Jueces y partidos

LA INTERPOSICI?N, el pasado martes, del recurso de inconstitucionalidad del PP contra la modificaci¨®n del art¨ªculo 127 de la Ley del Poder Judicial (que exige a partir de ahora una mayor¨ªa cualificada de 3/5 de su ¨®rgano de gobierno para designar a los presidentes de sala y magistrados del Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia) arroja le?a al fuego de un conflicto potencialmente devastador del Estado de derecho. Hasta la entrada en vigor de esa reforma legal bastaba la mayor¨ªa absoluta -11 miembros sobre 21- del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir esos puestos; la raz¨®n ¨²ltima de la elevaci¨®n a 13 vocales del antiguo tope -promovida por una proposici¨®n no de ley del Congreso de 21 de septiembre de 2001- fue la sectaria pol¨ªtica de nombramientos judiciales del ¨®rgano constitucional de la magistratura elegido en noviembre de 2001 para un mandato de cinco a?os por unas Cortes con hegemon¨ªa del PP.

El PP presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la designaci¨®n de los presidentes de sala y magistrados del Supremo mediante la mayor¨ªa cualificada del Consejo General del Poder Judicial

El recurso de inconstitucionalidad es un arma demasiado poderosa para ser utilizada -como en esta ocasi¨®n- de manera fr¨ªvola y desproporcionada en una escaramuza parlamentaria. Los fr¨¢giles fundamentos de la impugnaci¨®n del PP reproducen mim¨¦ticamente los argumentos empleados en su d¨ªa por los vocales conservadores del CGPJ para revolverse airadamente contra una reforma que lesionaba sus intereses particulares: resulta imposible saber a ciencia cierta si los redactores del recurso ante el Constitucional son los firmantes o sus consejeros. El solapamiento o incluso la superposici¨®n entre el PP y la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura -inspiradora y correa de transmisi¨®n a la vez de la pol¨ªtica judicial del Gobierno de Aznar durante las dos pasadas legislaturas- proyecta sobre esa alianza entre jueces y partidos la acusaci¨®n de ser juez y parte en el pleito.

La cautela adoptada por el art¨ªculo 127 de la Constituci¨®n para evitar la politizaci¨®n de jueces y magistrados (prohibir su pertenencia a partidos o sindicatos y autorizar, en cambio, su asociaci¨®n gremial) no s¨®lo es insuficiente, sino que adem¨¢s se presta a lecturas fraudulentas. La oportunidad brindada a los jueces de pedir la excedencia sin costes y viajar gratis al tentador mundo de la pol¨ªtica (como candidatos a diputados en la lista de un partido o como titulares de altos cargos ejecutivos) para regresar despu¨¦s a la magistratura bordea de forma abusiva la interdicci¨®n constitucional, especialmente cuando ese trayecto de ida y vuelta entre el Poder Judicial (ejercido por cada magistrado) y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo se realiza con descaro. Burlada por quienes tienen el deber de aplicar la Constituci¨®n, las conexiones existentes -de poco sirve negar la evidencia- entre las asociaciones profesionales y los partidos infringen tambi¨¦n esa prohibici¨®n.

La estrategia dise?ada por la mayor¨ªa del CGPJ para bloquear cualquier nombramiento que requiera la votaci¨®n cualificada de los 3/5 de sus miembros dej¨® vacantes el pasado mi¨¦rcoles los cargos de presidentes de tres salas del Supremo y del Tribunal de Castilla y Le¨®n. Si la numantina resistencia de la mayor¨ªa de bloqueo conservadora del CGPJ a llegar a entendimientos razonables con la minor¨ªa (se halla pendiente el nombramiento de varios magistrados del Supremo) siguiese acompa?ada de la anunciada voluntad obstruccionista del PP a la hora de elegir a finales de 2006 un nuevo CGPJ (sus esca?os son indispensables para alcanzar los 3/5 requeridos del Congreso y del Senado), se llegar¨ªa a una situaci¨®n tan absurda como la surrealista historia filmada por Bu?uel en El ¨¢ngel exterminador. El Supremo se esfumar¨ªa a medio plazo tanto por la jubilaci¨®n o fallecimiento de sus magistrados como por la negativa de la mayor¨ªa del CGPG elegido el a?o 2001 a renovarlos. Pero ese congelado ¨®rgano de gobierno con vocaci¨®n de inmortalidad tambi¨¦n estar¨ªa sometido a la usura del tiempo: se ir¨ªa desvaneciendo a medida que expirasen sus vocales y el grupo parlamentario del PP se resistiese a sustituirlos. El Poder Judicial quedar¨ªa de esta forma doblemente descabezado: sin Supremo que casara las sentencias de los tribunales inferiores y sin ¨®rgano de gobierno que cubriese sus vacantes.