas, el Ayuntamiento no parece dispuesto a hacer frente a este pago, ya que los tribunales le han venido dando sucesivamente la raz¨®n y considera que no debe pagar estos anuncios.

Tajo-Segura

El Gobierno regional tambi¨¦n reclama otros 3,8 millones de euros al Trasvase Tajo-Segura por el agua llevada hasta las cuencas mediterr¨¢neas. Pero la C¨¢mara de Cuentas afirma que el trasvase ya ha pagado 3,01 millones, por lo que la deuda con la Comunidad es s¨®lo de 752.000 euros.

Los auditores p¨²blicos consideran que de los 932 millones de euros que la Comunidad reclama, 80 millones no se podr¨¢n cobrar nunca porque los expedientes administrativos contienen "errores materiales" o los jueces avalaron recursos de los contribuyentes afectados. La C¨¢mara de Cuentas considera muy dif¨ªciles de cobrar 23 millones de euros en concepto de impuesto sobre sucesiones y donaciones y 26 m¨¢s de transmisiones patrimoniales, as¨ª como otros cuatro m¨¢s relativos al impuesto de actos jur¨ªdicos documentados.

De entre estos impuestos no cobrados, los auditores p¨²blicos hacen menci¨®n expresa a los siguientes casos. En 1994 muri¨®, Pedro Masaveu, un millonario asturiano, y el Principado de Asturias reclam¨® a sus herederos el pago del correspondiente impuesto de sucesiones. La Comunidad de Madrid, que consideraba que Masaveu deb¨ªa abonar los impuestos en la regi¨®n por haber vivido en ¨¦sta, emprendi¨® entonces un proceso judicial que actualmente est¨¢ todav¨ªa en manos del Tribunal Supremo. En juego est¨¢n 66 millones de euros.

Pero no es el ¨²nico caso. A principios de los a?os noventa, la Delegaci¨®n Especial de Hacienda emprendi¨® una investigaci¨®n sobre diversas liquidaciones en el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF). El valor del supuesto fraude descubierto ascendi¨® a 71 millones de euros. Pero el Tribunal Supremo confirm¨® una sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la inspecci¨®n porque las inspecciones hab¨ªan comenzado de oficio y bas¨¢ndose en la resoluci¨®n de 16 de julio de 1992, que estaba anulada por los tribunales. Los auditores p¨²blicos consideran que estos 71 millones son "incobrables".

Los auditores tambi¨¦n hacen menci¨®n a una deuda de 9,1 millones correspondiente al recargo del impuesto sobre actividades econ¨®micas y sobre la extinguida licencia fiscal del impuesto industrial. De esta cantidad, unos 140.000 euros no podr¨¢n ser nunca cobrados, porque nunca fueron ingresados por un recaudador que decidi¨® quedarse con ellos a principios de los a?os noventa. Seg¨²n opinan los auditores, de la C¨¢mara de Cuentas, "las deudas han prescrito".