La ley de reinserci¨®n de los paramilitares desata las cr¨ªticas en Colombia

El delegado en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, Michael Fr¨¹hling, varios pol¨ªticos -no necesariamente antigubernamentales-, analistas, ONG y cientos de v¨ªctimas aseguran que la Ley de Justicia y Paz aprobada la semana pasada en el Congreso, para pactar la reinserci¨®n de los paramilitares, no castiga lo suficiente los cr¨ªmenes que estos grupos de extrema derecha ligados al narcotr¨¢fico perpetraron en los ¨²ltimos 15 a?os ni repara a los que las sufrieron.

En los ¨²ltimos 15 a?os los grupos paramilitares cometieron, en su lucha contra la guerrilla, unos 17.000 cr¨ªmenes que afectaron a un mill¨®n de personas, entre v¨ªctimas directas e indirectas.

Las propias v¨ªctimas ya han planteado desobediencia civil frente a la ley. Muchas de ellas han declarado que van a personarse en los juzgados para exigir ser parte civil de los procesos, acci¨®n que impide la nueva ley. Exigir¨¢n tambi¨¦n que se ampl¨ªen los plazos de la investigaci¨®n establecida para verificar la confesi¨®n de los paramilitares, fijado por la ley en 60 d¨ªas.

En una reuni¨®n, el pasado fin de semana, m¨¢s de 700 delegados crearon la Asamblea de V¨ªctimas de los Paramilitares y anunciaron que demandar¨¢n la anulaci¨®n de la ley ante los tribunales internacionales. La Asamblea pide una comisi¨®n de esclarecimiento pleno de todos los hechos de violencia pol¨ªtica a partir de 1945.

Michael Fr¨¹hling, delegado en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, asegura que la ley otorga "muy generosos beneficios judiciales" a los autores de estos cr¨ªmenes graves, "sin una contribuci¨®n efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparaci¨®n".

El delegado de la ONU pidi¨® al presidente, ?lvaro Uribe, tener en cuenta sus recomendaciones antes de firmar la ley. Desde que el Congreso inici¨® el accidentado tr¨¢mite de la pol¨¦mica ley, la oficina de la ONU hizo sugerencias para que ¨¦sta cumpliera con requisitos esenciales de los principios de verdad, justicia y reparaci¨®n y a la vez ofreciera incentivos y beneficios para atraer a los grupos armados a la desmovilizaci¨®n y lograr el cese de hostilidades.

La ley aprobada en un bochornoso debate y sin consenso contempla penas m¨¢ximas de ocho a?os que se pueden cumplir en granjas agr¨ªcolas.

La ley, seg¨²n sus cr¨ªticos, no incluye mecanismos que garanticen el esclarecimiento de los hechos, ni la verdad. Los insertados har¨¢n una "confesi¨®n libre" ante el fiscal delegado de los delitos cometidos. Al mismo fiscal dir¨¢n qu¨¦ bienes entregar¨¢n -si los tuvieren"- para reparar a las v¨ªctimas.

Los que apoyan la ley aseguran que si ¨¦sta tuviera "m¨¢s dientes" no hubiera sido aceptada por los paramilitares y hubiera bloqueado esta posibilidad de paz. "Nadie entrega voluntariamente las armas para pasar a?os en la c¨¢rcel o ser extraditado", alegan. Aseguran tambi¨¦n que es la primera vez que en un proceso de paz en este pa¨ªs se tiene en cuenta principios de justicia, paz y reparaci¨®n; en las anteriores ocasiones -con grupos guerrilleros- se concedieron beneficios a cambio de nada.