El Estatut crea los mecanismos para lograr m¨¢s competencias en Justicia y Hacienda

La reforma del Estatut pactada por el PP y el PSPV-PSOE incluye los mecanismos necesarios para asumir m¨¢s competencias en Justicia y Hacienda. El acuerdo ampl¨ªa la carta de derechos sociales y, sobre todo, sienta las bases para ganar en autonom¨ªa financiera porque crea un servicio tributario propio que adem¨¢s de gestionar los impuestos cedidos podr¨¢, si as¨ª se acuerda a nivel del Estado, ocuparse del IRPF y el IVA. La reforma otorga carta de naturaleza a la Acad¨¨mia Valenciana de la Llengua (AVL), cuya normativa ser¨¢ de obligado cumplimiento para la Administraci¨®n.

El acuerdo sobre la reforma del Estatut se cerr¨® a las 18.00 de ayer, tras una intensa ma?ana en la que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, a trav¨¦s de los diputados del PP Seraf¨ªn Castellano y Rafael Maluenda y del socialista Antoni Such, se intercambiaron un buen n¨²mero de redacciones alternativas de los art¨ªculos 67 y 69, referidos a la financiaci¨®n. "Las lanzaderas no ha parado en todo el d¨ªa", confesaron en Presidencia. A las 19.00, los cinco pol¨ªticos citados presentaron el pacto junto al ficus monumental ubicado en el complejo parlamentario y en recuerdo del acuerdo de 1982 de Benic¨¤ssim -que se conmemor¨® con la plantaci¨®n de un magnolio-. All¨ª Camps y Pla presentaron el pacto. El primero insisti¨® en que la reforma es de m¨¢ximos pero dentro de la lealtad a la Constituci¨®n. El segundo puso el acento en la inclusi¨®n de nuevos derechos sociales y en que se garantiza la suficiencia financiera. En esencia, la reforma avanza en la consecuci¨®n de m¨¢s competencias, una mayor autonom¨ªa financiera, la ampliaci¨®n de derechos sociales y la elaboraci¨®n de consensos respecto a las se?as de identidad de los valencianos.

El presidente de la Generalitat tendr¨¢ capacidad plena para disolver las Cortes Valencianas y la convocatoria posterior de elecciones. Esta reforma estatutaria no se someter¨¢ al refer¨¦ndum de los ciudadanos, pero s¨ª se tendr¨¢n que ratificar las posteriores. Populares y socialistas han acordado finalmente, aunque en t¨¦rminos muy gen¨¦ricos, la posibilidad de que si hay un cambio en la legislaci¨®n estatal el Tribunal Superior de Justicia sea la ¨²ltima instancia para los valencianos. Tambi¨¦n crecer¨¢ el n¨²mero de diputados de los 89 actuales a un m¨ªnimo de 99, si bien no se conoce con exactitud cu¨¢l ser¨¢ la asignaci¨®n por provincias.

Los derechos sociales de los valencianos se ampl¨ªan con el nuevo texto, que tiene en cuenta las carencias h¨ªdricas de la Comunidad Valenciana y la necesidad de que el agua sea objeto de un reparto solidario. Una reivindicaci¨®n de los populares, impulsada sobre todo tras la derogaci¨®n del trasvase del Ebro. El cat¨¢logo de derechos se refuerza al recoger cuestiones como la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad o la renta m¨ªnima de ciudadan¨ªa para reducir los niveles de pobreza entre la poblaci¨®n.

La creaci¨®n de un servicio tributario auton¨®mico, elemento que ha estancado la negociaci¨®n durante varias semanas, significa en la pr¨¢ctica que, adem¨¢s de los tributos propios y los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades aut¨®nomas, la Generalitat podr¨¢, si as¨ª se acuerda a nivel del Estado, cogestionar los grandes impuestos como el IRPF, el IVA o los Impuestos especiales del alcohol o el tabaco. Por otro lado, el Estatut fija la filosof¨ªa ante una hipot¨¦tica reforma del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica para que la financiaci¨®n per capita se acerque a la media.

En el cap¨ªtulo de las se?as de identidad se han producido escasos avances despu¨¦s de que ambos partidos hayan renunciado a la menci¨®n expresa de la unidad entre valenciano y catal¨¢n, si bien el pacto reconoce que la normativa de la Acad¨¨mia Valenciana de la Llengua ser¨¢ de "obligado cumplimiento". En cualquier caso, esta normativa puede considerarse unitarista. Las leyes de m¨¢s empaque como la electoral o la de comarcalizaci¨®n requerir¨¢n para su aprobaci¨®n una mayor¨ªa cualificada de dos tercios de los diputados en lugar de la actual de tres quintos.

El texto de la reforma pretende dar tambi¨¦n un impulso al municipalismo al prever el traspaso de competencias dotadas financieramente desde la Generalitat y un fondo de compensaci¨®n intermunicipal.