El Gobierno da m¨¢s facilidades a los jueces para perseguir la pirater¨ªa

Primera aplicaci¨®n pr¨¢ctica del plan antipirater¨ªa. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, aprob¨® ayer el anteproyecto de ley que ampl¨ªa las "medidas, procedimientos y recursos judiciales para garantizar, frente a cualquier infracci¨®n, los derechos" de los inventores y creadores. Este anteproyecto adapta la directiva comunitaria 2004/48, sobre las normas procesales de los juicios civiles en el ¨¢mbito de la propiedad intelectual (copyright) e industrial (patentes y marcas).

La puesta en marcha de estas medidas, que antes deber¨¢ aprobar el Parlamento, implica una serie de modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil y las normativas de marcas, patentes y dise?o industrial. Adem¨¢s, complementa la otra directiva de la UE sobre los derechos de autor (2001/29/CE), cuya adaptaci¨®n a la legislaci¨®n espa?ola tiene en cartera el Ministerio de Cultura y que, sin llegar todav¨ªa al Parlamento, ya es motivo de pol¨¦mica.

La reforma busca efectos disuasorios al introducir medidas como "la posibilidad de instar la publicaci¨®n total o parcial de la sentencia judicial a costa del infractor" y nuevos criterios basados en el precio de mercado de las licencias para fijar la indemnizaci¨®n en caso de violaci¨®n de derechos.

Cambios

Los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil se refieren a las diligencias preliminares, el aseguramiento de la prueba, las medidas cautelares y las acciones a ejercitar por la violaci¨®n de un derecho.

Esto supone la incorporaci¨®n en el proceso civil de mecanismos para obtener informaci¨®n sobre el origen y las redes de distribuci¨®n de la mercanc¨ªa o servicios utilizados para cometer la infracci¨®n. Seg¨²n fuentes del Ministerio de Justicia, se contempla, cuando exista una demanda, la posibilidad de que un juzgado civil pueda obligar al presunto infractor a suministrar los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores y prestadores de servicios y mercanc¨ªas, siempre que la infracci¨®n sea con fines comerciales.

Tambi¨¦n incorpora otra diligencia preliminar que "obliga al infractor a abrir las cuentas y contratos de la empresa", es decir, el acceso a los documentos bancarios, financieros o comerciales que est¨¦n bajo el control del presunto infractor, que no se podr¨¢ amparar en el derecho de confidencialidad de la empresa, aunque el juez lo deber¨¢ tratar como secreto de sumario civil. El objetivo, seg¨²n Justicia, es garantizar la confidencialidad de la informaci¨®n de forma que el interrogatorio se celebre a puerta cerrada y evitar que los datos obtenidos se utilicen para fines distintos a la preparaci¨®n del juicio. Como medida anticipatoria, el juez tambi¨¦n podr¨¢ suspender y prohibir la actividad presuntamente infractora incluso antes de que empiece. Por otro lado, los titulares de patentes podr¨¢n pedir el embargo de los medios que hayan sido destinados "principalmente", antes la ley dec¨ªa exclusivamente, a cometer la infracci¨®n.