Clos aplaza la firma de la Carta de Barcelona para acercarse a CiU y PP

El equipo de gobierno municipal y la oposici¨®n de CiU y el PP en el consistorio barcelon¨¦s se han dado un plazo de 48 horas para intentar llegar a un acuerdo sobre la Carta de Barcelona. En principio, la ratificaci¨®n del texto estaba prevista ma?ana entre las tres administraciones: central, auton¨®mica y municipal. La cita se pospone para tratar de llegar a un acuerdo y un apoyo a la ley el viernes, en un pleno extraordinario.

La reuni¨®n mantenida ayer entre el alcalde, Joan Clos, y los jefes de todos los grupos municipales sirvi¨® para poner en evidencia que una de las cosas que han molestado m¨¢s a la oposici¨®n en el tramo final de la negociaci¨®n de la ley de Barcelona es que el calendario era tan apresurado que no daba lugar a una negociaci¨®n previa de las enmiendas presentadas y al debate y la aprobaci¨®n del texto definitivo por parte del Ayuntamiento barcelon¨¦s, que fue el que la aprob¨® inicialmente en 1997. La ley de Barcelona se aprob¨® entonces con el consenso de todas las formaciones pol¨ªticas, y lo mismo ocurri¨® un a?o despu¨¦s, cuando se present¨® en el Parlament.

El panorama es muy distinto ahora, cuando el Gobierno central debe dar forma a la Carta en un proyecto de ley que recoja las cuestiones m¨¢s sensibles del articulado, como el sistema de financiaci¨®n y la creaci¨®n de la justicia de proximidad o de distrito. El acuerdo de texto al que llegaron las tres administraciones no gust¨® nada a CiU ni al PP, que presentaron enmiendas y alegaciones. Estas propuestas apenas pod¨ªan ser tenidas en cuenta debido a la premura del calendario pactado entre las tres administraciones -el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad-, que supon¨ªa que el texto definitivo se firmar¨ªa ma?ana y el Consejo de Ministros aprobar¨ªa casi inmediatamente el proyecto de ley. Despu¨¦s, la ley debe ser aprobada por el Congreso.

En la reuni¨®n de ayer, a la que tambi¨¦n asisti¨® el concejal de presidencia, Jos¨¦ Cuervo, uno de los negociadores del acuerdo en Madrid, se plantearon algunas iniciativas para aproximarse a ciertas exigencias de la oposici¨®n, pero sin que ello suponga replantear el fondo del acuerdo alcanzado con el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla. De hecho, los negociadores del ministerio son informados puntualmente de los cambios propuestos. Por ejemplo, a una de las principales alegaciones de CiU, que exige que el Ayuntamiento de Barcelona tenga participaci¨®n directa en los impuestos de la renta, IVA y especiales, la propuesta del equipo de gobierno es crear una comisi¨®n, en la que estar¨ªa la oposici¨®n, para revisar ese cap¨ªtulo si el nuevo Estatut logra incrementar la cesi¨®n de impuestos. Esta observaci¨®n se har¨ªa constar en una disposici¨®n adicional al texto de la ley. La misma propuesta se ha hecho en el cap¨ªtulo del despliegue de los mossos, sobre las funciones que debe desarrollar la Guardia Urbana y las del cuerpo de vigilantes.

En cuanto a la oposici¨®n del PP al modelo de justicia de distrito, b¨¢sicamente porque se aparta del sistema por el que se rige el poder judicial, Cuervo hizo la propuesta de que la oposici¨®n participe en la selecci¨®n de las ternas de jueces. Con todo, CiU y el PP insisten en que si no hay modificaciones importantes no votar¨¢n la ley. Eso se ver¨¢ el viernes, en el pleno extraordinario convocado para aprobar el texto final que dar¨¢ paso a la ley de Barcelona.