El principal y el agente

La Ley de Partidos Pol¨ªticos de 2002 se tambalea despu¨¦s de la exitosa argucia con que Batasuna ha conseguido estar presente en las elecciones y en el Parlamento a pesar de su previa ilegalizaci¨®n. Nadie entre nosotros alberga la m¨¢s m¨ªnima duda de que el PCTV-EHAK se ha convertido en un cauce de actuaci¨®n para los radicales ilegalizados. Y, sin embargo, esta convicci¨®n social un¨¢nime no ha podido tener su reflejo en el plano judicial, de forma que se ha creado una doble verdad: la pol¨ªtica y la jur¨ªdica. Lo que en un ¨¢mbito es evidente, en el otro no existe. Y, desde luego, el mayor signo de ineficacia y obsolescencia para un texto legal es el de que sea incapaz de recoger y sancionar la realidad social viva. Es en ese sentido que la ley se tambalea, porque es como una red de la que se escurren los peces.

Creo, sin embargo, que el debate en torno a esta cuesti¨®n se ha centrado en demas¨ªa en el terreno jur¨ªdico Y, adem¨¢s, ha quedado cortocircuitado casi desde su inicio por el Partido Popular, que lo ha convertido en un motivo de gre?a contra el Gobierno sin atender a razones de ning¨²n tipo. Una juridificaci¨®n que no parece desagradar tampoco a los socialistas, quiz¨¢s porque les permite rehuir el debate pol¨ªtico sobre la situaci¨®n creada por la presencia de Batasuna, aunque sea mediante persona interpuesta, en el futuro Parlamento vasco.

La t¨¦cnica utilizada por Batasuna encaja en los moldes de las pr¨¢cticas habituales en los para¨ªsos fiscales, o en el fen¨®meno de las "banderas de conveniencia". En definitiva, una empresa ya existente adquiere la carcasa, la pura formalidad jur¨ªdica, de una sociedad preexistente (de las cuales los bufetes de abogados de Panam¨¢ o Islas Caim¨¢n tienen durmientes a centenares en sus archivos) y vierte en ese molde alguna de sus actividades. En muchas ocasiones, los socios y directivos de esa sociedad lo siguen siendo las secretarias del despacho donde se adquiri¨®, o alg¨²n desocupado residente del pa¨ªs en cuesti¨®n. Lo que sucede es que el inversor real guarda en su cofre la mayor¨ªa de las acciones, al portador claro est¨¢, as¨ª como los poderes para actuar en su nombre. El control real, en definitiva. Pocas dudas caben de que Batasuna ha vertido en los moldes del PCTV su caudal pol¨ªtico de votos y apoyo, por mucho de que no existan pruebas tangibles de su control de las secretarias. El simple hecho de que los electores de Batasuna se hayan autorreconocido en el PCTV al votarle un¨¢nimemente es prueba de la inversi¨®n y del control previamente acordados. Ahora bien, este aparente supuesto pol¨ªtico de res ipsa loquitur (la cosa se demuestra por s¨ª misma), ?puede extrapolarse al ¨¢mbito jur¨ªdico constitucional? ?Puede considerarse como un supuesto de "sucesi¨®n de un partido disuelto" del art. 12.3? de la Ley de Partidos? La respuesta es negativa a la luz de la doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional, sobre todo en su ¨²ltima sentencia del 31 de marzo de 2005: un partido no es responsable por la adhesi¨®n que le demuestren los votantes o activistas de otro ilegalizado, en tanto no exista un acto de reconocimiento de ¨¦ste o unas conexiones estructurales y organizativas probadas. Quiz¨¢s, en otro sistema constitucional menos obsesionado por el garantismo la respuesta fuera distinta. Quiz¨¢s, lo fuera si estos mismos hechos se hubiesen planteado en una fase de terrorismo sangriento agudo, y no en una de tranquilidad como la actual. Pero el hecho cierto es que cualquier an¨¢lisis jur¨ªdico objetivo arroja como conclusi¨®n la de que una ilegalizaci¨®n del PCTV por el Ministerio Fiscal no pasar¨ªa el filtro constitucional, por lo menos mientras no se cuente con pruebas s¨®lidas de las conexiones citadas.

Ahora bien, el que la Ley de Partidos se tambalee no tendr¨ªa que conllevar por s¨ª mismo su arrumbamiento definitivo, puesto que ha demostrado su validez y eficacia en el pasado, y podr¨ªa seguir sirviendo como una significativa se?al de advertencia para los parlamentarios del PTVC y sus presuntos controladores de Batasuna. En efecto, una de las cuestiones m¨¢s interesantes del futuro pol¨ªtico es la de comprobar hasta qu¨¦ punto puede ejercitarse la actividad parlamentaria por persona interpuesta, o en qu¨¦ medida el controlado puede llegar a modificar los deseos del controlador una vez que asume e interioriza su nuevo papel relevante. Puede producirse ah¨ª una din¨¢mica interesante para la democracia en su conjunto (la compleja din¨¢mica entre el principal y su agente es un descubrimiento fruct¨ªfero de las ciencias sociales), y para favorecerla puede resultar importante contar con la amenaza siempre presente de la Ley de Partidos, que impedir¨ªa una asunci¨®n directa y descarada de protagonismo por Batasuna, con su consecuente involuci¨®n a situaciones anteriores.

Sin embargo, los signos van m¨¢s bien en el sentido de que, no s¨®lo la Ley de Partidos, sino todo el Pacto Antiterrorista, van a resultar fatalmente afectados por los hechos acaecidos. La torpe y obcecada trifulca que los populares han montado al Gobierno, acus¨¢ndole de connivencia con los terroristas, acelera un proceso pol¨ªtico en el que finalmente lo ¨²nico importante ser¨¢ saber sobre qui¨¦n recae el bald¨®n de dar por finiquitada la pol¨ªtica antiterrorista de los ¨²ltimos a?os. Pues no parece que los socialistas hagan ascos a la posibilidad de quedar libres de unas ataduras que han incomodado siempre a una parte substancial del PSOE. El mismo hecho de que se residencie el debate en el plano jur¨ªdico apunta en esa direcci¨®n. Si Rodr¨ªguez Zapatero quisiera de verdad intentar el mantenimiento de la unidad de acci¨®n, su mensaje no deber¨ªa ser tanto el de que una convicci¨®n moral no es una certeza jur¨ªdica, algo en lo que lleva toda la raz¨®n, sino el de que una convicci¨®n moral debe tener alguna consecuencia pol¨ªtica. Si todos estamos convencidos de que Batasuna controla de partida a los parlamentarios del PCTV, ?cu¨¢l deber¨ªa ser la l¨ªnea de comportamiento respecto a ellos? ?Cabe encogerse de hombros y decir que, puesto que son legales, son como cualquier otra fuerza pol¨ªtica? ?O hay que mantener una pol¨ªtica de control y exigencia respecto a ellos? ?Puede negociarse y pactarse con este grupo sin reservas? ?stas son las cuestiones a las que deber¨ªan hacer frente los partidos nacionales, en lugar de perderse en est¨¦riles debates sobre legalismos.

La sociedad vasca considera muy mayoritariamente que hoy es preferible tener a los radicales en el Parlamento, con voz y voto, que tenerlos fuera incontrolados. Se podr¨¢ estar de acuerdo o no con esta opini¨®n social mayoritaria (yo, desde luego, tengo serias dudas), pero no con la realidad objetiva de que no se ha podido impedir su presencia por medios v¨¢lidos en Derecho. As¨ª que lo prudente ser¨ªa acordar un protocolo para la futura relaci¨®n pol¨ªtica con ellos, en lugar de dar patadas para derribar lo que se hab¨ªa construido con tanto esfuerzo en los ¨²ltimos a?os.

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa es abogado.