El Supremo se enfrenta de nuevo al Constitucional

La Sala Penal del Tribunal Supremo critic¨® ayer al Tribunal Constitucional por la sentencia que establece una nueva doctrina sobre la prescripci¨®n de los delitos, y le acus¨® de arrebatarle las competencias que le otorga el art¨ªculo 123 de la Constituci¨®n, al haber extendido su jurisdicci¨®n a cuestiones de legalidad de las normas penales cuya interpretaci¨®n le incumbe en ¨²ltima instancia. Pese al laconismo del comunicado hecho p¨²blico por la Sala Penal, ¨¦sta deja clara su postura reivindicativa frente al Constitucional, en el que constituye el ¨²ltimo episodio del enfrentamiento entre los dos tribunales.

Fuentes de la Sala Penal informaron de que los magistrados examinar¨¢n m¨¢s detalladamente el alcance de la sentencia en futuras reuniones, tras las cuales "se pensar¨¢ en dirigirse al Gobierno para que plantee al Parlamento alg¨²n tipo de iniciativa".

Los 16 magistrados de la Sala Penal se reunieron ayer en pleno no jurisdiccional, bajo la presidencia en funciones del magistrado Enrique Bacigalupo, para analizar las sentencia 63/2005 del Tribunal Constitucional que instituy¨® una novedosa doctrina sobre la prescripci¨®n de los delitos, contraria a la seguida tradicionalmente por el Tribunal Supremo.

Durante la reuni¨®n se barajaron las distintas posiciones de los magistrados y se habl¨® de la posibilidad de acudir al Gobierno, lo que qued¨® aplazado en parte por las posturas menos proclives al enfrentamiento propiciadas por los magistrados Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar y Miguel Colmenero.

Al t¨¦rmino de la reuni¨®n, los magistrados redactaron un primer documento sobre el que acordaron mantener un pacto de silencio y entregaron a los medios informativos una escueta nota de ocho l¨ªneas criticando la jurisprudencia expansiva del Tribunal Constitucional y reafirmando sus competencias en materia de legalidad ordinaria.

Seg¨²n la sentencia del Constitucional, redactada por el magistrado Eugenio Gay, no basta que la denuncia o querella se interpongan dentro del plazo de prescripci¨®n para que se entienda que un procedimiento "se dirige contra el culpable", como exige el Tribunal Supremo, sino que para que se interrumpa la prescripci¨®n es preciso adem¨¢s que medie un acto de "interposici¨®n judicial" que ordene el efectivo inicio del procedimiento, ya que de lo contrario deber¨¢ entenderse que el delito ha prescrito.

Esa nueva interpretaci¨®n del Constitucional significa que quien desee ejercer una acci¨®n penal no puede esperar hasta el ¨²ltimo d¨ªa del plazo de prescripci¨®n para presentar la correspondiente denuncia o querella, pues supondr¨ªa dejar a los jueces sin plazo ¨²til para decidir sobre el inicio del procedimiento, y en consecuencia, tendr¨ªan que decretar la prescripci¨®n de los delitos denunciados.

La modificaci¨®n jurisprudencial puede afectar al recurso de amparo que tienen pendiente los banqueros Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, condenados por el Supremo a tres a?os y cuatro meses de prisi¨®n por delitos de estafa y falsedad documental en el caso Urbanor. La querella contra ambos se present¨® un d¨ªa antes de que terminara el plazo de prescripci¨®n, lo que aparentemente se ver¨ªa afectado por la nueva jurisprudencia constitucional.